Protección al consumidor en Cantabria
La Dirección General de Comercio y Consumo de Cantabria tiene entre sus funciones la aplicación de la legislación en materia de consumo, la gestión del Registro de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Cantabria, el suministro de información a los consumidores y usuarios, y la prestación del soporte técnico y administrativo necesario a la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.
Dicho órgano a través de su Servicio de Consumo gestiona las reclamaciones y denuncias de los consumidores y las Campañas de Control de Mercado en todo lo concerniente al consumo, siendo de especial interés los temas relacionados con el ámbito de vivienda.
Dirección General de Comercio y Consumo
C/ Hernán Cortés, 9. 4ª Planta 39003 – Santander Tel.: 942 207 518 Fax: 942 207 528
Servicio de Consumo de la Dirección General de Comercio y Consumo
C/ Nicolás Salmerón 739003 – Santander Tel.: 942 207 676 Tel. de información y asesoramiento: 942 210 600 Fax: 942 207 686
Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC)
Estas Oficinas (con sede en Santander, Reinosa, Torrelavega, Laredo, Reocín, Astillero, Camargo, Castro Urdiales, Santoña, Colindres y Renedo de Piélagos) constituyen un Servicio Público Municipal destinado a la atención directa de información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios, con la finalidad de lograr el adecuado ejercicio de sus derechos y deberes, realizando, entre otras, las siguientes actividades:
Informar, orientar y recoger las denuncias y reclamaciones, remitiéndolas a las entidades u órganos correspondientes.
Mediar entre las partes para la resolución de conflictos.
Realizar campañas informativas en colaboración con las Asociaciones de Consumidores.
Fomentar el Asociacionismo de Consumidores y Usuarios.
Además, en Cantabria se encuentra la sede de la Escuela Europea de Consumidores, encargada de la aplicación de acuerdos y disposiciones comunitarias en materia de Política de los Consumidores.
Junta Arbitral de Consumo
El Arbitraje de Consumo consiste en una vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica, que permite resolver los conflictos que puedan surgir entre consumidores/usuarios y empresarios/profesionales, sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia.
El arbitraje de consumo se convierte, así, en una garantía para el consumidor de la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las entidades inscritas al Sistema Arbitral de Consumo. En este sentido, en el sector de la vivienda podemos encontrar entre las empresas adheridas al Sistema Arbitral distintas inmobiliarias, empresas constructoras y promotoras de viviendas.
La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Cantabria se constituye mediante acuerdo entre el Instituto Nacional de Consumo y la Consejería de Sanidad Consumo y Bienestar Social de esta Comunidad.
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