Los empleados que cometen más fraude son directivos del área de finanzas, ventas o marketing

¿Qué empleados roban dinero, información o abusa de su cargo para cometer fraude en la empresa? Seis de cada 10 casos de fraude en la empresa los cometen los propios empleados y, en su mayoría, con ayuda de cómplices. Los directivos que llevan trabajando más de 6 años son un perfil claro de empleados que cometen fraude, según el informe “Perfiles de un defraudador” de KPMG.

Perfil del defraudador

• El 70 % de los defraudadores tiene una edad comprendida entre los 36 y 55 años.
• Se trata de un empleado que trabaja en el área de finanzas, operaciones o ventas/marketing.
• Ocupa un puesto directivo o de gestión en el 29 % y 25 % de los casos, respectivamente.
• Su antigüedad en la organización es de más de 6 años.
• Es un defraudador ocasional: es decir, no reincidente. Se trata de un empleado de confianza, con un cargo de responsabilidad, y cuya supuesta conducta fraudulenta sorprendería a los demás. Los defraudadores recién contratados en una organización y que de forma incipiente comienzan a elaborar un plan de acción, son menos comunes.
• No actúa en solitario: en los casos en los que los defraudadores actuaron con cómplices, el 74 % de los delitos fueron cometidos a lo largo de entre uno y cinco años.
• No sienten necesidad de someterse a las reglas: una tercera parte de los defraudadores (36 %) señala la sensación de superioridad como motivo para justificar su fraude. Es posible que se deba al hecho de que el 29 % de los fraudes fueron cometidos por directivos, el cargo más frecuente en relación con la comisión de estos actos.

Fraude por necesidad o ‘porque puedo’
Según los casos analizados en el informe, la razón mayoritaria para cometer un fraude es económica. Del total de 1.082 motivaciones mencionadas en el análsis, 614 tienen que ver con la avaricia, el beneficio económico y las dificultades económicas, mientras que otras 114 estaban relacionadas con el cumplimiento de objetivos de negocio. El único motivo no financiero con una frecuencia similar es la simple voluntad de hacerlo (o “porque puedo”) con 106 casos.

En cuanto a los delitos más comunes, en el 56 % de los casos el fraude más frecuente es la apropiación indebida de activos, donde la malversación representa el 40 % y el fraude en las compras el 27 %. El segundo fraude más habitual es la obtención de ingresos de activos mediante actividades fraudulentas o ilegales (24 %).

Respecto a la cuantía de los mismos, en el 43 % de los casos en los que el defraudador no actuaba solo, el impacto económico para las víctimas excedió la cifra de 500.000 dólares; en el 18 % supuso una cuantía total de entre 50.000 y 200.000 dólares y en el 16 % de los fraudes analizados alcanzó la suma de los 5.000.000 dólares, cifra superior a la registrada en los casos en los que el defraudador actuó en solitario.

Respuesta del defraudador al rápido cambio del mundo empresarial
El informe de KPMG revela que el comportamiento del defraudador no es predecible ya que varía continuamente. Los tres factores tipificados que incitan al fraude: motivación, oportunidad y racionalización. Las organizaciones tienen que entender el comportamiento en constante cambio del defraudador para mitigar el riesgo de fraude y responder rápidamente a potenciales delitos.

“Lo desconcertante de los fraudes es que siempre están mutando, como el virus de la gripe. Puedes curar la enfermedad, pero el próximo año puede evolucionar a algo igual de dañino, o incluso peor”, afirma Ángel Requena, socio del Área de Forensic de KPMG en España.

Un cambio destacado es el creciente uso de tecnología por parte de los defraudadores, y no sólo en países tecnológicamente avanzados. Constituye una preocupación para todas las empresas el hecho de estar a punto de encontrarnos con una nueva generación de defraudadores capacitada para usar más tecnología y con acceso a mucha más información que las generaciones anteriores. Todo ello indica el inicio de una nueva era para el fraude y las actividades ilegales.

“Las empresas no pueden quedarse de brazos cruzados y esperar a que los controles implementados en el pasado detengan al defraudador de hoy o de mañana”, prosigue Ángel Requena. “La tecnología no sólo facilita las acciones del defraudador sino que también favorece la creación de barreras de defensa en las organizaciones. Enfoques más innovadores como los análisis y la gestión de datos, proporcionan a las empresas una oportunidad de valor para atrapar al defraudador”, continúa el socio.

Falta de control interno
Según el estudio, el 54 % de los casos de fraude fue motivado por la debilidad de los controles internos en las compañías. Esto indica que, si muchas organizaciones endurecieran los sistemas de control y supervisión de los empleados, la oportunidad de cometer un fraude se reduciría visiblemente. Es muy frecuente que las organizaciones pasen por alto la prevención del fraude mediante la implantación de los controles adecuados y aprendan de sus errores cuando ya es demasiado tarde.

Sin embargo, unos controles internos sólidos no impedirán todos los fraudes. Según el informe, el 20 % de los defraudadores cometieron el delito de forma temeraria, saltándose todos los controles. En el 11 % de los casos, actuaron en connivencia con otras personas para eludir los controles, por lo que, en ambos casos, el defraudador puede ser una persona que conoce los controles y sabe cómo manipularlos, o que encuentra un fallo en los mismos por accidente y se aprovecha de ello.

Cultura de corrupción
La cultura influye en gran medida en nuestras acciones y determina lo que se considera una conducta ética y correcta, como en el caso de España, donde se actúa como creemos que los demás también lo hacen. Por lo tanto, es interesante destacar las principales diferencias regionales en las conclusiones del estudio.

A escala global, en uno de cada tres fraudes (33 %) estuvieron presentes elementos de soborno y corrupción. Este porcentaje varía en Estados Unidos (24 %), China (48 %), los países miembros de la CEI (64 %) y África Occidental (67 %).

Los defraudadores de Canadá, más que en otros países, intentan evitar los riesgos de tener un cómplice.

El 50 % de los casos investigados en Estados Unidos se produjeron en un entorno muy regulado, al igual que en China ( 50 %), el 33 % en la CEI y ningún caso en África Occidental.

En el Reino Unido, Canadá, República Checa e India se registraron más casos de fraude cometido por empleados que llevaban trabajando para la organización afectada de uno a cuatro años que en Sudáfrica y Alemania.

“En última instancia, el defraudador del futuro dependerá de las oportunidades que se le presenten”, señala Ángel Requena. “Hace dos décadas, sacar dinero de manera ilícita de un banco solía llevarse a cabo con una banda bien organizada que a veces recurría a la violencia o falsificaba firmas para lograr sus propósitos. Las oportunidades de robar en un banco se han transformado con Internet, los dispositivos inteligentes y la capacidad de analizar enormes cantidades de datos. Las empresas deben anticiparse para ver si un cambio en la economía o en el entorno afecta sus posibilidades de riesgo de fraude”, concluye el portavoz.

Acerca del estudio

El estudio, realizado a partir del análisis de un total de 596 defraudadores implicados en actos cometidos en 78 países, revela que el 42 % de los defraudadores ya que llevaban trabajando en la organización más de seis años y que el defraudador típico ocupa un puesto directivo. Se recopilaron datos de investigaciones sobre fraudes en las regiones de Europa, Oriente Medio y África (EMA); América y Asia-Pacífico entre agosto de 2011 y febrero de 2013. En el estudio se examinaron investigaciones de delitos económicos en los casos en que se conocía al autor y había disponible información contextual detallada sobre el delito.

El fraude y la corrupción afloran en época de crisis y uno de cada tres directivos la justifica

Según el estudio ‘European Fraud Survey 2011′ de Ernst & Young:

• El 30 % de los directivos consultados justifica el pago de sobornos para obtener un negocio
• El 82 % de los empleados están convencidos de que sus directivos utilizarían ‘atajos’ para cumplir sus objetivos
• El 42 % de los trabajadores percibe un aumento de las prácticas corruptas en nuestro país debido a la crisis
• Ocho de cada diez señala que sus directivos están presionados para conseguir unos óptimos resultados financiero La crisis económica sigue siendo un caldo de cultivo perfecto para el aumento de conductas fraudulentas en el mundo de la empresa. Casi seis de cada diez empleados de compañías españolas afirman que el soborno y la corrupción se están extendiendo en el mundo de los negocios; es más, el 82 % de los mismos piensa que la dirección de la compañía utilizaría ‘atajos’ para alcanzar los objetivos de su empresa, un resultado que está veinte puntos por encima de la media europea. Estos datos forman parte del último estudio internacional de Ernst & Young, European Fraud Survey 2011, publicado hoy mismo.

El estudio, realizado entre 2.365 empleados, mandos intermedios y directivos de compañías de 25 países europeos, incluido España, recoge su percepción sobre el fraude, el soborno y la corrupción en el mundo empresarial.

Como punto de partida, el informe establece un escenario marcado por la situación de crisis en nuestro país, en el que el 42 % considera que la corrupción se ha incrementado en los dos últimos años como consecuencia de la precaria situación económica. Además, el 81 % de los consultados vaticina para los próximos doce meses dificultades en la actividad de muchas compañías si bien, la situación ha mejorado ligeramente con respecto al informe publicado en 2009, cuanto el porcentaje era del 95 %. A esta situación se suma otro dato inquietante: el 80 % de los consultados en España se muestra de acuerdo en que los directivos están presionados para conseguir unos óptimos resultados financieros, cinco puntos por encima de la media en Europa.

En este escenario, los resultados para España del informe revelan algunas actitudes cuanto menos preocupantes sobre la ética en los negocios. Los empleados confían poco en la dirección de la compañía, puesto que el 82 % cree que utilizaría ‘el camino más corto’ para conseguir los objetivos fijados, muy por encima del 62 % registrado de media en Europa. Sorprendentemente, esta cifra se eleva al 90 % cuando quien responde se encuentra en un puesto directivo, 40 puntos por encima de la media europea.

Entre los ‘atajos’ para conseguir un negocio -regalos personales o pagos en metálico, entre otros-, el 30 % de los directivos nacionales consultados vería justificado el pago de un soborno si ello contribuyese al crecimiento de la empresa, frente al 19 % registrado de media en Europa. Sólo cuatro de cada diez no procedería de esta forma, un resultado inferior al obtenido por sus colegas europeos, que es del 51 %.

“La mayor tolerancia hacia el fraude, el soborno y la corrupción que observamos en el estudio, junto con las iniciativas de reducción de costes en muchas empresas, les están generando una mayor exposición a sufrir un fraude. Para la dirección de las compañías, así como para los consejos de administración, debería ser una prioridad reforzar su compromiso con la ética en los negocios y que esta actitud sea también percibida por sus empleados y grupos de interés”, afirma Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de Ernst & Young.

“Además, -añade- con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las empresas en su conjunto deben concentrar sus esfuerzos en la prevención de los delitos, mientras que los administradores y los comités de auditoría tienen la responsabilidad de que este objetivo se concrete en medidas efectivas de control interno”.

Falta de cultura anti-fraude
La cultura anticorrupción y antifraude parece que todavía no ha calado por completo entre las compañías españolas. El 49 % reconoce que su empresa dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56 % de la media en Europa. Además, sólo el 19 % de los consultados en nuestro país afirma haber recibido formación en este ámbito, un dato muy alejado del 38 % obtenido por sus colegas europeos.

Aunque los datos del informe muestran una tendencia al aumento de las prácticas fraudulentas, sin embargo, no se atisba un mayor esfuerzo por parte de las compañías a la hora de aplicar medidas de prevención. Según se desprende de las respuestas de los profesionales españoles consultados, se ha registrado un descenso generalizado en el uso de mecanismos para combatir el fraude con respecto a hace dos años, por ejemplo, en la auditoría interna y externa, en mayores controles sobre el gasto, el desarrollo de códigos de conducta, en asesoría jurídica interna o en formación antifraude.

Pese a esta aparente reducción de esfuerzos por parte de las empresas en combatir el fraude, Noreña asegura que “estamos trabajando con un elevado número de compañías españolas que quieren establecer medidas de control para la prevención de delitos. La aprobación del nuevo Código Penal ha sido clave en esta actitud, además de por los riesgos que entraña la ausencia de este tipo de medidas, porque los programas de cumplimiento penal son también una herramienta competitiva para mantener una imagen de transparencia y control”.

Por ejemplo, -continúa-, a la hora de seleccionar a un determinado proveedor “es muy relevante el grado de seguridad y confianza que éste ofrece en cuanto a su entorno de control y a sus medidas para prevenir delitos. De esta forma, las empresas quieren evitar el “efecto contagio” en sus prácticas de negocio así como el daño reputacional que supondría que un proveedor actúe más alla de los límites de la legalidad”, explica.

En el mismo sentido, Estados Unidos aprobó en 2010 la Ley Dodd-frank. Entre otros supuestos, establece que aquellos empleados de compañías cotizadas estadounidenses que ofrezcan información al regulador estadounidense, sobre presuntas conductas ilegales en su empresa, tendrán derecho, en determinadas circunstancias, a recibir una recompensa sustancial. Una gran mayoría de los consultados en España, el 71 %, ve efectiva esta medida, puesto que estimularía a los empleados de dichas empresas a informar de casos sospechosos de fraude, soborno o corrupción.

Más supervisión por parte de las autoridades
En cuanto al papel de las autoridades públicas en la lucha contra el fraude, el informe revela cierta frustración en los empleados sobre esta labor ya que piden una mayor supervisión por parte de los reguladores. El 60 % de los españoles está muy de acuerdo en que estos organismos aumenten los controles a empresas, frente al 45 % de media en Europa. De hecho, no se muestran del todo satisfechos con el papel de los reguladores en la lucha contra el fraude: para el 44 % de los empleados españoles, estas instituciones dan la apariencia de combatir las prácticas corruptas aunque no son efectivas a la hora de conseguir una condena para quien ha cometido este tipo de delitos.

En línea con lo que los encuestados demandan, “es muy posible que en un futuro próximo se incremente el nivel de supervisión por parte de los reguladores y la persecucicón de los delitos por parte de la Administración de Justicia”, concluye Noreña.

La corrupción en las empresas por la crisis esconde el deseo de mantener el estilo de vida al que se está acostumbrado

La crisis internacional está aumentado los casos de corrupción en las empresas de los países más ricos, debido a la mayor vulnerabilidad derivada del recorte de gastos en materia de seguridad. El deseo de mantener el estilo de vida al que se está acostumbrado o incluso la imitación de conductas delictivas arraigadas, se esconden detrás de numerosos casos. I2 Integrity Iberia, con el apoyo internacional de organismos como PACI o el Global Compact de Naciones Unidas, defiende la creación de una cultura de honestidad y moral elevada en las empresas para evitar el fraude.

Según los estudios realizados por Transparencia Internacional y la Asociación de Profesionales Certificados de la Investigación Contra el Fraude (ACFE), la crisis internacional está aumentado los casos de corrupción en las empresas de los países más ricos, debido a la mayor vulnerabilidad derivada del recorte de gastos en materia de seguridad. En Europa, se “pierden” cada año 120 mil millones de euros en corrupción, lo que equivale al 1 % del PIB de los 27 países miembros. Los resultados de los últimos estudios sobre corrupción, como el European Fraud Survey 2011, arrojan datos preocupantes en este sentido: empleados, mandos intermedios y directivos de compañías europeas justifican, en altos porcentajes (30 % en España, frente al 19 % en Europa), el pago de sobornos (regalos personales o pagos en metálico) para conseguir un negocio.

Gertrudis Alarcón, directora general de I2 Integrity Iberia, explica que determinados agentes ven cómo sus motivaciones y presiones para cometer fraude se incrementan según crecen las dificultades económicas “el deseo de mantener el estilo de vida al que se está acostumbrado o incluso la imitación de conductas delictivas arraigadas en las empresas y que pasan desapercibidas para la dirección son las razones que se esconden detrás de numerosos casos de fraude”.
Según la consultora española “es necesario crear y mantener una cultura de honestidad y moral elevada; evaluar los riesgos de fraude, implementando los controles necesarios para reducir las oportunidades de comisión del delito y, por último, vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos”. Por ello, I2 integrity Iberia se ha adherido al Global Compact de Naciones Unidas, un pacto global mundial que se define como una iniciativa voluntaria de civismo empresarial para defender los valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. “A través de este tipo de iniciativas, i2 integrity Iberia fomenta la responsabilidad cívica de la empresas de modo que éstas puedan contribuir a la solución de los retos que plantea la globalización” añade Alarcón.

I2 Integrity Iberia es la única consultora antifraude en España miembro de PACI, Partnering Against Corruption Initiative, el programa global anticorrupción liderado por el Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y el Basel Institute on Governance: una alianza de empresas unidas para luchar contra la corrupción y el soborno con el fin de potenciar la transparencia empresarial evitando al tiempo pérdidas económicas y perjuicios reputacionales.

Uno de cada tres directivos reconoce prácticas corruptas en las empresas españolas

Pese a que el 60 % de los directivos consultados en España opina que las prácticas corruptas en el entorno empresarial no se producen en nuestro país, el 34 % sí las reconoce como habituales dentro de nuestras fronteras, una cifra superior al 22 % de la media de Europa, tal y como recoge el estudio ‘Global Fraud Survey 2012′ de Ernst & Young. Algunos directivos se apoyan en la presión por conseguir objetivos en un contexto de crisis económica para incumplir las normas internas de las empresas y las leyes. En concreto, el informe muestra un preocupante aumento del uso de los regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento para conseguir un contrato: así lo afirmaron el 26 %, diez puntos más que en el anterior informe; también crece el porcentaje de quiénes no ponen objeción al uso de regalos personales para conseguir un negocio, del 2 % al 12 %. Sin embargo, los pagos en metálico han descendido del 18 % al 12 % en el mismo periodo.

La intensidad de la crisis sigue siendo para algunos directivos la coartada perfecta para justificar conductas poco éticas en el mundo de los negocios. Es el caso de los regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento, que son una práctica justificada para casi tres de cada diez directivos españoles. Este dato se une al hecho preocupante de que el 94 % de los mismos considera que la dirección de la compañía estaría dispuesta a tomar atajos para conseguir sus objetivos cuando la media de Europa es del 56 %.

El actual escenario de recesión de la actividad económica puede generar una relajación en el nivel de compromiso con la ética en los negocios y el consiguiente aumento del fraude, el soborno y la corrupción. “Lejos de bajar la guardia, las empresas deberían reforzar la eficiencia de sus sistemas de prevención. Esta recomendación también es extensible para quienes invierten en mercados emergentes donde la amenaza es mayor si cabe que en Europa Occidental y, además, cuyas consecuencias también pueden ser muy negativas para el crecimiento internacional de la compañía”, explica Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de Ernst & Young.

Los riesgos de los mercados emergentes

Las empresas de todo el mundo, incluidas las españolas, han encontrado en los mercados emergentes la alternativa para impulsar sus ingresos. Sin embargo, sólo el 46 % de los españoles consultados en el informe reconoce que esta expansión conlleva también una serie de riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, por debajo del 61 % registrado de media en Europa Occidental.

Una de las principales amenazas es la relativa a la responsabilidad de la empresa ante la implicación de terceras partes que puedan actuar en su nombre como, por ejemplo, los agentes comerciales contratados para abrir negocio en nuevos mercados. En este sentido, el 26 % de los españoles no considera que ello les genere problemas ya que no entraría dentro de su responsabilidad el delito que pueda cometer un intermediario. Sin embargo, el 36 % sí considera que su empresa podría verse afectada por una actuación fraudulenta de terceras partes.

A la hora de gestionar la relación con los intermediarios, las empresas españolas optan, principalmente, por la comprobación de los antecedentes de terceros, por las bases de datos de proveedores aprobados, así como por la verificación de quiénes son los propietarios de la sociedad que tiene relación con la compañía, si bien en un porcentaje menor que la media de Europa Occidental.

Este aspecto es llamativo si se tiene en cuenta que “una de las razones por las que se producen tantas situaciones irregulares o gastos excesivos en las empresas -explica Ricardo Noreña- es, precisamente, por la falta de rigor en las comprobaciones de quiénes son esos terceros al iniciar la relación comercial o al renovar esta. Por eso, pensamos que deberían incrementarse estos controles así como unas políticas de renovación de las relaciones comerciales con terceros, en las que se compruebe, al menos cada dos años, con quién se están haciendo negocios”.

¿Son efectivos los controles?

Con el fin de prevenir las prácticas fraudulentas, la mayoría de las compañías afirma haber establecido controles para ello, sin embargo, su efectividad se ve en entredicho según los resultados del informe. El 86 % de los consultados en España considera que la dirección de la empresa ha comunicado claramente su compromiso para prevenir la corrupción y el 74 % asegura que dispone de un código de conducta y de políticas anticorrupción que, además, establece las sanciones para quienes las vulneren. Sin embargo, sólo uno de cada dos directivos tiene la impresión de que un empleado es sancionado por la empresa cuando infringe las normas.

A la hora controlar el cumplimiento de esas políticas internas, las compañías españolas prefieren el establecimiento de auditorías internas periódicas y de canales internos de denuncia como mecanismos control, frente a las auditorías realizadas por terceros que, en cambio, sí son más empleadas por la media de países europeos.

Sobre la posibilidad de implantar en España un sistema de incentivos para denunciar conductas fraudulentas a través de canales de denuncia, tal y como ya establece la Dodd Frank Act en Estados Unidos), el 62 % de los directivos españoles se muestra favorable a su uso frente al 38 % de la media de Europa Occidental.

En cuanto al papel de las autoridades y los organismos reguladores en la lucha contra el fraude, los directivos españoles consultados reconocen su labor para perseguir los casos de soborno y corrupción aunque, en opinión del 86 %, no suelen conseguir sentencias condenatorias para quiénes infringen las leyes o éstas se producen muy a largo plazo. Por eso, casi el 90 % cree necesaria una mayor supervisión por parte de estos organismos con el fin de reducir el riesgo de fraude, soborno y corrupción frente a sólo el 61 % de media en Europa Occidental.

“También sería deseable una mayor concreción de determinados supuestos de la legislación penal y una mejora en los actuales niveles de formación de la Administración de Justicia en relación con el funcionamiento de las empresas, el mundo de los negocios, las finanzas y la contabilidad. Una adecuada especialización de los jueces penales en esta materia y el apoyo de especialistas en finanzas, contabilidad o informática forense contribuirían, a buen seguro, a que la Administración de Justicia fuera más rápida y efectiva”, explica Ricardo Noreña. Y añade que sería necesario “un mayor pragmatismo a la hora de aplicar la Ley en aspectos como, por ejemplo, la búsqueda del dinero defraudado o la reparación del daño causado”.

Por último, en lo referido a las operaciones de fusiones y adquisiciones, las empresas españolas se muestran más cautelosas a la hora de cerrar una operación y, por eso, ha crecido el número de directivos que aseguran que su compañía ha realizado una due diligence antifraude, bien antes de cerrar la compra o bien durante el proceso de integración de la compañía, concretamente del 75 % al 81 %. Esta cifra es más alta que el 53 % registrado de media en los países de nuestro entorno. “Aunque la respuesta dada puede tener implícito un cierto grado de confusión entre lo que es una due diligence financiera y una due diligence en materia de cumplimiento penal”, finaliza Noreña.

El polígrafo, para evitar el fraude de los empleados

El polígrafo es una herramienta para gestionar la seguridad interna y combatir conductas delictivas por parte de los empleados. A lo largo de 2007, más de una treintena de empresas ha recurrido a la empresa OMNIS para esclarecer casos de robo, fraude o chantaje dentro de su organización, así como para testar la honestidad de los candidatos en procesos de selección de personal.

Aunque hasta el momento el uso del polígrafo se había circunscrito principalmente al ámbito particular y familiar, cada vez son más las empresas que recurren a esta tecnología para garantizar la seguridad y la transparencia dentro de la organización.

El 37 % de las pruebas realizadas por la empresa OMNIS se ha llevado a cabo en empresas. Aunque la mayoría de ellas busca esclarecer casos de robo o fraude detectados dentro de la propia organización (70 %), también las hay que recurren al polígrafo para investigar acusaciones de acoso y de chantaje, o para verificar el testimonio de los candidatos dentro de un proceso de selección de personal.

Entre las empresas que más demandan la prueba del polígrafo destacan aquellas que por la naturaleza de su actividad o el especial valor de los recursos con los que trabaja necesitan extremar las medidas para asegurar la honestidad de su personal: hoteles, joyerías, transporte de mercancías, comercios, etcétera.

En el ámbito laboral tres son los campos en los que actualmente el uso del polígrafo tiene amplia cabida. De una parte, en las evaluaciones pre-empleo, para neutralizar cualquier intento de un candidato de ocultar o distorsionar algún dato relevante sobre su persona, su historia o sus intenciones. En segundo lugar, para resolver casos de robo, fraude o cualquier otro tipo de conflicto; situaciones que resultan extremadamente costosas y dañinas para el funcionamiento de la empresa y su imagen. Por último, la realización de pruebas poligráficas puede integrarse dentro del plan de prevención de riesgos de la empresa y convertirse en un mecanismo más de control que permita a la organización evitar futuros conflictos.

La detección psicofisiológica de la mentira, por tanto, no sólo posibilita el esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades, sino que también disuade a trabajadores potencialmente nocivos de llevar a cabo sus intenciones.

A pesar de que en España aún no está tan extendida su utilización como en otros países, este instrumento científico está implantado a nivel gubernamental y privado en países como EE. UU., Canadá, Rusia, Reino Unido, Japón, Bélgica e Israel.

Investigaciones llevadas a cabo por universidades tan prestigiosas como la de Stanford sitúan al polígrafo como la técnica de investigación forense más fiable, sólo superada por la prueba del ADN. En los últimos años, diversos estudios realizados por organismos independientes han arrojado una fiabilidad del polígrafo por encima del 98 %.

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