Movistar activa sin autorización un buzón de mensajes a los clientes que no quieren contestador y los consumidores lo denuncian

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo por dar de alta sin autorización un nuevo servicio de buzón de mensajes a los clientes de móvil que no tienen activado el buzón de voz. Después de que la compañía no haya contestado a la reclamación de FACUA por la que le demandó que diera de baja este servicio no solicitado de manera que sean los usuarios quienes decidan si quieren activarlo, la asociación ha pedido a las administraciones competentes que tomen medidas contra Movistar por estas irregularidades.

Movistar ha activado a los clientes sin buzón de voz un servicio por el cual, cuando otro usuario les llama y no contestan (por estar apagado, fuera de cobertura…), salta una locución que les invita a dejarles un mensaje que llegará por SMS.

>> Desactivar el contestador de Movistar

Así, lo que antes no era más que una llamada perdida se convertirá en buena parte de los casos en ingresos para Movistar, puesto que los usuarios que decidan dejar el mensaje pagarán por él como si les hubiera saltado un buzón de voz y quienes los reciban sentirán muchas veces el compromiso de responder en lugar de esperar a recibir de nuevo la llamada.

Cláusula abusiva
FACUA advierte que el alta unilateral de un servicio no solicitado por los usuarios supone una cláusula abusiva, y por tanto prohibida y sancionable, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Así, entre las cláusulas consideradas abusivas por la norma, en su artículo 89.4 señala que lo es “la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados”.

Entre otros organismos, FACUA ha remitido sus denuncias a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Movistar tiene su sede social, y al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, al que demanda que, en el ejercicio de sus competencias, le inste a que cese en las mismas e impulse actuaciones sancionadoras por parte de las administraciones autonómicas de protección a los consumidores.

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