Notarios y registradores tendrán que devolver los aranceles cobrados de más desde 2010 en la cancelación de hipotecas

Notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores. En su momento el colectivo de notarios y registradores declaró que quedaba a la espera de que la Justicia determinara la aplicación de los aranceles que debían cobrar al consumidor. Pues bien, ese momento ha llegado y ahora la Fiscalía no hace sino recordar la obligación que tienen de devolver las cantidades cobradas de más. Solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros solo en un año. Desde entonces, suma y sigue…

La Fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la OCU mientras el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores. Una vez conocida la sentencia de 10 de octubre del Alto Tribunal, la Fiscalía ha reabierto el caso y ha concluido dando la razón a la OCU. En su escrito, la Fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Constitución Española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Próximos pasos
La OCU, por su parte, va a dirigir un escrito al ministro de Justicia y a la propia Dirección General de Registros y Notariado para conocer qué pasos piensan dar a partir de ahora. La OCU espera que estos profesionales no se escuden tras nuevos recursos y estrategias dilatorias y que comiencen una devolución ordenada de todas las cantidades irregularmente cobradas, al menos durante el período comprendido entre diciembre de 2007 y mayo de 2012. Hay que recordar que según los datos del INE en este período se han cancelado más de 1.600.000 hipotecas sobre viviendas.

Antecedentes
Tras un estudio de la OCU, llevado a cabo en septiembre de 2011 en el que se detectaban cobros excesivos en el 92 % de las facturas analizadas por notarios y registradores en las cancelaciones de hipotecas, la OCU presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigara la conducta irregular de notarios y registradores. Y para que, en su caso, se devolvieran a todos los clientes los importes cobrados de más.

Simultáneamente y debido a la gravedad de los hechos denunciados por la OCU, en noviembre de 2011 el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó un Real Decreto (RD 1612/2011 de 14 de noviembre) que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. Este Real Decreto pretendía aclarar, de una vez por todas, una rebaja en los aranceles aprobada en 2007 (Ley 41/2007 de 7 de diciembre), pero los Consejos de Notarios y Registradores intentaron impedir la aplicación de la rebaja arancelaria recurriendo este Real Decreto ante el Tribunal Supremo.

La sentencia del Tribunal Supremo desestima las pretensiones de notarios y registradores y ratifica la interpretación que la OCU y otros Tribunales Superiores de Justicia venían haciendo de la Ley 41/2007.

Hay que recordar que desde el cambio normativo de 2007 y hasta mayo de 2012, fecha en la que el actual Gobierno volvió a subir dichos aranceles, el notario tenía que cobrar una cuantía fija de 30,05 €, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 €. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU era de 260 €. En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a “cero” cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90 %. El resultado son 2,40 € que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 €, no de 144 € como comprobó en su día la OCU.

Algunos notarios cobran de más al cancelar una hipoteca y se puede reclamar la devolución del dinero

Hace poco más de un año, en septiembre de 2011, la OCU revisó mediante un estudio de minutas que un gran número de notarios y registradores cobraban de más a la hora de cancelar hipotecas. Según las estimaciones, en solo un año los cobros indebidos podían sobrepasar los 93 millones de euros. Ante estos escandalosos resultados, la Organización de Consumidores y Usuarios denunció ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección de lo Civil) y ante el Ministerio de Justicia pidiendo que se devolviese a los consumidores las cantidades cobradas de más.

“Ahora la sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado. Además, en su sentencia (con fecha de 10 de octubre) el Supremo ratifica nuestra interpretación de la Ley 41/2007 y, por lo tanto, avala nuestro estudio y sus conclusiones: notarios y registradores han estado cobrando de más a los consumidores”, explican desde la organización de consumidores.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados, en noviembre de 2011 el Gobierno del PSOE aprobó un Real Decreto que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. Este decreto pretendía aclarar, de una vez por todas, una rebaja en las tarifas legislada en 2007, pero el Consejo General del Notariado intentó impedir la aplicación de la rebaja arancelaria recurriendo ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el pasado 10 de octubre la sala tercera del Supremo desestimó el recurso del Consejo General del Notariado.

Exigir las devoluciones de las cantidades cobradas de más
Una vez más, la OCU actúa y pide al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de los Registros y del Notariado que se dirijan a notarios y registradores para revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007. Una vez comprobadas, tendrán que devolver a los clientes todas aquellas cantidades cobradas de más.

También queremos recordar que en mayo de 2012 el Gobierno del PP cedió a la presión de notarios y registradores, subiendo los aranceles para novación, subrogación y cancelación de hipotecas. Ahora los consumidores tienen que pagar el triple de lo que se pagaba antes. Por desgracia, esta reforma deja sin efecto la sentencia del Supremo para las operaciones realizadas desde el 12 de mayo de 2012.

Exigen que el Gobierno retire las subidas de impuestos en las subrogaciones y novaciones de hipotecas

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la subida de los trámites necesarios para mejorar las condiciones de las hipotecas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para registradores y notarios. A través de una disposición adicional escondida en un real decreto ley, desde el pasado 12 de mayo el Gobierno ha aumentado casi el triple los aranceles para la novación (mejora del tipo de interés o plazo de amortización), subrogación a otra entidad o la cancelación de los créditos hipotecarios. FACUA recuerda que hasta ahora, la anterior normativa, bonificaba con reducciones el coste de los aranceles precisamente para facilitar que los ciudadanos pudieran llevarse su hipoteca a otra entidad o mejorar el tipo de interés y el plazo sin cambiar de banco.

Ahora, además de modificar estas reducciones, el Gobierno ha establecido unas tarifas mínimas de 24 euros para los registradores y 90 euros para notaría que penaliza a aquellos cálculos que pudieran dar un resultado inferior tras la bonificación, que en líneas generales también se reduce.

Todo el crédito en lugar del capital pendiente
Además, FACUA denuncia que algunos de estos aranceles pasan a tomar como base el total del crédito concedido en lugar de usar la cantidad pendiente de amortizar, como recogía la anterior normativa.

Para la asociación resulta escandaloso que sea precisamente ahora, cuando más familias se ven abocadas al desahucio por no poder afrontar el pago de las hipotecas, cuando el Gobierno ha decidido entorpecer unas fórmulas que permitían flexibilizar estas situaciones.

Por ello, FACUA exige la retirada de esta disposición adicional y reivindica la ejecución de otras medidas como la regulación del sobreendeudamiento familiar o una dación en pago real. Y no la propuesta del Gobierno, tan solo aplicable a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

Suben los aranceles que cobran registradores y notarios con la novación, subrogación o cancelación de hipotecas

La Organización de Consumidores, OCU, va a remitir una queja al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a todos los grupos parlamentarios del Congreso por la reciente subida de aranceles de registradores y notarios para los consumidores en los casos de cancelación de hipoteca. Además, la subida se aprueba, a juicio de la OCU, por la puerta de atrás y sin ningún tipo de audiencia ni consulta. Esto es así en la medida que se ha utilizado para ello una disposición adicional del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Esta decisión, que una vez más obliga a los ciudadanos a asumir gastos y costes, beneficia única y exclusivamente a los notarios y registradores.

Hay que recordar que, en septiembre de 2011, la OCU comprobó que un gran número de notarios y registradores cobraba de más en las cancelaciones hipotecarias, incumpliendo las rebajas del arancel aprobadas por la Ley 41/2007. A resultas de su investigación, la OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección de lo Civil) y ante el Ministerio de Justicia, solicitando que se decretara la devolución de oficio a todos los consumidores de las cantidades cobradas de más.

Debido a la gravedad de los hechos y a las elevadas cuantías erróneamente cobradas, que la OCU estimó en más de 93 millones de euros en solo un año, en noviembre de 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó un Real Decreto que modificaba los aranceles de notarios y registradores aplicables a las cancelaciones de hipotecas.

Sin embargo, tras la intervención de Bankia, el gobierno presidido ahora por Mariano Rajoy, quien es registrador de la propiedad en excedencia y conoce bien el sector, ha aprobado un Real Decreto-Ley que esconde en su disposición adicional segunda una reforma de aranceles de notarios y registradores en los casos de novación, subrogación y cancelación de préstamos hipotecarios. Esto supone una importante subida de los mismos que afectará a todos los consumidores, mientras que bancos y cajas vuelven a gozar de un trato privilegiado al ver rebajados los aranceles que se les cobrarán a ellos. De esta manera, desde el día 12 de mayo, tanto el arancel de las cancelaciones de hipotecas como las novaciones y subrogaciones dependerá del importe del préstamo solicitado en su día.

De 50 euros a 137
Según cálculos de la OCU, con el nuevo arancel, pasar por el notario para cancelar una hipoteca cuyo capital inicial fue de 150.000 euros nos costará 137 € con una sola copia simple, frente a los 50 €: casi el triple de lo que costaba hasta ahora. Además, por muy bajo que sea el importe de la hipoteca, el notario cobrará un mínimo de 90 €.

En el caso del registrador y para el mismo préstamo, la minuta ascenderá a 84 €: casi también el triple de lo establecido anteriormente (28,85 €). En cualquier caso el mínimo a cobrar por el registrador será de 24 €.

La OCU denuncia que en plena crisis económica el gobierno triplique el arancel, cuando se ha demostrado el fraude existente hasta el año pasado. De esta manera, en vez de favorecer los intereses de los más desprotegidos y de quienes están soportando las cargas de la crisis, ayuda a bancos y cajas, un sector rodeado de polémica por sus actividades de venta de productos financieros basura que han impulsado, en gran parte, la situación que actualmente vive el país.

El consumidor acaba pagando
Por otra parte, una vez más se favorece a un colectivo minoritario, pero de gran influencia en el ejecutivo como son los notarios y registradores, para que sean los consumidores, la gente normal de la calle, quienes paguen más dinero por necesidades tan simples como la cancelación de su hipoteca. En opinión de la OCU es aberrante que tras años de pago por tener acceso a una vivienda, se quiera sangrar aún más a los consumidores por terminar de cumplir con su obligación de pago.

Ante ello, la OCU recomienda a los consumidores que estén a punto de terminar de pagar su hipoteca que la cancelen registralmente solo cuando sea estrictamente necesario (por ejemplo si se tiene previsto vender la casa sobre la que recaía la hipoteca). La ley, actualmente, contempla que pasados 20 años desde el pago de la última cuota la inscripción registral puede cancelarse por caducidad, sin coste. De este modo el consumidor se ahorra al menos el pago de los aranceles notariales y registrales así como otros gastos de dudosa legalidad tales como el que cobran bancos y cajas por emitir certificados de cancelación que pueden llegar a oscilar entre los 100 y 200 €.

Notarios y registradores inflan las facturas a los propietarios que cancelan su hipoteca

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica en el número 126 de su revista Dinero y Derechos los resultados del análisis de las minutas (facturas) que notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca. La principal conclusión del análisis es que los notarios y los registradores cobran de más a sus clientes, ignorando los aranceles (tarifas) aplicables al caso.

Ante la gravedad de los hechos, la OCU se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía para que se requiera al colectivo de notarios y registradores a revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas a los clientes.

Han sido las facturas remitidas por los propios socios de la OCU las que han servido como muestra del estudio, descubriendo prácticas ilegales en el 92 % de las mismas. Así, extrapolando los datos al conjunto de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes, hasta 93 millones de euros solo en un año.

Para la OCU, es grave que notarios y registradores incumplan la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca. Pero es aún más grave que esa práctica se siga manteniendo a pesar de que ya ha sido declarada incorrecta por la Dirección General de los Registros y el Notariado (dependiente del Ministerio de Justicia). Y por resoluciones judiciales como la de junio de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hay que recordar que desde el cambio normativo de 2007 (ver capítulo V) el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 €, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 €. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU es de 260 €.

En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a “cero” cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90 %. El resultado son 2,40 € que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 €, no de 144 € como ha comprobado la OCU.

Finalmente, la OCU insiste en la necesidad de una revisión profunda del sistema notarial y registral. Hay que recordar al usuario que tiene derecho a elegir el notario que desee, no el que le imponga la gestoría o el propio banco. Además, habría que revisar las funciones y naturaleza jurídica de estos profesionales, así como en qué casos no debería ser necesaria la intervención del notario, bastando el visto bueno del registrador.

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