Más información al ciudadano sobre los productos peligrosos

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ministerio de Sanidad y Consumo y las autoridades de Consumo autonómicas manejan datos sobre cientos de productos peligrosos que existen en el mercado pero no desarrollan de forma sistemática actuaciones informativas para garantizar que los consumidores los conozcan y eviten así su compra o utilización. Las alertas no se notifican a las asociaciones de consumidores ni se difunden de forma sistemática a los medios de comunicación, como tampoco existe un mecanismo ‘online’ para suscribirse a su envío. FACUA demanda al Ministerio y las comunidades autónomas que incorporen a las asociaciones de consumidores a los protocolos de información de las redes de alerta sobre productos peligrosos.

Asimismo, les exige que desarrollen campañas para difundir los productos alertados a través de los medios de comunicación y habiliten mecanismos en Internet para que los consumidores puedan suscribirse al envío de información sobre las alertas.

Obligar a las empresas
La asociación se ha dirigido al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo para solicitarle estas medidas, además de un cambio en la legislación por el que se obligue a las empresas responsables de la comercialización o importación de los productos peligrosos a difundir públicamente su retirada del mercado.

Y ello imponiendo a las empresas el envío de comunicados de prensa, la inserción de anuncios en los medios de comunicación, sus propias páginas web y la remisión de la información a las asociaciones de consumidores.

Análisis sobre las webs del INC y las autoridades de Consumo autonómicas
FACUA ha realizado un análisis sobre las páginas web de las autoridades de Consumo de las diecisiete comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo para evaluar el grado de información que ofrecen sobre la red de alerta de productos no alimentarios inseguros.

La red es un sistema de alerta rápida de productos de consumo peligrosos (Rapex, por sus siglas en inglés) -excepto alimentos, medicamentos y productos sanitarios- que coordina la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea (CE) y cuenta con puntos de contacto en todos los Estados miembros.

En España, que participa de forma activa desde 1986, existen esos puntos en todas las comunidades autónomas y están coordinados por el INC del Ministerio de Sanidad y Consumo.

La red se pone en marcha cuando un Estado miembro decide adoptar medidas, a fin de impedir restringir o acompañar de condiciones específicas la comercialización o la utilización de un producto debido al riesgo que presenta.

Sólo Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia
Sólo las autoridades de Consumo de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia indican directamente en sus páginas web cuáles son los productos peligrosos incluidos en la red de alerta.

Otros cinco organismos de Consumo, los de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y País Vasco, incluyen enlaces a las páginas que sobre la materia tienen el INC y la Dirección General de Salud y Proteccion de los Consumidores de la CE.

Los ocho restantes, los de Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Navarra, no ofrecen ninguna información sobre los productos alertados.

Carencias en los protocolos de información del INC
FACUA critica que el INC no incluye a las organizaciones de consumidores en el sistema de información sobre los productos que se introducen en la Red.

El INC ofrece en su página web información excesivamente básica y en muchas ocasiones insuficiente sobre los productos notificados en España, además de actualizar las alertas con semanas de retraso con respecto a la fecha de su inclusión en la red. En cuanto a las alertas lanzadas desde otros países de la UE sobre productos que podrían comercializarse en cualquier país europeo, se limita a incluir un enlace a la web habilitada por la Comisión Europea, que sólo ofrece información en inglés.

Además, el Instituto Nacional del Consumo carece de un mecanismo por el que los consumidores puedan suscribirse al envío de las alertas por correo electrónico.

El Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, establece en su artículo 17.2 que “los ciudadanos tendrán derecho de acceso, en general, a la información de que dispongan los órganos administrativos competentes con relación a los riesgos que los productos entrañen para la salud y la seguridad de los consumidores, de conformidad con las exigencias de transparencia y sin perjuicio de las restricciones necesarias para las actividades de control en investigación”. “En particular”, continúa la norma, “tendrán acceso a la información sobre la identificación del producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas”.

Se trata de un derecho a la información de los consumidores, advierte FACUA, escasamente desarrollado por el organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Cientos de productos cada año
En el primer trimestre del año se han incluido en España más de 200 productos en la red de alerta. En 2008 fueron 610, frente a los 570 de 2007 y los 391 de 2006, el año que el INC comenzó a incluirlos en su web.

A nivel de la UE, en lo que va de año la lista asciende actualmente a 417 productos. En 2008 la cifra fue de 1.542; en 2007, 1.332; en 2006, 915; y en 2005, el primer año que aparece en la web de la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores de la CE, 713 productos alertados.

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