¿Pueden subir más los precios de los alquileres? Un experto vaticina cómo podría colapsar el mercado del alquiler

La reciente Proposición de Ley que se presentó ante el Congreso de los Diputados para regular los alquileres de temporada y que finalmente no encontró el apoyo suficiente para aprobar su toma en consideración, no ha hecho más que incentivar un cúmulo de iniciativas que persiguen, en principio, evitar el incremento de los precios de la vivienda en alquiler. “Varios partidos políticos y un grupo de presión sin representatividad alguna ante los inquilinos han protagonizado una huida hacia delante sin asumir el fracaso tras un año de aplicación de la Ley de Vivienda, cuyo exponente más dramático es el auténtico apagón del alquiler en Barcelona, con subida de precios, mucha menos oferta y una demanda disparada“, advierte Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, empresa que gestiona más de 25.000 inmuebles en alquiler en España. Otros informes del sector inmobiliario también recogen esta afirmación del experto.

Equiparar los alquileres temporales y de habitaciones a los de larga duración

En la actualidad, los alquileres temporales y de habitaciones quieren limitarse a un máximo de 6 meses, mientras que los alquileres de largo de duración se firman por periodos de entre 5 y 7 años de duración. “El principal peligro de esta medida es que, con el objetivo de intentar mantener la oferta en residencial, se dejaría fuera a miles de estudiantes, trabajadores y nómadas digitales que actualmente se benefician de esta modalidad. No olvidemos que la naturaleza del 90 % de los alquileres temporales en España es proporcionar una solución habitacional a estudiantes para el curso escolar (9 meses) o para trabajadores desplazados y extranjeros que pueden necesitar una vivienda temporal para 12 o 24 meses”, advierten desde Alquiler Seguro.

Según la empresa de gestión de alquileres, el hecho de obligar a que un alquiler temporal, por pasar de los 6 meses, se transforme en uno de larga duración, subiría el precio un 25 % cada año. Lo explica con un ejemplo el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza: “Miles de estudiantes alquilan viviendas durante los 9 meses del curso académico, y luego en el verano vuelven a casa de sus padres. Con esta reforma, se les obligaría a seguir pagando el alquiler de los meses de verano, que suelen ser unos 3 meses. Y lo mismo sucede en el caso de los profesores que se tienen que desplazar, a los que un contrato temporal de 6 meses no les serviría para todo el curso escolar, por lo que también quedarían fuera”.

Arreglo de pequeñas reparaciones a cargo del propietario

El artículo 21.4 de la LAU dice que “las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario”, mientras que las diferentes propuestas que se están anunciando en este punto son contrarias la norma y recogen que las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda corresponderán al arrendador, advierten desde la empresa.

“Desde Alquiler Seguro consideramos que introducir este aspecto para los alquileres temporales distorsiona completamente el sentido del alquiler y lo aproximan más a un alquiler turístico. Además, no se establecen los canales de comunicación fehacientes ni se concretan las pequeñas reparaciones, lo que deja la plena potestad al inquilino para que acometa lo que él considera pequeñas reparaciones y directamente descontarlo de la renta”, indica Carroza.

Y esto provocará “inseguridad jurídica y que nadie quiera abrir su vivienda al alquiler, porque es como decirle a un propietario particular que, a la hora de alquilar su vivienda, el inquilino tiene la plena potestad de cargarle directamente los gastos generados de las pequeñas reparaciones por su propio uso de la vivienda”.

Prohibición de compra de vivienda en zonas tensionadas

El partido político SUMAR también propone prohibir la compra de viviendas de forma temporal en las zonas declaradas tensionadas si no es para uso habitual o para ofrecer un alquiler asequible. “Se trata de una medida imprecisa, que desincentivaría la inversión y perjudicaría la oferta, precisamente en los lugares donde más se ha extendido este problema como consecuencia de la Ley de Vivienda”, añaden desde Alquiler Seguro.

Forzar a las CCAA y ayuntamientos a aplicar la Ley de Vivienda

Ante la negativa de muchas Comunidades Autónomas a aplicar la Ley de Vivienda, la formación SUMAR, que cogobierna junto al PSOE, sugiere condicionar la asignación de hasta 42.000 millones de euros a que las autonomías pongan en práctica lo recogido en la Ley y declaren zonas tensionadas en sus territorios. “Si las CCAA se vieran finalmente obligadas, además de los problemas competenciales, los graves efectos que está viviendo el mercado del alquiler en Barcelona y que se están extendiendo al resto de Catalunya, se contagiarían al resto de comunidades”, informan desde Alquiler Seguro.

“Vemos comprensible que la mayoría de las Comunidades Autónomas, incluso las gobernadas por el PSOE, al ver el experimento fallido de Barcelona, no quieran aplicar el control de precios”, afirma Carroza.

Todos los contratos de alquiler indefinidos

La formación SUMAR también propone que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, regulados por el Estatuto de los Trabajadores, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento. Y también, en este sentido, reclama que la Ley de Arrendamientos Urbanos extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración.

“Esta es seguramente la propuesta más peregrina y peligrosa de todas, porque en el fondo se quiere equiparar el alquiler y la relación inquilino-propietario, con la del trabajador-empresario, en la que el propietario particular de una vivienda en alquiler pasa a ser la patronal y los inquilinos, trabajadores. Estos grupos políticos y sociales, con esta medida descabellada, pretenden que la política social de vivienda sea responsabilidad de los propietarios particulares y el Estado se desentienda así de su función, es decir, una nacionalización de los alquileres”, apunta Antonio Carroza.

“Los alquileres indefinidos”, advierte Carroza, “supondrían la vuelta a la renta antigua y a las políticas franquistas de vivienda, que terminaron por enquistar y deteriorar el mercado de alquiler en España. Además, esta sería una propuesta que iría totalmente a contracorriente de las políticas de vivienda de la Unión Europea”.

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