Si ganas menos de mil euros o tienes pocos estudios, tienes más probabilidades de sufrir una discapacidad

Los españoles con rentas bajas tienen cuatro veces más riesgo de sufrir una discapacidad. El riesgo de sufrir una discapacidad antes de los 65 años está estrechamente ligado al nivel de renta de las familias: la tasa de riesgo en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros es cuatro veces mayor (8,4 %) que en los que tienen ingresos superiores a 2.500 euros. El nivel de estudios de las personas con discapacidad es mucho más bajo que el de la población general. Del millón y medio de personas que se encuentran en edad laboral, el 7 % son analfabetas (lo es el 1 % de la población general) y una cuarta parte no ha terminado la primaria. No obstante, a la mayoría les sobrevino la discapacidad después de los 16 años.

Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la Caixa”; Rosa Maria Molins, directora del Área de Becas y Estudios Sociales de la Fundación “la Caixa”, y Carlos Pereda, coautor del estudio, han presentado en CaixaForum Madrid el volumen 33 de la colección de Estudios Sociales de la Fundación “la Caixa” Discapacidades e inclusión social.

Discapacidad en España
Según la última macroencuesta del INE (2008), en España presentan alguna discapacidad 3,8 millones de personas. Respecto a diez años antes, el total de las personas afectadas ha aumentado en algo más de 300.000, pero la tasa de prevalencia se ha reducido seis décimas: del 8,9 al 8,3 %. El motivo principal de esta mejora es el incremento de población inmigrante en dichos años —en torno a cinco millones—, con un promedio de edad mucho más joven y, por ello, con una tasa de discapacidades mucho menor (2,8 %) que la población nativa (9,7 %). Tal como se observaba en anteriores sondeos, la frecuencia de discapacidades se incrementa con la edad: 2 % hasta los 15 años (140.000 personas), 5 % entre 16 y 64 años (1,5 millones) y 29 % a partir de los 65 años (2,2 millones).

Además, éstas afectan más a las mujeres (9,9 %) que a los hombres (6,8 %).

• Correlación entre discapacidad y exclusión social

Riesgo de discapacidad e ingresos familiares: El origen de las discapacidades sobrevenidas antes de la edad de jubilación está estrechamente ligado a las condiciones precarias de vida y de trabajo de las clases con menores niveles de renta y formación. Es lo que se deduce si se tiene en cuenta que la tasa de discapacidades en los hogares con ingresos por debajo de 1.000 euros/mes es cuatro veces mayor (8,4 %) que en los que tienen ingresos por encima de 2.500 euros mensuales (2,4 %), con una correlación sistemática entre dos variables: a menos renta del hogar, mayor tasa de discapacidades. La mayor propensión de los miembros de familias pobres a experimentar limitaciones físicas o psíquicas se mantiene en los mismos porcentajes que una década atrás (encuesta de 1999).

Al analizar los umbrales de renta con más detalle, se observa que la correlación entre el nivel de renta y el riesgo de discapacidad se evidencia aún más y la progresión se mantiene a todos los niveles.

Pese a la importante renta aportada por más de un millón de pensiones de invalidez o incapacidad, que el 75 % del colectivo percibe, los ingresos medios por hogar son un 25 % más bajos que en los hogares sin discapacidad, puesto que esas aportaciones no compensan la baja tasa de actividad del colectivo. En el balance positivo, no obstante, deberían figurar las prestaciones económicas y los nuevos servicios derivados de la Ley de Dependencia, que han tenido un desarrollo importante entre 2007 y 2009, aunque se han estancado en 2010 a causa de la crisis económica. En este sentido, se ha de destacar que, según los autores del informe, las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el acceso al empleo y en la percepción de ingresos son de las más elevadas de la Unión Europea.

Discapacidad y empleo: El empleo remunerado, actividad principal del 66 % de la población española en 2008, era tres veces menor en las personas con discapacidad: sólo el 28 %.

Además, la tasa de paro del colectivo era en 2008 más del doble (20,3 %) que la de la población general (9,2 %). A partir de las tendencias existentes, los autores del informe estiman que la tasa de paro de las personas con discapacidad es del 40 % en 2011, el doble que la media poblacional. También es más elevado entre estas personas el paro de larga duración –más de un año seguido buscando empleo– (57 %) que entre la población desocupada en general (21 %).

Según el presente informe, las personas con discapacidad consideran que les cuesta encontrar empleo a causa de su discapacidad (45,9 %) o porque encontrar trabajo es muy difícil para cualquiera (20,7 %). En el primer caso, se trataría de una exclusión discriminatoria del mercado de trabajo, e insisten más en este argumento los hombres (55,1 %) que las mujeres (37,6 %). En el segundo caso, se trata de una exclusión compartida con el resto de la clase trabajadora, argumento apoyado igualmente por ambos sexos.

Respecto al tipo de empleo, las personas con discapacidad se concentran en mayor proporción en el tramo de los empleos no cualificados (limpieza, peonaje, conserjes y segmentos no cualificados del comercio, la restauración y los servicios personales), y están menos presentes en los que requieren mayor cualificación (dirección de empresas o de la administración pública y técnicos y profesionales).

Por otro lado, es importante destacar que de las 420.000 personas con empleo remunerado, sólo una quinta parte lo había conseguido mediante alguna fórmula de empleo protegido (centros ocupacionales y especiales de empleo) o utilizando ayudas especiales (cuota de reserva, incentivos a la contratación, empleo con apoyo, etcétera). La mayoría había logrado el empleo a través de amigos y familiares o dirigiéndose directamente a las empresas.

Discapacidad y nivel de estudios: El nivel de estudios del colectivo estudiado es mucho más bajo que el de la población general. Si nos ceñimos al millón y medio de personas que se encuentra en edad laboral (16-64 años), el 7 % son analfabetas (1 % la población general); la cuarta parte no ha terminado estudios primarios y más de la mitad no ha obtenido el título de ESO; el 16 % ha conseguido terminar la educación secundaria y el 12 % tiene estudios superiores (24 y 26 % de la población general, respectivamente).

Si tenemos en cuenta que la discapacidad sobrevino a la mayoría después de cumplir los 16 años, es fácil concluir que el déficit escolar no se debe tanto a la discapacidad como a la extracción social precaria de sus familias. De hecho, las personas con discapacidad que viven en hogares con una renta superior a 2.500 euros/mes han terminado estudios superiores en una proporción superior (37 %) a la media de la población general (26 %); es decir, que casi triplican la tasa de las personas del colectivo que viven en hogares de renta intermedia (entre 1.500 y 2.500 euros/mes: 14 %) y sextuplican la de los hogares con menos renta (6 %).

• Importancia de los cuidados personales y las ayudas técnicas
Tres de cada cuatro personas con discapacidad reciben ayudas orientadas a resolver o aliviar sus limitaciones. Tales ayudas pueden ser técnicas (productos, aparatos o equipos) –las recibe el 40 %– o de asistencia personal –llegan al 59 %–. Gracias a estas ayudas las discapacidades con severidad total se reducen en más de una tercera parte (del 41,7 al 28,6 %); las de severidad grave pasan del 33,4 al 27,9 %, y el 12 % de las limitaciones se solventan con estas ayudas.

Sin embargo, más de medio millón de personas reclaman ayudas técnicas, y casi un cuarto de millón, ayudas personales de las que carecen. Llama la atención el que la mayoría de estas personas son mujeres. Resulta especialmente paradójico que siendo mujeres las principales cuidadoras (75 % de quienes cuidan), sean las menos cuidadas cuando lo necesitan (69 % de las personas desatendidas).

Actualmente, la mayor parte de los servicios que requieren las personas con discapacidad son cubiertos por el sistema de salud y por los servicios sociales públicos, si bien en torno a un tercio de los servicios de rehabilitación y de los servicios sociales utilizados en edad laboral corrieron a cargo de los particulares, a veces bajo la fórmula del pago mixto o copago. Además, hasta un cuarto de millón de personas con discapacidad afirma no haber podido acceder a algún servicio sanitario o de asistencia social cuando lo necesitaba, por problemas en la lista de espera (31 %) o por no tener dinero para pagarlo (21 %), entre otras razones.

Las ayudas personales corren a cargo de tres millones de personas cuidadoras, mayoritariamente parientes de la persona con discapacidad (el 96 % cuando conviven en el hogar y el 65 % cuando no conviven con los afectados). En conjunto, el 85 % de las personas que brindan asistencia son parientes, sobre todo mujeres. Estas personas reconocen frecuentes problemas profesionales, económicos y de salud, que atribuyen a la sobrecarga que representa para ellas la relación de ayuda.

• Relaciones sociales: emancipación y asociacionismo
Las personas con discapacidad se emancipan de la familia de origen en una proporción mucho menor que la población general. La tasa de mujeres con pareja es mayor que la de los hombres hasta los 55 años y desciende bruscamente a partir de esa edad, momento en que aumentan las separadas y viudas, así como los hogares monoparentales (tasa del 12 %, frente a una media de la población general femenina del 2 %).

El 10 % de los hombres y mujeres con discapacidad de menos de 65 años y el 15 % de quienes superan esa edad no cuentan con ningún amigo o amiga personal.

La afiliación de personas con discapacidad a asociaciones del sector se ha incrementado en la última década: del 7,5 al 10 %. No obstante, nueve de cada diez personas no están organizadas colectivamente para defender sus derechos.

• Discriminación y encasillamiento
Casi la cuarta parte de las personas con discapacidad con menos de 65 años se ha sentido discriminada debido a su limitación y, de ellas, una tercera parte «muchas veces» o «constantemente». Sin embargo, tan sólo el 9 % ha denunciado los hechos, en parecida proporción hombres y mujeres. La experiencia de discriminación aumenta entre las personas activas respecto a las inactivas, sobre todo entre las que están desempleadas.

En el sistema vigente en España, la casi totalidad de las pensiones contributivas tienen carácter indefinido, puesto que parten de un criterio de «incapacidad» estático que etiqueta a las personas con carácter permanente, tal como sugieren las propias denominaciones oficiales: gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad total y permanente.

Sin embargo, aunque un sector menor de esta población encuentra efectivamente dificultades insuperables para trabajar, la mayoría podría ejercer alguna actividad si se le dieran facilidades para ello. Pero de forma generalizada su respuesta ha sido dejar de buscar empleo.

• Reflexiones de los autores
Una vez concluido el análisis, los autores del presente estudio advierten que es necesario mantener la universalidad de acceso a los recursos públicos de salud y servicios sociales, con medidas que faciliten una atención de calidad y con los apoyos necesarios a todas las personas con limitaciones funcionales.

El objetivo sería evitar el elevado déficit existente entre las personas con discapacidad en esos ámbitos (enfermedades crónicas, fracaso escolar, etcétera), así como el noacceso de un cuarto de millón de personas a los necesarios servicios sociales y de rehabilitación. En este contexto, es clave que el desarrollo de la Ley de Dependencia no se frene a raíz de las medidas que se vienen adoptando para reducir el déficit público, tal como parece haber ocurrido. Y menos en un país que se perfila como el más envejecido del mundo en 2050, según la OMS.

En cuanto a las personas en edad laboral, los autores del informe proponen que la política de pensiones debería orientarse a cubrir las necesidades de quienes no pueden trabajar, potenciando las medidas de apoyo a la inserción laboral de quienes están en condiciones de hacerlo, en un marco general de reparto equilibrado del empleo entre toda la población.

Sobre el autor
El presente volumen 33 de la colección de Estudios Sociales se ha llevado a cabo bajo la coordinación y la responsabilidad científica del Colectivo Ioé, un equipo de investigación social independiente, formado desde 1982 por los tres autores del presente estudio. Desde entonces han desarrollado una constante actividad de observación y análisis de las transformaciones sociales ocurridas en España, especialmente en el ámbito de la salud y las discapacidades, entre otros campos. Han publicado numerosas monografías e impartido cursos sobre las materias investigadas.

CARLOS PEREDA OLARTE es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y cursó estudios de posgrado en París.

MIGUEL ÁNGEL DE PRADA JUNQUERA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

WALTER ACTIS MAZZOLA es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.

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