Trabajar y cobrar a la vez parte de la pensión para garantizar en el futuro una jubilación

El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. Para ello, en Consejo de Ministros ha aprobado medidas que fomentan el envejecimiento activo y evitan la discriminación por edad en el empleo. Incluso se va a permitir, por primera vez, que los trabajadores puedan seguir trabajando —a la vez que cotizando— y cobrar a la vez la mitad de su pensión. ¿Los motivos? Ni el mismo Gobierno lo intenta maquillar: “Los objetivos principales son reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones”, han asegurado en rueda de prensa tanto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que el Real Decreto-ley introduce novedades en lo que respecta a la jubilación anticipada y parcial; compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

“Las pensiones están garantizadas”

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el sistema de Seguridad Social tiene unos “cimientos sólidos” y garantiza adecuadamente el pago de las pensiones, pero tiene que reformarse para tener mayor sostenibilidad a largo plazo.

Báñez ha indicado que el gasto en pensiones es el 10 % del PIB y está por debajo de la medida de la Unión Europea pero, debido a factores demográficos, se podría incrementar en 3,6 puntos de ahora al año 2060, por lo que hay que hacer reformas en el seno del Pacto de Toledo.

Tras repasar las reformas adoptadas en los años 2011 y 2012, la ministra ha resaltado que en 2013 se pone en marcha la separación definitiva de las fuentes de financiación del sistema seguridad social. Así, las cotizaciones sociales pagarán a partir de este año sólo las pensiones contributivas, el resto pasarán a pagarse vía impuestos en los Presupuestos Generales del Estado.

Esto supone, según Báñez, “un ahorro sin precedentes de 5.000 millones de euros cada año y una aportación en este primer año de separación definitiva e histórica de 15.000 millones de euros”.

Las nuevas medidas para garantizar las pensiones

Estos objetivos se alcanzan mediante medidas en tres ámbitos: jubilación anticipada y parcial, compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL

El Real Decreto Ley establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión, tras la discusión en el seno de la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral remitido por el Gobierno el 26 de octubre del pasado año.

Este informe contenía un análisis sobre la situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor y de la jubilación parcial, así como un informe sobre la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia, en línea con la recomendación duodécima del Pacto de Toledo.

Dicha recomendación señala: “Es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador (…) favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a la jubilación (…) La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y voluntariamente opten por acogerse a ella (…) Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva que permitan la coexistencia de salario y pensión”.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

En este sentido, se plantea una modificación de la jubilación anticipada para incrementar la coherencia del sistema.

• Se mantiene el esquema general de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social27/2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.
• Se incrementa gradualmente la edad mínima de acceso, de forma coherente con el incremento paulatino de la edad legal de jubilación previsto en la Ley 27/2011. De esta forma, la edad de jubilación anticipada voluntaria se elevará progresivamente de los 63 años actuales los a 65 años en 2027, y la de jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 años en el mismo periodo.
• Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad y contributividad.
• Se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y de 33 años en el caso de la jubilación anticipada forzosa
• Así, para la jubilación anticipada voluntaria se establece una reducción por trimestre del 2 % para periodos de cotización inferiores a 38 años, del 1,875 % para periodos de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, del 1,7 % para periodos entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses y del 1,625 % a partir de los 44 años y seis meses.

  Para la jubilación anticipada involuntaria, se establece una reducción de 1,875 % para los periodos de cotización de hasta 38 años y seis meses, del 1,750 % para periodos entre 38 años y seis meses y del 1,625 % para periodos a partir de los 41 años y seis meses.

JUBILACIÓN PARCIAL

Se reconduce la modalidad hacia su objetivo original: facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento y experiencias. Se evita así que se utilice como una forma de acceso privilegiado a una jubilación anticipada. Para ello:

• Se limita al 50 % la reducción máxima de jornada con carácter general.
• Se permitirá alcanzar el 75 % de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de al menos dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.
• Se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad).

COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN

El Real Decreto Ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos:

• Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50 % de la pensión.
• Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales. Se introduce, no obstante, una cotización de “solidaridad” del 8 % (6 % a cargo de la empresa, 2 % a cargo del trabajador).
• Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.
• Para acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100 % de la base reguladora.
• Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes de compatibilización de empleo y pensión.

Se creará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad y la remisión de una propuesta al Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la Disposición Adicional 59 de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social.

DISCRIMINACIÓN POR EDAD

La norma modifica la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de 100 trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años. De esta forma se compensa el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo y de pensiones, con el objeto de desincentivar en mayor medida los ajustes de plantilla que perjudican a trabajadores de mayor edad de forma discriminatoria.

Esta situación genera un acortamiento de la vida laboral (más del 40 % de las jubilaciones era anticipada) y enormes cargas al sistema (la mayor parte de las jubilaciones anticipadas accedía desde prestaciones y subsidios). Por ello se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos.

• Se exige la compensación no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquellas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos. El objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral.
• Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.
• Se homogeniza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.

El Gobierno modificará las pensiones permitiendo jubilaciones parciales que compatibilicen tener un salario

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que en los próximos meses el Gobierno presentará “una nueva formulación de la compatibilidad entre salario y pensión, fomentando una mayor flexibilidad y gradualidad en la transición a la jubilación”. La ministra se refirió a los trabajadores de más edad como “un instrumento idóneo para garantizar la continuidad a medio y largo plazo de los proyectos creadores de riqueza”. Según la ministra, “el contrato a tiempo parcial incentiva la permanencia en la vida laboral de las personas de mayor edad”, tal y como ha comentado durante la inauguración en Santander del Seminario de la Seguridad Social ‘Envejecimiento activo y prolongación de la vida laboral’.

En su discurso inaugural, la responsable de Empleo y Seguridad Social analizó la importancia de la prolongación voluntaria de la vida laboral y subrayó que deben ser los trabajadores quienes decidan el momento de la jubilación. En este sentido, recordó que la Reforma Laboral que ayer entró en vigor elimina las cláusulas de los convenios colectivos que establecen una edad obligatoria para el retiro y potencia el contrato indefinido a tiempo parcial como un estímulo a los trabajadores de más edad que quieran permanecer en la vida laboral.

En España, ha destacado la ministra, la edad media de jubilación en se sitúa en los 63,87 años debido fundamentalmente a las jubilaciones anticipadas, que en 2011 supusieron el 40,5 % del total. Esta modalidad se ha convertido “en poco más que una fórmula de regulación de empleo”, por ello es precisa una modificación para lograr que existan incentivos sociales, fiscales y laborales que incentiven eficazmente la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Este hecho contrasta con el “timidísimo” 0,42 por ciento de jubilados que trabajan, “algo debemos estar haciendo mal”, añadió.

Pensiones y cuantías
Actualmente, la pensión máxima en España se encuentra en 2.522,89 euros tras la subida del 1 % aplicado para 2012. Para el Gobierno es una prioridad “convertir en posibilidad real la prolongación de la vida laboral como garantía de la viabilidad del sistema“, manifestó Báñez, y a continuación desgranó las medidas efectivas puestas en marcha desde su Departamento en dos líneas de actuación: reforzar las garantías de empleo de los trabajadores de más edad evitando su expulsión prematura del mercado laboral y propiciar el mantenimiento voluntario en activo de los trabajadores más allá de la edad de jubilación.

Fátima Báñez destacó la coincidencia del diagnóstico que plantea la Unión Europea en el Libro Blanco de las Pensiones y de las recomendaciones del Pacto de Toledo, “se persigue garantizar un adecuado equilibrio entre los años de vida laboral y los años de cotización y se recomienda -añadió- la vinculación de la edad de acceso a la pensión con los aumentos de la esperanza de vida, la restricción del acceso a la jubilación anticipada y las facilidades para la prolongación de la vida laboral”.

Los funcionarios también podrán cobrar salario y pensión a la vez

Tras la aprobación del Consejo de Ministros de las medidas que fomentan el envejecimiento activo y evitan la discriminación por edad en el empleo para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad, debe aclararse que estas novedades también podrán compatibilizarlas los funcionarios públicos. De este modo, queda modificado el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, para adecuar el régimen de los funcionarios.

En relación con el régimen de clases pasivas, establece que el percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra a) del artículo 28.2 del presente texto refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.

El régimen de compatibilidades de la pensión de jubilación o retiro de Clases Pasivas regulado será de aplicación a las pensiones que se causen o hayan causado a partir de 1 de enero de 2009.

Alargar la edad de jubilación garantizará el sistema de pensiones

El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que la propuesta de reforma de las pensiones garantizará el futuro del sistema más allá del 2030. “Es necesario ampliar la edad de jubilación si realmente queremos tener garantía de sostenibilidad del sistema de las pensiones dentro de 25 ó 30 años”, dijo, a pesar de las valoraciones de asociaciones que ya han surgido contra al retraso de la edad de jubilación. Estas declaraciones del ministro se han realizado tras conocerse los datos de la EPA de 2009, que “no han sido positivo pero coincide con las previsiones del Gobierno”, ha dicho el ministro.

Corbacho explicó que el incremento progresivo de nuevos pensionistas hace imprescindible una reforma del sistema para los próximos años. “El Consejo de Ministros tendrá hoy un informe que hace referencia, tal como ha venido diciendo el Gobierno en los últimos meses, a la buena salud económica del sistema de pensiones en el momento actual. El Fondo de Reserva cuenta con 60.000 millones de euros y se acaba de cerrar un ejercicio presupuestario con un superávit de más de 8.000 millones”, añadió.

El documento que hoy se presenta es fruto de diversos estudios, de una resolución parlamentaria del Congreso y el Senado y del propio compromiso del presidente del Gobierno en el Parlamento. Según el ministro Corbacho, “este informe constata que no hay una necesidad de reforma de las pensiones para dar una respuesta inmediata al sistema pero sí queremos garantizarlas para los próximos 30 ó 40 años. Entre las medidas “con más fuerza mediática” está el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años que deberá concretarse en cuanto a sus detalles.

La propuesta responde a la necesidad de mantener la salud financiera del sistema y a las propuestas de quienes han participado en el pacto de Toledo. El ministro ha pedido prudencia y tranquilidad a fin de trabajar sobre la propuesta, “que se analice, que se vean las opiniones que sobre la misma tienen todas las formaciones políticas y que se trabaje en ella con espíritu de consenso”.

Prejubilaciones

Se ha referido también a las prejubilaciones de trabajadores en empresas con beneficios y que deberían asumir el coste de esas medidas y no recurrir a la financiación pública, aspecto que recoge también el documento que hoy analizará el Consejo de Ministros.

En cuanto a los datos de la EPA, Corbacho ha reconocido que no es un dato positivo “aunque pone de manifiesto la atenuación de la pérdida de empleo en este último trimestre, en consonancia con las previsiones económicas del Gobierno”. El ministro confía en que a medida que vaya mejorando la economía se vaya frenando la destrucción de empleo hasta llegar a una situación de crecimiento generadora de nuevo empleo neto. “Se van cumpliendo los pronósticos del Gobierno y esperemos por tanto que se cumpla el pronóstico de que este año empezaremos en recuperación económica y a superar la crisis que hemos venido padeciendo durante estos dos años largos”.

Una economista defiende que retrasar la jubilación no es malo para el bienestar futuro

Retrasar la jubilación podría ser un mal menor. El bienestar de los pensionistas se degradará con las reformas que el Gobierno de España lleve a cabo para equilibrar las arcas. Sin embargo, el retraso de la edad de la jubilación es la medida menos mala, según una economista de la UPV/eHU. Patricia Peinado, economista de la UPV/eHU, ha analizado los efectos del retraso de la edad de jubilación sobre la población. Según sus conclusiones, esta medida, junto con el incremento de los años cotizados, es la combinación que mejor compatibiliza el equilibrio financiero y el bienestar.

El trabajo de Peinado se basa en tres ensayos. El primero hace referencia al colectivo general de jubilados, y, bajo el título ‘A dynamic analysis of the effects of pensioners’ welfare of social security reforms’, ha sido publicado en Journal of Pension Economics and Finance. El segundo ensayo se ha centrado en las diferencias de género, y el tercero, en los pensionistas de viudedad.

También los futuros pensionistas
La investigadora ha considerado que los efectos de las reformas son dinámicos. Por esta razón, ha analizado la evolución del bienestar en función del tiempo, estudiando el impacto que el retraso de las reformas podría tener sobre los futuros pensionistas.

Dicha línea se ve reflejada en el estudio sobre el colectivo general de jubilados. Peinado ha analizado qué pasaría si se retrasara la activación de las reformas hasta el momento en que no hubiera financiación para pagar todas las pensiones. Esta decisión protegería a los pensionistas actuales, pero implicaría las mayores pérdidas de bienestar para las futuras generaciones. Según ella, retrasar la edad de jubilación es la medida que mejor afronta el desequilibrio financiero del sistema sin dejar de garantizar el bienestar, mientras que una reforma basada solo en el aumento del número de años computados sería la más perjudicial.

La ampliación del cómputo, dañina para todos
Estos resultados no distan mucho de los del ensayo dedicado a los efectos de la reforma sobre las diferencias de género. Para afrontar el desequilibrio financiero y a la vez reducir las diferencias de género, las medidas más adecuadas, de entre las propuestas por el gobierno, consisten en retrasar la edad de la jubilación y aumentar el periodo de contribución.

Una vez más, aumentar el número de años computados como única medida acarrearía los peores efectos para el bienestar de género. La propuesta del gobierno, sin embargo, se basa en las tres medidas mencionadas (retrasar la jubilación, aumentar el periodo de contribución e incrementar el cómputo). Aun combinándolas, el efecto sobre las diferencias seguiría siendo negativo.

Finalmente, el tercer ensayo, dedicado al colectivo de pensionistas de viudedad, combina el análisis dinámico con unas técnicas de simulación. Estas reconstruyen la Muestra Continua de Vidas Laborales o MCVL (un conjunto de microdatos individuales pero anónimos), con el propósito de calcular la evolución del bienestar. La ampliación del número de años computados del causante de la pensión supone una pérdida de bienestar también para los cónyuges viudos. Sin embargo, para paliar dicha pérdida, Peinado menciona la posibilidad de incrementar el porcentaje de la pensión del cónyuge fallecido correspondiente que es otorgada como pensión de viudedad.

Actualización injusta
Considerando los resultados de los tres ensayos, Peinado concluye, por lo tanto, que de entre las reformas propuestas por el gobierno para mantener el equilibrio financiero, el retraso de la edad de la jubilación y la ampliación del número de años cotizados al sistema es la combinación que mejor garantiza el bienestar de la población jubilada.

Finalmente, la investigadora observa que el actual modelo de actualización de las pensiones en España perjudica a los que las perciben. Dicho modelo obvia los incrementos de productividad de la economía, que mejoran el bienestar de la población activa. En consecuencia, la población jubilada debe sobrevivir con un poder adquisitivo que va degradándose a medida que el nivel de vida estándar de la sociedad se eleva.

El futuro de las pensiones, con austeridad y sistemas combinados

¿Cómo garantizar el futuro de los sistemas de pensiones? Esto es lo que votarán el próximo martes los eurodiputados (aquí resultados votación), respecto a un informe en el que piden medidas para garantizar la continuidad de las pensiones públicas. El envejecimiento de la población y la actual crisis económica han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones públicos y privados. Entre otras propuestas, los diputados abogan por la creación de planes de pensiones que combinen la inversión pública con sistemas de ahorro laborales e individuales.

En los últimos años, el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad de la UE (1.6 por ciento) han causado un claro envejecimiento de la población. La incorporación tardía de los jóvenes al mercado de trabajo y el incremento de la tasa de desempleo han provocado una fuerte disminución de la población laboral, lo que pone en peligro la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Si en 2008 se necesitaban cuatro trabajadores para que un pensionista pudiera cobrar su pensión, se calcula que para el año 2060 este porcentaje se reduzca en un 50 por ciento y haya un pensionista por cada dos personas en activo.

Empobrecimiento de los mayores
La comisión de Empleo y Asuntos Sociales expresa su preocupación por la reducción de las pensiones ejecutada en varios Estados miembros como consecuencia de la crisis económica, que ha empujado a muchos pensionistas a la pobreza. Por ello, los diputados apuestan por la protección de unas pensiones adecuadas y sostenibles que garanticen una calidad de vida digna a todos los ciudadanos en su vejez.

Sistemas combinados de pensiones
El informe que se someterá a votación la semana que viene defiende un sistema combinado de pensiones basado en tres pilares: una pensión pública universal, pensiones complementarias establecidas por convenio colectivo y planes de ahorro individuales en los que se proporcionen los mismos incentivos con independencia del salario del trabajador o sus años de cotización. Los diputados hacen hincapié en la necesidad de que la pensión pública garantice una calidad de vida digna a los trabajadores jubilados.

El texto también apuesta por la mejora de las condiciones laborales, el fomento del empleo de calidad y la lucha contra el trabajo no declarado, lo que permitiría que hubiera más cotizaciones y que los trabajadores cotizaran más tiempo. Además, los trabajadores con empleos estables y de calidad tendrían mayor capacidad para invertir en planes de pensiones privados y así aliviar los costes de las pensiones públicas.

El Gobierno insiste en que el futuro de las pensiones está asegurado

Dicen que cuando el río suena… El caso es que nuevamente, esta vez el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha aprovechado la ocasión para tratar de alabar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a largo plazo, si bien actualmente una comisión de expertos está tratando de modificar el sistema para asegurar su futuro. No obstante, una vez más, Burgos señaló durante la jornada “El reparto y la capitalización en las pensiones españolas” que el Gobierno cree en el sistema público de pensiones, por lo que todo el esfuerzo va destinado a garantizar el presente y el futuro de la protección social.

Tomás Burgos, que asistió al encuentro organizado en Madrid por la Fundación Edad y vida, advirtió que el Sistema está jugando un papel clave en la estabilidad de muchos hogares, “especialmente en contextos de vulnerabilidad”. Además, explicó que no es el momento de controversia entre lo público y lo privado, puesto que la sociedad española quiere un sistema público potente, lo que lo convierte en obligación fundamental del Gobierno quien debe “preservarlo y fortalecerlo”.

En relación con la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Tomás Burgos afirmó que la Seguridad Social ha avanzado muchos pasos, con la clarificación y separación definitiva de las fuentes de financiación que se está llevando a cabo este año. “En el difícil momento que atravesamos el Gobierno deja sentadas las bases de una Seguridad Social más estable y fiable”, matizó.

Diseño del factor de sostenibilidad
A juicio del secretario de Estado de la Seguridad Social, el diseño del factor de sostenibilidad debe asegurar el modelo de futuro del sistema y protegerlo de los riesgos de las perturbaciones demográficas y económicas. “Nuestra motivación fundamental es asegurar que el sistema también llegue a quienes hoy lo sostienen con sus contribuciones”, aseguró Burgos, quien además hizo hincapié en el refuerzo del contrato intergeneracional.

Burgos se refirió a la necesidad de adaptar el sistema además para que asegure no sólo la solvencia en el tiempo sino la igualdad de derechos, y recordó que ayer se envió a los agentes sociales una propuesta para replantear el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a su pensión de jubilación. A juicio de Burgos, con esta propuesta, la Seguridad Social apuesta por flexibilizar el número de años requeridos para cobrar la pensión, de modo que se garantice “en todo momento” el principio de igualdad de los trabajadores, tanto para los de tiempo parcial como los de tiempo completo, dando cumplimiento así a la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó en esta materia.

En cuanto a la información desde el propio organismo, Tomás Burgos defendió la obligación de la Seguridad Social de desarrollar los instrumentos de información y sensibilización de los ciudadanos en relación con el ahorro y la previsión. Según el responsable de las pensiones, el ciudadano debe recibir información “más precisa y transparente” sobre las posibilidades de protección, también de los sistemas complementarios.

“Sostenibilidad y legitimidad en el sistema son dos conceptos que han de fraguar juntos cambios y reformas”, aseguró Burgos, y manifestó que ese es el fin último del proceso de adaptación del sistema de pensiones a las cambiantes circunstancias sociales y económicas en que se desenvuelve.

Por último, reiteró la coincidencia en todos los ámbitos sobre el modelo de protección social en España y señaló que debe existir plena colaboración con otros instrumentos de previsión y ahorro. “Del contraste de opiniones y de propuestas, sólo pueden salir avances en la consolidación del mejor modelo de protección social para todos los ciudadanos”, concluyó Burgos.

Modelo austriaco para la viabilidad de las pensiones en el futuro

Aseguran que España debe inspirarse en el modelo austriaco para garantizar la viabilidad de las pensiones en el futuro. ¿Y en qué consiste y cuáles son sus beneficios? El modelo austriaco que está empezando a defenderse por algunos expertos entró en vigor en 2003 y se basa en la existencia de un fondo de capitalización individual y obligatorio para el trabajador que la empresa empleadora dota mes a mes y que se acumula para una futura indemnización, y que además se puede mantener aunque se cambie de empleo. De este modo los ahorros generados están disponibles en caso de desempleo por despido y como complemento de la pensión al final de la vida laboral del trabajador.

Sin duda alguna, los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social coincidiendo con el primer aniversario de la reforma laboral del Gobierno español reflejan que en enero de 2013 el sistema ha perdido cerca de 780.000 afiliados en comparativa interanual y que el número total de trabajadores afiliados asciende a 16,2 millones, lo que supone una pérdida de 3,3 millones de puestos de trabajo desde el inicio de la crisis económica. Según datos de Eurostat, la tasa de paro en España finalizó el año 2012 en un 26,1 %, frente a la media del 11,7 % para el conjunto de la zona euro.

El presidente de la firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados, José María Bové, ha afirmado que “es imprescindible una reforma del sistema de pensiones español que garantice su viabilidad a medio y largo plazo e introducir una mayor flexibilidad en la legislación laboral vigente para ganar en competitividad”, durante la jornada empresarial ‘Novedades fiscales 2013’, organizada por la firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados y la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona. La jornada se ha desarrollado en Barcelona en la sede del Col·legi d’Advocats de Barcelona y ha contado con la presencia de 80 directivos financieros de empresas nacionales e internacionales. Bové aboga por inspirarse en el llamado modelo austriaco con el objetivo de contrarrestar los efectos de la caída del número de afiliados a la Seguridad Social y el envejecimiento progresivo de la población y contribuir de este modo a atajar el déficit creciente que sufre la Seguridad Social en España.

Reforma laboral insuficiente

En su intervención, José María Bové ha tildado de “valiente pero insuficiente” la reforma laboral de 2012. En su opinión, “los riesgos que asume el pequeño empresario en la creación de puestos de trabajo son, a tenor de los vaivenes del mercado, excesivos”. Asimismo, considera que “los costes laborales se han reducido por la vía del pago de indemnizaciones por parte de las empresas, algo que ha supuesto una descapitalización de estas empresas”.

Ventajas del modelo austriaco

Para el presidente de Bové Montero y Asociados este modelo “quita presión a la tesorería de las empresas, permite cubrir la formación o el reciclaje de los trabajadores desempleados en determinadas circunstancias y supone un complemento a la pensión pública que favorece la sostenibilidad del propio sistema”. “Además -considera Bové-, aporta una mayor flexibilidad que contribuye de forma directa a los bajísimos índices de paro en Austria, incluso en contextos de crisis económica como el actual”. Según la oficina estadística europea Austria finalizó el año 2012 con una tasa de paro del 4,3 %, la menor de la zona euro en su conjunto.

Reformas para la competitividad de las empresas

En la jornada también ha intervenido el director de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona, Philippe Saman, quien ha señalado que “las reformas realizadas deben ayudar a la competitividad de las empresas españolas”. Y ha añadido que “de esta forma será más fácil que tengan éxito en sus experiencias internacionales”.

Saman también ha explicado que “seguimos constatando un año más un incremento importante de las peticiones de asesoramiento de empresas españolas sobre aspectos como la realización de misiones comerciales, la implantación empresarial y las redes comerciales y de distribución en Francia, entre otros”.

En la jornada también han intervenido la directora y el gerente del Departamento Jurídico-tributario de Bové Montero y Asociados, Belén Fernández y Alejandro Miñano. Ambos han analizado las principales medidas fiscales adoptadas para el ejercicio 2013 en el ámbito impositivo (Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Sociedades e IVA).

¿Futuro de las pensiones?

Dos de cada tres españoles creen que no están garantizadas las pensiones en el futuro. En sólo un año, el porcentaje de ciudadanos que considera que el futuro de las pensiones no está garantizado se ha elevado en casi 10 puntos, hasta el 70 por ciento, según un estudio realizado por Villafañe & Asociados para MAPFRE VIDA, que es continuación del presentado por la entidad hace un año y que analiza la actitud de los españoles ante la jubilación y la reforma de las pensiones.

Durante la presentación del estudio, el Presidente de MAPFRE VIDA, Ignacio Baeza, subrayó que durante el último año también se ha incrementado considerablemente el número de personas que estima que la situación económica actual pone en peligro las pensiones futuras y ha aumentado la preocupación social por esta materia (80,5 por ciento de la población en 2010; 90,8 por ciento actualmente).

De la encuesta se deduce que cuatro de cada 10 encuestados desconoce los aspectos concretos de la reforma actual de pensiones, salvo la medida relativa al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. No se conocen, por tanto, de forma general, medidas como el nuevo periodo de cálculo de la pensión o la necesidad de tener cotizados al menos 38,5 años para jubilarse a los 65 años. No obstante, la mayoría de los españoles cree que estas reformas no serán suficientes para mantener la viabilidad del sistema actual de pensiones, por lo que el 87 por ciento afirma que serán necesarias nuevas reformas.

Otro aspecto que destaca el estudio es que menos de una tercera parte de los encuestados conoce el importe de la pensión que cobrará en el momento de jubilarse y la gran mayoría sitúa la media de la pensión en 700,6 euros, frente a la cifra real de 911,7 euros. Más de la mitad de los españoles desearía saber de antemano la cuantía de su pensión futura, como recomienda el Pacto de Toledo, para poder tomar medidas al respecto.

Además, más del 52,1 por ciento de los encuestados (casi 19 puntos más que el año pasado) cree que el importe de las pensiones se reducirá en los próximos años, debido principalmente al aumento del paro, al empeoramiento de la situación económica y a la disminución del número de cotizantes. Por estos motivos, los ciudadanos que ya han empezado a tomar medidas complementarias para la jubilación se han decantado, principalmente, por un plan de pensiones o un seguro a largo plazo (46,3 por ciento).

Los madrileños, ligeramente más pesimistas que el resto de españoles

Las conclusiones del estudio realizado en la Comunidad de Madrid muestran que la actitud de los madrileños es muy similar al del resto de españoles y que el futuro de las pensiones es una preocupación de primer orden. No obstante, los habitantes de esta Comunidad Autónoma son ligeramente más pesimistas que el resto de españoles y tienen también un mayor grado de conocimiento de las reformas previstas en esta materia.

En concreto, el 93,5 por ciento de los madrileños considera que la situación económica afecta al futuro de las pensiones, frente al 90,8 por ciento de españoles que opina así, en tanto que el porcentaje de madrileños que cree que las pensiones se reducirán en los próximos años (55 por ciento) es tres puntos superior a la media nacional. Mientras que en el conjunto de España, casi el 30 por ciento considera que el futuro de las pensiones está garantizado, en Madrid ese porcentaje se reduce hasta el 26,3 por ciento.

En Madrid, 64 de cada 100 encuestados mencionan espontáneamente alguna de las reformas que se pondrán en marcha en los próximos años para mantener la viabilidad del sistema actual de pensiones públicas (en el conjunto de España, sólo el 60 por ciento conoce alguna de estas medidas).

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