Los principales delitos por fraude a la Seguridad Social en las empresas

La Policía Nacional destapó el año pasado más de 129 millones de euros de fraude a la Seguridad Social. Los especialistas de la Brigada Central de Delincuencia Económica detuvieron e imputaron a un total de 1.612 personas que realizaron delitos contra la Seguridad Social, como por ejemplo incumpliendo la obligación de cotizar, acumular deuda con la Seguridad Social, cambiar la denominación de la empresa, descapitalizar la empresa, falsificar documentos de cotización o cometer irregularidades en el alta y baja de trabajadores a la Seguridad Social. El objetivo de este tipo de empresarios que incumplen sus obligaciones con la Seguridad Social persiguen obtener prestaciones o subsidios fraudulentos.

Dentro de este ámbito delictivo las investigaciones suelen iniciarse como consecuencia de irregularidades detectadas por las distintas entidades de la Seguridad Social en sus controles habituales, por comunicación de otras unidades policiales sobre denuncias recibidas y a instancia de las autoridades judiciales sobre hechos de los que conocen. Cerca de 900 personas jurídicas y más de 2.800 personas físicas fueron investigadas en el marco de las 531 abiertas durante 2011.

Principales delitos
–Contra la Seguridad Social: cometidos por los responsables de empresas que incumplen sistemáticamente la obligación de cotiza y tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.

–Insolvencia punible: cometida por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros y quedando la deudora en situación de insolvencia. Este tipo delictivo también se da en aquellas personas físicas que incumpliendo igualmente y de forma sistemática la obligación de cotizar, cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el procedimiento de apremio, venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.

–Falsificación de documentos de cotización (certificados de situación de cotización o boletines de cotización): cometidos por responsables de empresas que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas, a efectos de la responsabilidad solidaria o subsidiaria, los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado.

–Otras falsedades documentales: en relación con el alta y afiliación de trabajadores llevadas a cabo en unos casos para simular una relación laboral inexistente y como consecuencia de la misma obtener, prestaciones, subsidios u otros beneficios que la afiliación al Sistema de Seguridad Social contempla, y en otros, casos de ciudadanos extranjeros en situación irregular para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.

Los notarios ponen a disposición de Inspección de Trabajo toda la documentación que poseen de empresas para combatir el fraude a la Seguridad Social

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado un Convenio de Colaboración entre ambas entidades, que se enmarca dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, y que supone un paso importante en la lucha contra el fraude social. Así, el Consejo General del Notariado pone a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano encargado de luchar contra el fraude en las materias propias del Ministerio de Empleo, toda la información de que dispone con el fin de combatir el fraude en materia de empleo irregular.

En particular, se establecen los procedimientos telemáticos precisos entre ambas instituciones, para agilizar la recepción y el suministro de la información del Índice Único informatizado, tras las solicitudes concretas de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de la supervisión y la inspección.

Para posibilitar este acceso se ha modificado el artículo 9 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Ley 13/2012, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Esta herramienta legal, que deriva asimismo del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se configura como un instrumento trascendental para lucha contra estas conductas fraudulentas que perjudican a todos los ciudadanos.

Acceso a todos los documentos
Esto supone un paso trascendental en la cooperación institucional que permitirá a la Inspección de Trabajo acceder de modo rápido y eficaz al contenido de todos los documentos que reflejan los actos jurídicos en los que hayan intervenido los notarios, desde que se incorporaron al Índice Único, como instrumento eficaz para la lucha contra el fraude.

Mediante este acceso se obtendrá información fundamental para la función inspectora, como la referente a la composición de órganos de administración de sociedades, la intervención en compraventa de acciones y participaciones sociales, la constitución de hipotecas, apoderamientos, y, en general, para determinar la efectiva titularidad y gestión de las empresas.

De esta manera, se facilitará la investigación de supuestos complejos de fraude, tales como los constituidos por las denominadas “empresas ficticias”, y se contará con un instrumento de indudable utilidad para determinar la existencia de casos de derivación de responsabilidad por deudas a la Seguridad Social, cuando se produzcan sucesiones empresariales o para declarar la existencia de grupos de empresas no transparentes.

Plan de lucha contra el fraude
En el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, se articulan una serie de medidas y reformas normativas que, o bien se han adoptado ya, o bien, se hará próximamente.

Para la consecución de los objetivos, el Plan despliega un ambicioso conjunto de actuaciones de diferente índole, de las cuales destaca el reforzamiento de las relaciones institucionales en la lucha contra el fraude.

Uno de los principales pilares de esta cooperación institucional es la colaboración entre las distintas administraciones públicas para alcanzar un objetivo fundamental: el tratamiento integral en la lucha contra el fraude.

El objetivo del Plan es dar respuesta a la necesidad de intensificar las actuaciones tendentes a afrontar determinadas conductas insolidarias e injustas, que generan efectos muy negativos para la sociedad en general, tales como el deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores; la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social; y la injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, cumplidores de sus obligaciones legales.

Las Comunidades Autónomas a través de sus inspectores ya combaten el fraude a la Seguridad Social o el trabajo no declarado

Desde ayer 12 de agosto de 2012, los Directores Territoriales de las Comunidades Autónomas tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y actuaciones inspectoras sobre su territorio para desarrollar acciones sobre sectores, situaciones o empresas cuya actividad rebase el ámbito provincial y no exceda el de la Comunidad Autónoma en cuanto a perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el fraude en la obtención de prestaciones del Sistema, así como velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar; combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas y aquellas que le asigne la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Todas estas funciones están en línea con el objetivo gubernamental de combatir con todos los medios a su alcance el grave problema del trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social, para el que acaba de renovar las penas por fraude a la Seguridad Social.

Las direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asumen así nuevas funciones en la lucha contra el fraude. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dispuesto mediante Orden Ministerial la asignación de nuevas funciones a las Direcciones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las Comunidades Autónomas.

Para llevar a cabo este nuevo cometido, los Directores Territoriales tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y de actuaciones sobre sujetos, situaciones o sectores de actividad que puedan operar dentro del territorio de una Comunidad Autónoma.

Lucha contra el fraude
De esta forma la máxima autoridad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una Comunidad Autónoma podrá actuar de forma más efectiva en la lucha contra el fraude.

Los Directores Territoriales dirigirán la investigación de posibles supuestos de fraude cuando las empresas operen con estructuras descentralizadas en distintas provincias y territorios como ocurre en los supuestos de contratas y subcontratas de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal.

La Orden publicada el 11 de agosto en el BOE, cubre la laguna que se generaba cuando a pesar de haberse detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social situaciones de fraude en una provincia, las empresas investigadas disponían de otros centros de trabajo ubicados en una provincia distinta, incluso fuera de esa Comunidad Autónoma.

Inspectores y subinspectores
Ahora lo que se pretende es que los inspectores y subinspectores adscritos a las Direcciones Territoriales puedan extender su actividad a todo el territorio de la Comunidad Autónoma y que además puedan servir como estructuras de intercambio de información con la Dirección Especial (que tiene competencias sobre todo el territorio nacional) y con las Inspecciones Provinciales.

El Gobierno culmina de esta forma el desarrollo de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cumpliendo con lo establecido en el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013 y de acuerdo con el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código Penal en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, a pesar de que diversos organismos piden más esfuerzo en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social o diferentes medidas para recaudar menos impuestos gracias a la lucha contra el fraude.

Todos los detalles del nuevo Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha aprobado en su reunión de hoy un acuerdo que contiene un Plan de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social. Este plan incorpora medidas normativas que se articularán mediante un Anteproyecto de Ley Ordinaria y un Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal. El plan de medidas de lucha contra el fraude tiene como principal objetivo la acción contra comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales. Este plan, que abarcará hasta finales de 2013, es coherente con el proceso de consolidación presupuestaria en marcha y contribuye a la sostenibilidad del estado del bienestar en España.

El citado Plan da continuidad a las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal adoptadas el pasado 13 de abril. Es la respuesta a la necesidad de intensificar las actuaciones tendentes a afrontar determinadas conductas insolidarias e injustas que generan efectos muy negativos para la sociedad en general: primero, el deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores; segundo, la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social; y tercero, una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, cumplidores de sus obligaciones legales.

Objetivos del Plan y acciones
El Plan aprobado por el Consejo de Ministros de hoy tiene los siguientes objetivos:

– Impulsar el afloramiento de la economía sumergida, a fin de regularizar las condiciones de trabajo y generar mayores recursos económicos para el Sistema de la Seguridad Social, por el pago de cotizaciones sociales.

– Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos relativos a las políticas de empleo.

– Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias creadas con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social.

– Identificar situaciones fraudulentas en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas.

Para la consecución de estos objetivos, el Plan despliega un ambicioso y novedoso conjunto de actuaciones de diferente índole, entre las que destacan:

1ª La reforma de la organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para adaptarla de manera más eficaz a la lucha contra el empleo irregular.

– Las actuales Direcciones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asumen funciones operativas en materia de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.

– Se constituyen nuevos equipos especializados en supuestos de empleo irregular y de derivaciones de responsabilidad.

2ª La dotación de mayores recursos humanos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra la economía irregular.- En 2012 se incorporarán 53 inspectores y 60 subinspectores, todos ellos destinados con carácter prioritario a la prevención, detección y lucha contra el empleo irregular.

3ª El refuerzo de los instrumentos de coordinación y colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos competentes en materia de políticas laborales, sociales y de empleo.

– El Plan fija mecanismos de colaboración estable entre la Inspección y el Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo de Garantía Salarial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social.

– Esta colaboración, que ya existe en otras materias como la prevención de riesgos laborales, se pretende extender a la lucha contra el empleo irregular a través del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como a las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4ª La modificación del Código Penal delimitando nuevos supuestos de fraude en los que se ha verificado que la sanción administrativa no es suficientemente efectiva. Tal es el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos. En esta línea, se pretende la ampliación del período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves, como por ejemplo, las “empresas fantasma” sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública. Por otra parte, se plantea la modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.

5ª El desarrollo de nuevas campañas de inspección en determinados sectores de actividad donde están identificadas posibles bolsas de fraude.

Anteproyecto de Ley integral de Lucha contra el Empleo Irregular y Fraude a la Seguridad Social

Este Anteproyecto de Ley -que forma parte del Plan- tiene como finalidad abordar la lucha contra el fraude de una forma más integral, sistemática y coordinada por parte del conjunto de organismos públicos competentes. A su vez, se pretende disponer de una legislación más adaptada a la situación presente y futura del mercado de trabajo y del sistema de Seguridad Social.

El texto normativo incluye modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, con el objeto de definir en términos más adecuados a la realidad actual la exigencia de responsabilidades y el régimen infractor y sancionador en el orden sociolaboral.

De entre las medidas que incorpora el Anteproyecto de Ley, destaca, en supuestos de fraude especialmente complejos, la posibilidad de ampliar desde los 9 hasta los 18 meses el período de comprobación por parte de la Inspección, previo al procedimiento sancionador, y la extensión del plazo, desde un año hasta tres, para exigir la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

A su vez, se elimina el límite actual de 187.515 €, con el objetivo de ampliar el grado de disuasión de las sanciones por impago de la cuotas de la Seguridad Social.

Medidas complementarias en materia de Empleo y Seguridad Social

En el marco del citado anteproyecto de Ley, se incorporan dos medidas complementarias en materia de empleo y seguridad social. El principal objetivo de estas medidas es limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad, así como contribuir a la prolongación de la vida activa de los trabajadores, que garantice la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

En primer lugar, el anteproyecto de Ley pretende reducir los costes que soporta el Estado como consecuencia de la inclusión, en despidos colectivos, de trabajadores de más de 50 años en empresas con beneficios. Para ello, se amplía el número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores cuyo contrato sea extinguido en el marco de una medida colectiva de la empresa: se rebaja de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.

Esta medida profundiza en la protección de trabajadores mayores de 50 años, desincentivando su despido en medidas de carácter colectivo en empresas de cierto tamaño con beneficios.

En segundo lugar, el Anteproyecto de Ley establece la supresión de las jubilaciones obligatorias pactadas en convenio colectivo. Esta medida ya se incorporó al ordenamiento jurídico en 2001 en la Ley 12/2001 y fue rehabilitada posteriormente a través de la Ley 14/2005. Se pretende que, en el actual contexto de crisis económica, no se pueda imponer la jubilación a estos trabajadores si desean continuar en su puesto de trabajo. Esta medida es coherente con el establecimiento de incentivos para ampliar voluntariamente la vida laboral.

La tramitación de las medidas normativas como Anteproyecto de Ley permitirá enriquecer y mejorar el texto, con las aportaciones de todas las partes implicadas, durante el trámite de informes preceptivos, y posteriormente, por las formaciones con representación parlamentaria, en su tramitación en las Cortes Generales.

Un grupo de marroquís defraudó más de 800.000 euros a la Seguridad Social ‘contratando’ a casi 700 supuestos trabajadores que hacían rotar por hasta seis empresas distintas

Creaban empresas ficticias a nombre de personas insolventes a las que prometían de 2.000 a 3.000 euros que en la mayoría de los casos no llegaban a pagar. Así llegaron a contratar a 685 supuestos trabajadores, cuyas cuotas de afiliación no eran abonadas, que entregaban el 50 % de los subsidios por desempleo obtenidos fraudulentamente. 175 de ellos llegaron a rotar por 6 empresas distintas. Hasta que han sido detenidas más de 30 personas por defraudar a la Seguridad Social unos 800.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han destapado en Mataró (Barcelona) un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 800.000 euros. Han sido detenidas 30 personas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), contra la Seguridad Social, falsedad de documento público y favorecimiento de la Inmigración ilegal.

Las investigaciones se iniciaron cuando se conoció la existencia de un grupo organizado, compuesto por individuos de origen marroquí, que había creado en Mataró una serie de empresas sin actividad a nombre de personas insolventes. Para utilizar su identidad, a los “testaferros” se les prometía una compensación de hasta 3.000 euros que normalmente nunca llegaban a recibir. La finalidad real de estas empresas era registrar continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores, sin corresponderse con una actividad real y sin abonar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social.

Rotación de trabajadores entre seis empresas
Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que un total de 6 sociedades constituidas por el grupo presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, hasta un total de 685. De ellos 175 fueron rotando por las distintas empresas con el fin de estar el mayor tiempo posible dados de alta, para posteriormente solicitar prestaciones por subsidio de desempleo del Servicio Público de Empleo y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, obtener por primera vez el permiso de residencia o tramitar su renovación. Una vez reconocida la prestación, los beneficiarios debían entregar cada mes la mitad de lo recibido a la organización. El total de la cantidad defraudada entre las empresas mencionadas y los trabajadores que habían llegado a percibir subsidios supera los 800.000 euros.

La organización criminal ahora desarticulada estaba perfectamente organizada, su funcionamiento era jerarquizado y contaban con amplios conocimientos de los trámites y requisitos legales necesarios. El principal responsable era un ciudadano marroquí, respaldado por tres varones de su misma nacionalidad que se repartían las diferentes funciones. Así, unos se encargaban de la captación de personas para poner a su nombre las empresas, otros de reclutar potenciales trabajadores que se prestaran al fraude y otros a facilitar los correspondientes documentos falsificados para llevar a cabo los diferentes trámites administrativos.

Hay 30 detenidos, considerados presuntos responsables de delitos de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y favorecimiento de la inmigración ilegal. La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Operativo de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Mataró (Barcelona).

La operación ‘Llétar’ destapa en Castellón un fraude de 2,2 millones en impagos de cuotas a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 2,2 millones de euros sólo en cuotas impagadas. En esta operación, bautizada “Llétar”, han sido detenidas 57 personas, cinco de ellas titulares de otras tantas empresas, y 71 han sido imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), contra la Seguridad Social, favorecimiento de la Inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Las investigaciones se iniciaron a partir de que la Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Lleida detectaran la existencia de empresas en las que se registraban continuos movimientos de altas y bajas, que aparentemente no se correspondían con una actividad real y que presentaban deudas en sus cotizaciones de seguros sociales.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) trasladó esta información a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía Nacional, dependiente de la Comisaría General de la Policía Judicial, especializada en la lucha contra el fraude.

Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que 11 empresas, de las que seis eran personas físicas, presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunas de las cuales se repetían en el entramado empresarial, al tiempo que incumplían sistemáticamente la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los seguros sociales de sus trabajadores. Los descubiertos por impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social ascendían a un total de 2.287.219,47 euros. Además, las empresas investigadas tampoco habían presentado la declaración de operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria, o lo habían hecho por cantidades mínimas.

Aportaban domicilios falsos
Las investigaciones detectaron asimismo que los domicilios presentados para la inscripción de las empresas en Seguridad Social eran falsos y sus titulares desconocidos en las direcciones que constaban, tanto en la propia Seguridad Social como en las bases de datos policiales.

Las empresas aparecían registradas con actividades de construcción, servicios de limpieza, carnicería y locutorio y habían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 660 trabajadores, de los que 115 solicitaron prestaciones y/o subsidios. Según los periodos de alta y carencia acumulados, 70 de estos solicitantes percibieron prestaciones por desempleo del SPEE y, en algunos casos, del Instituto Nacional de la Seguridad Social por maternidad. El total de lo percibido por este concepto asciende a más de 500.000 euros.

La operación “Llétar” ha concluido que la mayoría de empresas investigadas no desarrollaron actividad empresarial real y efectiva y las que la tuvieron en ningún caso se corresponde con el volumen de trabajadores que dieron de alta. Algunas de las personas llamadas a declarar afirmaron no haber trabajado y haber sido dadas de alta a cambio de entregas de dinero a los responsables de las empresas en cuantía que oscila entre los 150 y los 400 euros.

La operación ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con las Brigadas de Policía Judicial de Lleida y Reus (Tarragona).

La Seguridad Social se pone las pilas y empieza a recaudar un 30 % más en su lucha contra el fraude

El Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social impulsado desde el Gobierno de forma conjunta por Seguridad Social, Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo está mejorando notablemente los resultados en el primer cuatrimestre del año. En este periodo, la Seguridad Social ha recaudado por vía ejecutiva 524,1 millones de euros lo que supone un 29,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. Se ha intensificado el seguimiento de primeros descubiertos en medianas y grandes empresas, con un control preventivo de 74.895 empresas.

En 2009 la recaudación por este concepto ascendió a 1.452,8 millones de euros, 235 millones de euros más que en 2008 (19,3 %), cantidad que junto con el acumulado hasta abril de 2010 representa las cifras más elevadas de recaudación en vía ejecutiva tanto en el año como en el primer cuatrimestre desde la creación de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en 1988.

El cobro de deudas en vía ejecutiva se inicia una vez agotado el periodo voluntario establecido legalmente para hacer efectivo el abono de las cuotas y demás recursos de financiación de la Seguridad Social por quienes están obligados al pago.

Además del procedimiento de apremio, las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social regularizan deuda por medio de la concesión de aplazamientos, siempre y cuando la deuda no corresponda al sector público y sea inferior a 90.000 euros. Por esta vía, la recaudación ha sido de 115 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2010, un 41,3 % más que igual periodo del año anterior. En 2009 los ingresos por este concepto ascendieron a 287,2 millones de euros, un 32,7 % más que en 2008.

El refuerzo de la colaboración entre entidades públicas y privadas ha contribuido a que la Seguridad Social no solo haya incrementado la recaudación en vía ejecutiva sino también el volumen de la deuda susceptible de cobro. La cooperación con la Agencia Tributaria ha permitido el ingreso de 14 millones de euros por embargo de devoluciones tributarias en 2010, año en el que la recaudación por este concepto ya se había incrementado en 36 millones de euros respecto a 2008, un 65 % más.

Embargos
La TGSS ha potenciado en los últimos años el uso de medios telemáticos y nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, de esta forma se ha reducido el trámite de los expedientes de cobro de la deuda en vía de apremio. En el plazo de un mes desde el inicio del expediente, las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social disponen de toda la información patrimonial de la que es titular el deudor.

El impulso de los procesos informáticos y la reforma normativa de los plazos de retención han posibilitado que en lo que va de año la Seguridad Social haya ingresado cerca de 100 millones de euros por embargo de cuentas corrientes de morosos, lo que representa un 63,56 % más que en el mismo periodo de 2009.

Derivación de responsabilidades
La Tesorería General de la Seguridad Social ha potenciado las acciones para derivar la responsabilidad por el pago de la deuda a personas y empresas distintas de las inicialmente obligadas.

En 2009 se emitieron 18.105 derivaciones por importe de 534,3 millones de euros frente a las 13.500 emitidas en 2008 (+34,1 %). El incremento del número de derivaciones de responsabilidad realizadas se mantiene en 2010. Hasta el mes de abril se han emitido 6.985 derivaciones, 1.159 más que en el mismo periodo de 2009 (+19,9 %), por importe de 208,7 millones de euros.

Seguimiento y control de empresas
En cuanto al control de la deuda, la Tesorería General de la Seguridad Social ha intensificado el seguimiento de los primeros descubiertos de las grandes y medianas empresas. Durante el primer trimestre de 2010 se han analizado un total de 74.895 empresas, lo que representa un incremento del control de un 259 % con respecto a 2003. Como resultado de estas actuaciones se comprueban los casos de las empresas que contraen un primer impago con la Seguridad Social y a las que se ofrece la posibilidad de regularizar la deuda a través de fórmulas de pago o bien obteniendo un aplazamiento. El porcentaje de empresas que incurren en primer impago se sitúa en torno al 0,85 %, cifra muy similar a periodos anteriores, de éstas, el 75 % normalizan su situación con la Seguridad Social.

Por último, conviene destacar los resultados del Observatorio del Fraude, que la Tesorería General de la Seguridad Social constituyó con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir determinadas formas de fraude laboral y a la Seguridad Social. Entre las medidas previstas para 2010 destacan actuaciones en el control de los encuadramientos, situación de empresas insolventes con actividad o el control de los contratos a tiempo parcial. Además, se han diseñado diferentes iniciativas para el control de irregularidades en sectores como hostelería, servicios, agricultura, seguros y banca o vigilancia y seguridad. En este primer trimestre, el Observatorio del Fraude ha alcanzado ya el 30 % de cumplimiento del objetivo previsto para todo 2010.

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