Ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros)

En las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y los municipios no podrán tener más de 35 concejales, entre otras medidas. El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que está inspirada en el principio de ‘Una administración, una competencia’, para buscar una gestión más eficiente, con un ahorro de al menos 3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades y competencias impropias. Entre las medidas previstas, ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro; se clarificarán las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las “competencias impropias”; se suprimirán 3.725 entidades locales menores existentes; se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan; y se fortalecerá la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario.

Este Anteproyecto cambia la legislación básica municipal con el objetivo de que las Entidades Locales se adapten a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y evitar que gasten más de lo que ingresan. Para ello, se actualizan las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas.

Se trata de que las Entidades Locales no vuelvan a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Con la reforma las competencias en materia de educación y sanidad de las Entidades locales pasarían a las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos. Sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala.

En los municipios de menos de 5.000 habitantes el coste per cápita se cuadruplica

Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

En este sentido, se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes.

Como consecuencia de lo anterior, el ahorro generado por la absorción de los servicios públicos obligatorios por las Diputaciones en municipios inferiores a cinco mil habitantes sería de 2.248,2 millones de euros, que llegarían a los 3.500 millones con la absorción de competencias de municipios de hasta veinte mil habitantes.

Obligación de presentar cuentas anuales

Actualmente, el 71,3 por 100 de las mancomunidades no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales. Los servicios de las mancomunidades pasarían a depender de las Diputaciones Provinciales, una administración más transparente ya que el 90 por 100 sí cumple con la presentación de las cuentas anuales.

La supresión de las mancomunidades que no superen los criterios de evaluación conllevará un ahorro estimado de más de setecientos millones de euros. Asimismo, más del 70 por 100 de las entidades locales menores no cumplen con su obligación de presentar sus cuentas anuales.

Asimismo se disuelven las 3.725 entidades locales menores existentes, entre las que están las pedanías o las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan.

Delegación o traspaso de competencias
También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran foco de endeudamiento al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.

Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

Estándar de servicios obligatorios
A partir de ahora se distingue entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios y, por encima de un nivel estándar de prestación de servicios, su financiación no podrá ser reclamada a otra administración. Sólo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos.

Se redimensiona el Sector Público Local formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Por otro lado, se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.

Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales pues su personal eventual no podrá superar el número de concejales.

Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, puesto que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

Publicidad de las retribuciones de alcaldes y concejales
A partir de la próxima Ley de Presupuestos, los presupuestos de cada año fijarán los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Hay que tener en cuenta que la futura Ley de Transparencia contempla la obligación de dar publicidad a las retribuciones e indemnizaciones percibidas por los cargos electos locales.

Reducción del número de concejales
A través de un segundo Anteproyecto de Ley, del que también ha informado al Consejo de Ministros el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, se modifica también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con objeto de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasan de los 68.578 actuales a 47.240. Ello significa que en las próximas elecciones municipales se elegirán a 21.338 concejales menos, lo que supone un 31,1 por 100 de reducción. Igualmente, se establece un límite máximo de 35 concejales en los municipios más grandes.

Esta modificación viene junto con la atribución y límites para los sueldos de los alcaldes.

Los sueldos de los políticos en 2011

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, percibirá a partir de hoy 1 de enero de 2011 un sueldo total de 78.185,04 euros en concepto de retribución, lo que supone un sueldo bruto mensual de 6.515,42 euros, según se recoge en el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Con esta cifra se consolida el recorte del 15 % decidido en mayo, que supuso para el presidente del Gobierno dejar de percibir mensualmente 1.149,78 euros, pues hasta entonces su sueldo anual era de 91.982,4 euros, la misma cuantía que venía cobrando desde 2008.

Lo mismo ocurrirá este año con el resto de miembros del Ejecutivo, que también ven consolidado en 2011 el recorte del pasado mayo. Así, los tres vicepresidentes (María Teresa Fernández De la Vega, Elena Salgado y Manuel Chaves) recibirán un sueldo anual de 73.486.32 euros (6.123,86 euros al mes), mientras que el resto de los ministros ganarán 68.981,88 euros (5.748,49 euros mensuales).

En lo que se refiere a los secretarios de Estado y asimilados, el sueldo para 2011 se ha calculado en 12.990.72 euros, a lo que se añade un complemento de destino de 21.115,92 y uno específico de 32.948,67 euros. El total, fijado ya en el decreto de recorte de mayo, alcanza los 67.055,31 euros, a los que se suman dos pagas extraordinarias.

Por su parte, los subsecretarios pasarán a percibir 59.451,39 euros anuales y los directores generales y asimilados cobrarán 50.832,33, en ambos casos incluyendo sueldo y complementos.

Baja la dotación para los ex presidentes
Por otro lado, en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia se indica que la dotación prevista para los ex presidentes del Gobierno se rebaja hasta los 238.010 euros anuales. Ello supone que Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar pasarán a percibir cerca de 80.000 euros al año, 10.000 euros por debajo de lo que recibían en 2010.

Esta partida ya se redujo en los Presupuestos Generales de 2010, pasando de 360.620 euros a 270.470 euros al año, debido a que uno de los presidentes de la democracia, Leopoldo Calvo Sotelo, había fallecido en mayo de 2008.

Por último, en los Presupuestos generales se detalla también que el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, y el del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, percibirán el próximo año unas retribuciones anuales de 77.808,96 euros y 85.004,28 euros, respectivamente.

Hoy ha entrado en vigor la nueva Ley de transparencia por la que diputados y senadores tienen que ofrecer públicamente el detalle de sus sueldos y patrimonio. Viviendas, coches y dinero en efectivo es lo que prima entre los políticos, de los que a partir de ahora se podrá conocer sus ingresos y patrimonio a través de la web del Senado y la web del Congreso. Para hacerte más fácil la consulta de todos los detalles, hemos incluido los enlaces directos a las declaraciones de patrimonio de todos los senadores y diputados por orden alfabético.

Destaca, por ejemplo, tras conocerse el sueldo y el patrimonio de todos los diputados y senadores españoles, que por primera vez están publicando su declaración de bienes en internet fruto de la nueva regulación para fomentar la transparencia, las declaraciones de los candidatos a las próximas elecciones generales. El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarado un patrimonio en depósitos, fondos y otros valores de 984.281 euros, y dice ser copropietario con su esposa de un piso en Madrid y una plaza de aparcamiento comprados en 1978.

Por su parte, Mariano Rajoy, candidato a la Presidencia por el Partido Popular, declara casi 600.000 euros en cuentas bancarias y cuatro viviendas.

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