Los inmigrantes alargan la seguridad de las pensiones de los españoles hasta 2023

El sistema español de pensiones tiene garantizado el equilibrio presupuestario hasta 2029, aunque el último estudio del Ministerio de Trabajo tiene en cuenta los efectos de la crisis económica y cifra en 2023 la fecha en que será necesario utilizar el Fondo de Reserva. No obstante, el crecimiento económico y del empleo de los últimos años, la incorporación de trabajadores extranjeros y las reformas realizadas han retrasado en ocho años el desequilibrio provocado por el envejecimiento de la población, en relación a lo previsto en el informe de 2005, que preveía que la ‘hucha’ del Fondo de Reserva tendría que empezar a utilizarse desde 2015.

La Seguridad Social tiene garantizado el equilibrio de sus cuentas hasta 2029, aunque a partir de 2023 será necesario hacer uso del Fondo de Reserva, según el informe trianual de Estrategia Nacional de Pensiones elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración que todos los Estados Miembro envían a la Comisión Europea.

El informe, que ha sido presentado hoy a los agentes sociales tiene en cuenta para la obtención de la proyección -acorde con las previsiones de los Presupuestos de la Seguridad Social para el próximo ejercicio- la incidencia de la crisis económica que se mantendrá hasta mediados de 2009, fecha a partir de la cual se espera recuperar la senda de crecimiento potencial. Las contribuciones y observaciones que realicen los agentes sociales al informe serán objeto de consideración en el proceso de diálogo social y, en particular, en la nueva ronda de trabajos de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo que se iniciará próximamente.

Las conclusiones principales de este tercer informe sobre el futuro del sistema de pensiones (el primero data de 2002) indican que:

– El total de ingresos del sistema de pensiones será suficiente para cubrir los gastos totales hasta el año 2023. (En la proyección de 2005 se situaba en 2015)

– Durante ese período, en el que se seguirá produciendo superávit, continuará incrementándose el Fondo de Reserva y sus correspondientes intereses, que alcanzarán previsiblemente una cifra equivalente al 6,5 por ciento del PIB en 2023.

El crecimiento económico y del empleo de los últimos años, la incorporación de trabajadores extranjeros, la gestión eficiente y austera del sistema y las reformas realizadas, como la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, retrasan en ocho años el desequilibrio provocado por el envejecimiento de la población en relación a lo previsto en el informe de 2005.

La reforma de la Ley 40 que ha entrado en vigor este año tendrá su continuidad en los trabajos que próximamente iniciará la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Con estas proyecciones, el plazo de maniobra para consolidar una próxima reforma del sistema de pensiones que permita mantener el equilibrio de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, se fija más allá de 2029.

Las proyecciones que realiza el informe se han obtenido del importe del gasto en pensiones y del importe de los ingresos por cotizaciones, para lo que se han utilizado las hipótesis de las proyecciones demográficas de Eurostat y el escenario macroeconómico del Ministerio de Economía, que coinciden con las propuestas por el subgrupo de envejecimiento del Comité de Política Económica de la UE.

En relación con las cotizaciones sociales, las cifras de empleo del periodo 2005-2007 han sido sensiblemente superiores a las previstas en la proyección de 2005. Las previsiones macroeconómicas en aquel momento situaban el crecimiento del empleo en el 2,3 %; 2,3 % y 2,6 % para los años 2005, 2006 y 2007, y la realidad, derivada del importante crecimiento económico de dichos años, ha supuesto que dichos incrementos se hayan situado en el 3,2 %; 3,2 % y 3,0 % respectivamente. Esta diferencia, trasladada al colectivo de cotizantes ha supuesto un mayor número de 491.377, 718.735 y 852.342 cotizantes, para cada uno de dichos años.

Por otro lado y en relación con el aumento potencial del empleo más allá del año 2010, las hipótesis del comportamiento del empleo son ahora mayores que las de 2005.

Las cifras de proyección del gasto en pensiones se mantienen estables hasta el año 2020, en cuantías que se sitúan alrededor de un 8,5 por ciento del PIB. Por otro lado la mayor intensidad del efecto del proceso de envejecimiento se manifestará previsiblemente a partir del año 2030.

La Estrategia Nacional sobre Pensiones forma parte del II Informe Nacional de Estrategias para la Protección Social y la Inclusión Social del Reino de España 2008-2010, en el que también se incluye el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y las Estrategias Nacionales de Atención Sanitaria y Cuidados de Larga Duración. La elaboración del informe ha sido coordinada por los Ministerios de Educación, Política Social y Deporte, Trabajo e Inmigración y Sanidad y Consumo.

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