Ni los jóvenes ni los mayores, los españoles no quieren trabajar más allá de la edad de jubilación

Los españoles son los europeos menos dispuestos a trabajar más allá de la edad legal en la que se puede cobrar la pensión, según un nuevo informe del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones, que ofrece las claves para comprender las motivaciones y perspectivas ante la jubilación de dos grupos de edad muy distintos: los jóvenes entre 18 y 34 años, frente los adultos de más de 55 años.

Según Ignacio Izquierdo, Consejero Delegado de Aviva España “El estudio “Generaciones” nos ayuda a comprender las cuestiones sociales, financieras y actitud ante el ahorro de dos grupos de edad muy distintos“. Y añade que “los agentes implicados en la cuestión de las pensiones debemos tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos a la hora de educar e informar sobre la responsabilidad que estos tienen en la planificación del ahorro a largo plazo”
Principales conclusiones del estudio para España

– Gran parte de los adultos que se acercan a la jubilación en España todavía no han pensado qué necesitarían para tener un buen nivel de vida en su retiro. Esta afirmación es particularmente preocupante cuando:

– El 42 % cree que necesitará el 100 % de sus ingresos para vivir cómodamente durante su retiro. Este porcentaje disminuye al 18 % al preguntarles cuál sería la cantidad estimada para sobrevivir tras su jubilación.

– Pero 3 de cada 10 (31 %) no saben, o no han pensado, la cantidad que necesitarán en un futuro.

Por su parte los jóvenes se muestran preocupados si hablamos del medio y largo plazo:

– Los jóvenes españoles de esta generación son los más preocupados de Europa sobre sus perspectivas de carrera y sobre la posibilidad de encontrar un trabajo (59 %).

– Casi 4 de cada 10 cree que necesitará el 100 % de su salario mensual para tener un buen nivel de vida en su jubilación.

Las actitudes de este grupo hacia el futuro son representativas de su manera de ahorrar, lo que les lleva a priorizar el ahorro a corto plazo -un coche, las vacaciones…- y los gastos del momento (53 %) frente a la planificación de su seguridad en el largo plazo.

– A pesar de ello, 6 de cada 10 (61 %) temen no ser capaces de ahorrar suficiente dinero para sobrevivir durante su jubilación.

– El 55 % cree que la principal financiación para su jubilación vendrá de una pensión pública y el 37 % prevé que contará con planes de pensiones privados. Es importante destacar que un 50 % cree que la financiación vendrá de otras formas de ahorro.

Esta actitud contrasta con la de los miembros del grupo de más de 55 años, donde la mayor parte confía en la pensión pública para financiar su jubilación. Los planes de pensiones privados son la segunda fórmula más nombrada, aunque menos de la mitad tienen intención de tener uno.

– 7 de cada 10 (71 %) esperan que la pensión pública les ayude a financiar sus años dorados, lo que la convierte en el recurso de financiación más común en el país.

– En segundo lugar encontramos los planes de pensiones privados que el 47 % considera como la segunda fuente de ingresos más importante para su jubilación.

• Los españoles encuestados pertenecientes al grupo “Cercanos a la Jubilación” no están usando sus últimos años en activo para ahorrar más de cara a su futuro:
– Casi 3 de cada 10 (28 %) tienen pensado ahorrar menos dinero en los próximos 12 meses o incluso dejar de ahorrar totalmente.

– Las actitudes de este grupo coinciden con las de sus coetáneos europeos, aunque son los más comprometidos con el ahorro para el futuro y, junto con los franceses, los que más confían en el seguro. El 78 % reconoce la importancia de estar bien asegurado.

– Los españoles encuestados son, con diferencia, los más preocupados por la salud. Más de la mitad (54 %) hacen de ella una prioridad, frente al 18 % de los italianos o el 19 % de los franceses.

La edad de jubilación baja para los trabajos peligrosos

También se aplicará esta medida para los trabajos tóxicos y penosos, según se ha acordado en la última reunión del Consejo de Ministros. Además, los trabajadores autónomos podrán acceder a la jubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos que se fijen para los trabajadores asalariados.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, en el caso de trabajos que por ser excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos, registren índices elevados de morbilidad o mortalidad.

Este desarrollo reglamentario que parte del acuerdo con los agentes sociales considera la jubilación anticipada como situación excepcional, siempre que no sea posible cambiar las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad, o el propio puesto de trabajo. Los trabajadores autónomos podrán acceder a la jubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos que se fijen para los trabajadores asalariados.

El procedimiento que aprueba este nuevo texto legal exige estudios previos de siniestralidad, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, de qué forma inciden en las bajas laborales que generan en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para desarrollar la actividad laboral de que se trate.

Además, la norma recoge incentivos para las empresas que adopten medidas que sin ser obligatorias, contribuyan a eliminar o a reducir estas características, según informa el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Sólo el 4 % de los trabajadores acepta retrasar la edad de jubilación

Tanto Gobierno como sindicatos se han vanagloriado del acuerdo alcanzado en materia de pensiones. Pero ninguno de los dos ha tenido en cuenta qué pensaban los afectados. Es decir: los trabajadores. Y su opinión no está para nada en sintonía con los acuerdos oficiales de PSOE y agentes sociales. De hecho, sólo un 4 % de los trabajadores españoles está dispuesto a retrasar su edad de jubilación a los 67 años. Al menos, eso es lo que se desprende de una encuesta realizada recientemente por la consultora Randstad.

Después de meses de negociaciones, el Gobierno acaba de cerrar el pacto para la reforma de las pensiones. Los trabajadores se podrán jubilar a los 65 años cuando cuenten con una cotización mínima de 38,5 años. Incluye, además, el alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años, con 37 años de cotización para recibir la pensión mínima y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con 63 años, pero aplicando coeficientes reductores. Ante esta nueva situación, Randstad, empresa líder de recursos humanos, ha querido conocer la impresión de los trabajadores a este respecto y el principal resultado es que apenas el 3,93 % de los encuestados estaría dispuesto a retrasar su edad de jubilación. Todo apunta a que los empleados parecen estar dispuestos a cumplir con su papel en el mercado laboral hasta los 65 años, pero no más allá.

El 45,63 % reconoce su aspiración de retirarse a los 65 años de edad, pero más de la mitad de los trabajadores consultados (50,44 %) prefiere retirarse antes de alcanzar la actual edad legal. De estos últimos destacan los empleados que aspiran a jubilarse entre el grupo de edad de los 60 y los 64 años (33,71 %), es decir, poco antes de la edad oficial de jubilación.

Este estudio elaborado por Randstad también asegura que sólo un 16,73 % quiere jubilarse antes de los 60 años, dato que parece ir en contra de una tendencia que ha aumentado progresivamente durante los últimos años: las prejubilaciones, un sistema que ha provocado una “grieta” en el mercado laboral ante la retención de talento de los más mayores y a largo plazo la sostenibilidad del sistema.

El número de prejubilaciones no se conoce con exactitud al no ser una figura reconocida legalmente y suponen un problema para el Gobierno ya que además de perder las cotizaciones de estos trabajadores al sistema se debe abonar sus gastos por desempleo. Sin embargo, reducir su número parece una prioridad tanto a nivel nacional como internacional, según las últimas recomendaciones de la Comisión Europea.

La encuesta de Randstad, realizada durante el mes de diciembre de 2010 a más de 790 trabajadores españoles de entre 18 y 60 años, pone de manifiesto también que existen algunas diferencias por grupo de edad a la hora de enfrentarse a la jubilación. Los más predispuestos a retirarse más tarde son los jóvenes menores de 25 años, quizá conscientes de que será necesario un alargamiento de su vida laboral por encima de la cifra actual. Esto pone de manifiesto que la edad legal de jubilación también requiere de un proceso cultural a largo plazo que inculque a los trabajadores su vinculación al mercado laboral por más tiempo.

Otro factor interesante a analizar en cuanto a la edad de jubilación es el nivel formativo de los trabajadores. Son las personas sin estudios o con menor cualificación las que aseguran que su jornada laboral se alargará más años. Tras esta afirmación se esconde una pura necesidad económica: las personas con un nivel de estudios menor ven reducidas sus posibilidades de acceder a un rango mayor de empleos o a un nivel salarial mayor y por tanto también es menor su capacidad de ahorro. Su vinculación con el mercado laboral hasta los 65 años es necesaria para asegurar una pensión suficientemente alta para atender sus necesidades económicas futuras.

El contrapunto lo ponen las personas con un nivel de cualificación mayor. Los universitarios son los trabajadores que tienen mayores expectativas de jubilarse antes. De hecho, casi un 15 % de titulados superiores desearía retirarse del mercado laboral antes de los 55 años. Esto a pesar de que son ellos los que en general se vinculan con puestos más intelectuales y que requieren menos desgaste físico que otros empleos.

Las mujeres también muestran su disposición por retirarse antes que sus compañeros varones, puesto que un 8 % desearía jubilarse antes de los 55 años; otro 8,25 % se jubilaría entre los 55 y 59 años; pero sólo un 2,43 % piensa en jubilarse más allá de los 65 años.

NO al retraso de la edad de la jubilación hasta los 67 años

Sólo el 6 % de los españoles está a favor de retrasar a los 67 años la edad de jubilación. Esto significa que el resto, el 94 % de los españoles, está en contra y se establece en 64 años como la edad lógica de jubilación. No obstante, los encuestados consideran que la probabilidad de que el Sistema de Pensiones quiebre es alta, situándola en 6,19 sobre 10. De esta forma, la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas impulsa el ahorro privado para la jubilación. ¿Tienes plan de pensiones?

El intenso debate político y social que se ha generado en los últimos meses en torno a la inminente reforma del Sistema Público de Pensiones y las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social ha provocado que se incremente el porcentaje de españoles que ahorran para su jubilación, según reflejan los últimos datos del Observatorio Caser Pensiones en su tercera edición.

En línea con esta percepción negativa, los encuestados consideran que la probabilidad de que el Sistema de Pensiones quiebre es alta, situándola en 6,19 sobre 10. Asimismo, se muestran muy críticos con la cuantía actual de las pensiones públicas, el 44 % piensa que son muy bajas y que con ellas pasaría necesidad.

En cuanto a las medidas implantadas, o que próximamente va a implantar el Gobierno, se muestran bien informados así como sobre el Pacto de Toledo, mostrando un claro rechazo ante decisiones que han generado polémica, como la congelación de las pensiones o propuestas como el retraso de la edad de jubilación. Sobre este último aspecto, sólo el 6 % es partidario de que se retrase a los 67 años, y la mayoría considera que la edad lógica se sitúe en torno a los 64 años. Como medidas alternativas citan aquellas dirigidas al fomento de la natalidad, el incremento de las ventajas fiscales y el aumento de las cotizaciones de las empresas. En este sentido, el 35 % piensa que debería ser obligatorio por ley que las empresas aportasen una cantidad de ahorro privado para la jubilación de sus empleados.

Asimismo, más de la mitad de los españoles, el 54 % piensa que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente es tanto del Estado como de los individuos.

Incremento del Ahorro

Por primera vez, desde que Caser comenzó a publicar su Observatorio de Pensiones en 2008, los españoles comienzan a percibir los problemas de viabilidad futura del Sistema Público de Pensiones como una amenaza real. Si en 2009, en porcentaje de ahorradores disminuyó respecto a 2008 por culpa de la crisis y todavía manifestaban su confianza en la Seguridad Social, en 2010, la actualidad informativa que ha acaparado la reforma de las pensiones, ha provocado que dicho porcentaje remonte. Asimismo, otro dato muy significativo es que, de los encuestados en 2009 que reconocían no ahorrar actualmente para la jubilación, sólo un 16 % manifestaba su intención de hacerlo en un futuro, este porcentaje ha ascendido al 49 %, 33 puntos, lo que demuestra que los ciudadanos están tomando conciencia de la situación.

En línea con esta percepción, se rebaja la edad que consideran idónea para empezar a ahorrar, de 43 a 34 años, y aumenta la cuantía media de ahorro anual que destinarían a dicho ahorro, que en 2009 era de 2.280 euros y en 2010 asciende a 3.350.

Preguntados por el tipo de instrumentos a través de los cuales están preparando su ahorro para la jubilación, los específicos, como los planes de pensiones, siguen siendo mayoritarios, con el 88 %, pero también aumentan respecto a 2009 otros no específicos que pasan del 11 % al 50 %.

En cuanto a los no ahorradores que, a pesar de todo siguen siendo el 59 % de los españoles, siguen citando como principal excusa para no ahorrar la imposibilidad para hacerlo, aunque esta razón ha bajado del 80 % en 2009 al 65 % en 2010. También este año ha habido una disminución significativa en el número de encuestados que se considera demasiado mayor para ahorrar pasando del 39 % al 22 %.

Entre las causas que hacen imposible el ahorro, las razones de índole laboral (situación de desempleo, precariedad, etc.) siguen siendo las principales, aludidas por el 70 %, aún así 7 puntos menos que en el año anterior. A esta causa le sigue ” estar en un momento de muchos gastos”, que asciende del 39 % al 67 % y en tercer lugar pero también con menos peso que en 2009 se sitúa la hipoteca, citada por el 54 %.

El Ahorro privado se empieza a resentir

El año pasado, el Observatorio de Caser ponía de manifiesto que las personas que sí están preparando un sistema de ahorro privado para su jubilación procuran seguir aportando al mismo, a pesar de la complicada situación económica, lo que demostraba que quienes han asumido un compromiso personal en este sentido son conscientes de la importancia de mantenerlo. En 2010, aunque sigue pudiéndose mantener esta afirmación, hay que reconocer que la crisis también está pasando factura a los ahorradores. Así, el porcentaje de estos que esperan aportar lo mismo a su sistema privado de ahorro baja del 83 % al 74 %.

Visión más pesimista sobre la Seguridad Social

El conocimiento que muestran los españoles sobre aspectos de la Seguridad Social como la cuantía de las pensiones sigue siendo similar, sin embargo, se muestran mucho más críticos con dichas cuantías. Aunque en 2009 la mayoría pensaba que eran bajas, sólo un 9 % las calificaba como muy bajas y pensaba que con ellas pasaría necesidad, este porcentaje aumenta hasta un llamativo 49 % en 2010.

Preguntados por la probabilidad de que el Sistema público entre en quiebra, consideran dicha probabilidad alta, situándola en 6,19 sobre 10. A pesar de ello, y ante la percepción de que la reforma del Sistema es inminente, el porcentaje de españoles que piensan que la Seguridad Social desaparecerá en el futuro disminuye pasando del 27 % al 15 %. Eso sí, aumenta el porcentaje de los que piensan que, aunque no desaparezca, si reducirá sus pensiones, situándose en el 52 % frente al 42 % del año anterior.

Baja aceptación de las medidas propuestas por el Gobierno

La encuesta demuestra que, en general, los españoles están bien informados sobre las medidas que el Gobierno ha adoptado o piensa hacerlo. Asimismo, a diferencia de 2009, muestran un mayor conocimiento sobre el Pacto de Toledo. El año pasado el 90 % reconocía desconocerlo, en 2010 este porcentaje baja al 44 %, o lo que es lo mismo, más de 55 % dicen conocerlo. En cuanto a la confianza media en que dicho Pacto tenga éxito, se sitúa en el 4,63 sobre diez.

Por lo que se refiere al contenido de las medidas se muestran mayoritariamente en desacuerdo con el mismo. La medida más criticada es la congelación de las pensiones, seguida muy de cerca por la posibilidad propuesta de aumentar la edad de jubilación. En un baremo del uno al diez, en el cual el uno significa totalmente en desacuerdo y el diez, totalmente de acuerdo, los españoles dan a la primera medida citada un 3,22 y a la segunda un 3,79. Respecto al aumento del periodo de cálculo, tema sobre el que se ha hablado pero no se ha tomado ninguna decisión, la aceptación es un poco mayor, un 4,54. Otras medidas no planteadas por el Ejecutivo como por ejemplo, la reducción o eliminación de las pensiones, obtienen un claro rechazo con un 3,30.

Los encuestados se muestran claramente a favor de otras medidas alternativas como dar ventajas fiscales (6,74), impulsar la natalidad (6,68) o incrementar los impuestos o las cotizaciones de las empresas (5,44).

Oposición al incremento de la edad de jubilación

La propuesta del Gobierno de incrementar la edad de jubilación a los 67 años recibe una fuerte oposición. Sólo el 6 % de los encuestados consideran dicha edad adecuada. Para la mayoría la edad legal debería fijarse en torno a los 64 años. Eso sí, el 41 % piensa que, en profesiones lógicas, debería poder permitirse seguir trabajando si se desea de forma voluntaria y el 34 % cree que esta prórroga debería incentivarse.

Responsabilidad compartida

La mayoría de los españoles, el 54 % afirma que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente el día de mañana debe ser compartida entre el Estado y los ciudadanos. Aún así, un alto porcentaje 44 % opina que esa responsabilidad es sólo del Estado. Tan sólo un anecdótico 3 % cree que el deber es exclusivo de cada individuo.

Asimismo, los encuestados se muestran a favor de una mayor involucración de las empresas en la solución del problema. Un 35 % es partidario de que el ahorro que las empresas podrían hacer para la jubilación privada de sus empleados debería ser obligatorio. El 44 % señala que debe ser voluntario pero apuesta porque sea más incentivado. Sólo el 21 % daría libertad absoluta a las empresas.

Por otra parte, planteada la hipotética posibilidad de que la empresa le subiera un 10 % el sueldo y pudiese decidir qué porcentaje recibir en dinero líquido y cuál en aportación a un plan de pensiones, pese a lo que se pueda pensar en un principio en momentos de crisis como el actual, la decisión está muy equilibrada, puesto que los encuestados preferirían recibir el 6 % en líquido y el 4 % como aportación a un plan de pensiones.

Conclusiones por Comunidades Autónomas País Vasco, la comunidad que más ahorra para la jubilación

El análisis por Comunidades Autónomas pone de manifiesto que la más ahorradora es País Vasco, donde el 50 % de los encuestados afirman estar realizando un ahorro para la jubilación, le sigue Aragón (46 %), Canarias (43 %) y Madrid (43 %). En el polo opuesto, el de las comunidades menos ahorradoras, se sitúan Navarra, donde sólo el 34 % ahorra para la jubilación, seguida de Galicia (35 %), Baleares (36 %) y Castilla-La Mancha (37 %), todas ellas por debajo de la media nacional que se sitúa en el 40 %.

Por lo que se refiere a la edad en que se comienza a ahorrar, la media se sitúa entre los 33 y 34 años, siendo los castellanomanchegos con 32,36 años y los cántabros con 33,07, respectivamente los que antes empiezan a hacerlo. Madrid es la comunidad que mayor cuantía media anual destina, 4.958 euros, le sigue Cantabria con 4.897 y Cataluña con 4.204 euros. Por el contrario, Murcia con 2.116 euros, Baleares con 2.254 euros y Andalucía con 2.369 son las que menos aportan.

Rechazo unánime al aumento de la edad de jubilación

En cuanto a la medida aprobada por el Gobierno de congelar las pensiones, todas las Comunidades Autónomas muestras un claro desacuerdo, en ningún caso, la valoración que otorgan a esta medida supera el tres en una escala de diez. En este sentido las comunidades más críticas son Asturias (2,84) y Murcia (2,86). El tema de aumentar la edad de jubilación encuentra también un amplio rechazo, todas las comunidades valoran la medida con algo más de un tres, excepto Castilla y León y Extremadura donde la valoración supera en unas décimas el cuatro.

En esta línea, el porcentaje de españoles que creen que la edad legal de jubilación debería establecerse en los 67 años es muy pequeño en general y en ninguna comunidad autónoma supera el 10 %. El porcentaje mayor de aceptación está en Andalucía y Murcia con un 9 %. La comunidad donde el rechazo es mayor es la Valenciana, donde sólo un 4 % acepta esta medida. Valores similares se obtienen en Cataluña (4,5 %), Cantabria (4,80 %) o País Vasco (4,60 %).

Probabilidad alta de quiebra de la Seguridad Social

En todas las comunidades, la posibilidad de que el Sistema Público de Pensiones quiebre, se ve alta. En una escala del uno al diez, todas las regiones cifran esta posibilidad en valores superiores al seis, excepto Aragón (5,81) y Castilla-La Mancha (5,99).

Respecto a que el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo resuelvan la problemática de las pensiones tampoco hay mucha confianza. La valoración media que dan a esta posibilidad se sitúa en todas las comunidades en torno al cuatro.

Castilla-La Mancha con un 82 %, Murcia con un 81 % y País Vasco con un 80 % son las comunidades donde es más elevado el porcentaje de españoles que piensa que la responsabilidad de garantizar las pensiones es del Estado (Este porcentaje incluye, tanto a los que piensan que la responsabilidad es exclusiva del Estado, como a aquellos que creen que es del Estado y también de los ciudadanos). Andalucía con un 75 % es la comunidad donde el porcentaje es menor. En el resto de comunidades se sitúa cercano al 80 %.

En todas las comunidades, la posibilidad de que el Sistema Público de Pensiones quiebre, se ve alta. En una escala del uno al diez, todas las regiones cifran esta posibilidad en valores superiores al seis, excepto Aragón (5,81) y Castilla-La Mancha (5,99).

Al igual que a nivel nacional, los encuestados por comunidades autónomas, en el caso de que les subieran el sueldo un 10 %, les gustaría que en torno al 4 % de esa subida se hiciera en forma de aportación a un plan de pensiones.

Noticias » Trabajos » Jubilación y Pensiones » Ni los jóvenes ni los mayores, los españoles no quieren trabajar más allá de la edad de jubilación