Nueva Ley de Vivienda alquiler: Topes a la revisión de precios anuales y límites de alquileres en zonas tensionadas

La nueva Ley de Vivienda consigue salir adelante tras el acuerdo de las formaciones que gobiernan en coalición, PSOE y Unidas Podemos, junto con Esquerra Republicana y EH Bildu, tras más de un año paralizada. Aunque de momento, es un documento que está sobre el papel y pendiente de superar su aprobación, primero en el Congreso de los Diputados y, después, en el Senado.

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Nuevos topes a la revisión del alquiler

La nueva legislación establece que los contratos sujetos a revisiones anuales por el IPC no pueden aumentar más de un 2 % durante el año 2023 a causa de la inflación. Porcentaje que asciende hasta el 3 % durante el año 2024 y que, en 2025, quedará regulado por un nuevo índice de referencia. Un indicador que del Gobierno todavía no ha definido ni del que ha dado detalles.

OJO, porque se ha aprobado el fin de la prórroga de los contratos de alquiler y este es uno de los principales motivos por el que te pueden subir el precio de alquiler desde el 1 de julio.

Nuevas zonas tensionadas y límites de estos alquileres

Las comunidades autónomas van a poder declarar un ámbito territorial específico como zona tensionada, siempre y cuando esa determinada área se ajuste a una serie de requisitos.

Nueva definición de gran tenedor

Los cambios en la definición de gran tenedor es otra de las novedades de esta normativa. En concreto, se contempla la posibilidad de que tenga consideración de gran tenedor el propietario que tenga cinco viviendas en titularidad, en lugar de los 10 inmuebles vigentes hasta ahora.

Novedades de los desahucios

En materia de desahucios, la nueva Ley de Vivienda señala la prohibición expresa de que estos se lleven a cabo sin fecha ni hora predeterminada. Además, se establece una prórroga en los procedimientos de ejecución, que permiten aplazar los procesos en un plazo de dos años. El documento abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan realizar y poner en marcha mecanismos de mediación y alternativa habitacional para las personas afectadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Más gastos para el propietario

La nueva Ley de Vivienda también se ha pronunciado acerca de quién debe asumir determinados gastos en una relación contractual del alquiler. En concreto, aumenta la carga sobre los propietarios, quienes deberán asumir los gastos relativos a la comisión inmobiliaria a la hora de formalizar un contrato de alquiler y no deben recaer en los inquilinos, tal y como están trasladando las inmobiliarias a través de comisiones.

Se establecen otras medidas, como por ejemplo, la eliminación de cláusulas que no permitan aplicar cada una de las novedades de la Ley de Vivienda y, también se prohíbe aumentar la renta del alquiler mensual sujeto a revisión por encima de los topes marcados. Sin olvidar una de las novedades que afecta a la forma de pago de la renta, puesto que se prohíbe que los inquilinos paguen en metálico el alquiler y, en concreto, se establecen dos excepciones en las que se podrá pagar el alquiler en efectivo con la nueva Ley de Vivienda.

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