Las grandes empresas llegan a pagar menos del 17 % por el impuesto de sociedades cuando las pymes asumen el 30 %

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran ‘injusto’ que las grandes compañías de nuestro país paguen de media en el Impuesto de Sociedades hasta cinco puntos menos que las pymes debido a las ‘excesivas facilitades’ para minimizar e incluso eludir el pago de sus obligaciones fiscales, cruzando muchas veces ‘la delgada línea roja’ que existe entre la elusión -uso abusivo de los instrumentos legales disponibles- y la evasión de impuestos. En este sentido, señalaron que el Impuesto de Sociedades ofrece “múltiples vías de escape” que en la práctica reducen “excesivamente” el tipo nominal de las grandes empresas, pasando del 30 % a situarse incluso por debajo del 17 %, inferior al de buena parte de sus empleados en el IRPF.

Una prueba de las facilidades que encuentran las grandes empresas a la hora de minimizar el pago de sus impuestos son los datos relativos a las 105 mayores entidades de crédito, cuyo tipo medio efectivo se sitúa en tan solo el 16,08 %, casi seis puntos menos que las microempresas.

A esta brecha fiscal hay que sumar los múltiples casos de “conflicto en la aplicación de la ley tributaria” en los que personas con grandes fortunas crean sociedades ex profeso para lograr reducir su carga impositiva, ya sea abusando de ventajas legales en determinados territorios -como es el caso de las Sociedades de promoción de empresas en las Haciendas Forales-, mediante la creación de SICAVs que en la práctica quedan en manos de un único inversor o a través de una sociedad patrimonial donde situar las rentas inmobiliarias.

Esta deficiente regulación ha permitido un desplome de los ingresos del Impuesto de Sociedades, que en cuatro años -de 2007 a 2011- descendieron en 28.212 millones de euros, lo que supone una reducción del 63 %, que en ningún caso puede atribuirse únicamente a la crisis o a la evolución de la actividad económica del país en este periodo.

Carga fiscal del Impuesto de Sociedades en las empresas con beneficios

Modificaciones antes de los Presupuestos Generales
Los Técnicos de Hacienda instaron al Gobierno a que cumpla su compromiso y ponga en marcha lo antes posible medidas encaminadas a recuperar el desplome recaudatorio en el Impuesto de Sociedades, algo que a su juicio pasa necesariamente por modificar los tipos actuales, suprimir o limitar determinadas ventajas fiscales y reducir el fraude, sin necesidad de demorarlas hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, Gestha propone la creación de un nuevo tipo impositivo del 35 % para bases imponibles partir del millón de euros de beneficios, de tal forma que el tipo nominal se mantenga en el 30 % vigente para los beneficios hasta un millón de euros, y se sitúe en el 35 % para los beneficios a partir de esta cantidad.

Según las estadísticas, estas cifras millonarias son declaradas básicamente por las grandes empresas que facturan más de 45 millones de euros al año. Además, esta única medida permitiría recaudar 13.900 millones de euros adicionales cada ejercicio fiscal, reduciendo las diferencias con el tipo efectivo con las microempresas y pymes.

Por otro lado, y a fin de reducir los abusos, conflictos y fraudes, el colectivo reclamó la supresión de figuras como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (Etves), limitar la participación máxima en las SICAV, revisar la tributación de las sociedades patrimoniales y de las unipersonales, y reducir el número de ajustes extracontables para acercar la cifra del resultado contable a la base imponible y que ésta no disminuya en 34.500 millones, como muestra la última estadística del impuesto.

En tercer lugar, los Técnicos propugnan que se les autorice a investigar posibles abusos y fraudes en las empresas de mayor dimensión, dado que actualmente están “limitados” a la investigación de autónomos y muy pequeñas empresas, con ventas por debajo de 5,7 millones de euros.

En este sentido, el colectivo indicó que “buena prueba de la miopía de la Agencia Tributaria estatal a la hora de enfrentarse al fraude” es su anacrónica clasificación como ‘gran empresa’ a aquella que ingresa más de seis millones de euros anuales, límite que se mantiene inalterado desde hace más de veinte años, frente a las recomendaciones de la Comisión Europea de considerar ‘grandes empresas’ a las que facturan más de 45 millones de euros.

La recaudación que se obtendría de controlar el fraude fiscal y la economía sumergida sería el doble de lo que el Gobierno quiere recaudar ahora subiendo impuestos y congelando salarios

Las medidas que ha anunciado la presidencia del Gobierno para afrontar la crisis conllevan, por ejemplo, que los funcionarios paguen por partida doble la consecución de los objetivos del déficit, tanto por la congelación de salarios, como por la modificación del IRPF de las nóminas. A pesar de estas medidas, existen otras que no se han puesto en funcionamiento y que podrían recaudar más dinero para las arcas del Estado, como rebajar la tasa de fraude en diez puntos o controlar la economía no declarada.

Según una valoración de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que calificaron hoy de “progresiva” la subida de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y destacaron que “el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital”. Asimismo, valoran que el Gobierno eleve la progresividad porque se intenta que “paguen más los que más tienen”, pero lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales que disfrutan los grandes patrimonios como las sociedades instrumentales y las SICAVs que permiten eludir la tributación de millonarias rentas inmobiliarias, plusvalías y dividendos, mientras que la subida impositiva afectará a todos los pensionistas, trabajadores y autónomos que no disponen de estos instrumentos.

Desigualdades sociales que no afrontan igual la crisis
Por otro lado, el colectivo calificó de “insuficiente” la tasa de reposición del 10 % de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral en un contexto generalizado de congelación de la plantilla pública, así como la voluntad manifestada por el nuevo Ejecutivo de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que, según aseguró, verá la luz en los próximos meses.

Además, en la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3 % del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9 %, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral.

La economía no declarada
Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, de los cuales se recuperarían 25.500 millones en impuestos evadidos y unos 13.000 millones en cuotas a la Seguridad Social defraudadas. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo el próximo, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas de impuestos. En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que “los funcionarios paguen doblemente la consecución de los objetivos del déficit, puesto que ya ese les rebajó el sueldo hace dos años y congelado en cuatro ocasiones, teniendo ahora que pagar un nuevo gravamen en el IRPF”.

Las medidas adoptadas en vivienda
Sin embargo que se mantendrá el IVA superreducido para la compra de vivienda nueva durante un año más, aunque para compensar la rebaja de este impuesto será necesario vender el doble de viviendas. Esto supondría que en 2012 deberán salir al mercado casi 367.000 inmuebles nuevos, frente a los 183.000 de 2011.

Cambios en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y en las SICAV para aumentar la recaudación un 33 %

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han elaborado un paquete de medidas para reducir el fraude fiscal, ajustar el déficit y reactivar la economía, a través del cual la Agencia Tributaria podría aumentar en un 33 % su recaudación anual, lo que equivaldría a unos 53.900 millones de euros adicionales, según apuntó el presidente de este colectivo, Carlos Cruzado, al inicio del XI Congreso Nacional que se celebra en Palma de Mallorca.

Con estas medidas como punto de partida, Gestha instó a las grandes fuerzas políticas y sociales a que promuevan un gran pacto fiscal recuperando el espíritu de los Pactos de la Moncloa, cuando hicieron prevalecer el interés general, dejando a un lado intereses partidistas, para lograr sacar al país de la grave crisis económica y política de 1977. Al igual que ocurrió entonces, este nuevo pacto transversal permitiría reactivar la economía y aumentar sustancialmente la recaudación para reducir el déficit nacional hasta el entorno del 1 % del PIB, porcentaje que no sólo cumpliría con el objetivo previsto por el Gobierno para los dos próximos ejercicios, sino que reduciría también la presión de los mercados sobre las operaciones de venta de deuda pública española.

La necesidad de emprender este acuerdo queda patente ante las carencias del actual sistema tributario, lastrado por una preocupante caída de la recaudación en los últimos años, un constante debilitamiento de la progresividad en los impuestos directos -especialmente en el IRPF e impuesto de sociedades- y un desequilibrio cada vez más acusado entre la tributación de las rentas del trabajo y las procedentes del capital.

Replantear el Impuesto de Sociedades e IRPF
La piedra angular del plan propuesto por los Técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- que eleve del 30 % al 35 % el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros. Gracias a esta única medida, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro. Además, si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24 % se obtendrían casi 1.380 millones de euros anuales adicionales para las arcas públicas.

Paralelamente, el colectivo solicita la restricción del uso del sistema de módulos, instaurando la estimación directa como norma general, salvo para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios al consumidor final, que deberían poder escoger al término de su ejercicio fiscal el régimen que mejor se adaptase al ritmo de su actividad.

Recaudación tributaria adicional que generarían las propuestas de GESTHA

Cifras en millones de euros. Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

Revisar las SICAV para evitar fraudes
Otro de los pilares de este ambicioso plan sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, para Gestha, su buen funcionamiento, y sobre todo para evitar la elusión de las rentas del capital en el IRPF, está supeditado a la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2 % y el 5 % del capital social que evite la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

El rendimiento que se extrae del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en nuestro país es otro de los aspectos que se deben mejorar para reactivar la economía, aunque en ningún caso mediante incrementos impositivos, pues a juicio de Gestha ello derivaría en una contracción del consumo que no sólo atenuaría su poder recaudatorio, sino que afectaría con mayor intensidad a las personas con bajos ingresos y al 85 % de los ciudadanos que ganan menos de 30.000 euros anuales.

Con respecto a las pymes y autónomos, los Técnicos de Hacienda proponen situar el devengo del IVA en el momento del cobro parcial o total de la factura, evitando así que autónomos y pequeños empresarios se vean obligados a adelantar a la Hacienda Pública el IVA de facturas que aún no han cobrado, y que incluso es probable que no lleguen a cobrar nunca, mientras que otras empresas se deducen un IVA que no han pagado y que puede que no paguen nunca.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, “a pesar de que esta medida no tenga un impacto recaudatorio directo, su puesta en marcha mejoraría sin duda la equidad del sistema tributario y evitaría que muchos contribuyentes tomasen la decisión de defraudar. De este modo, se aumentaría la recaudación, sin necesidad de tener que adoptar medidas drásticas que afecten a gastos sociales”.

Lucha contra el fraude y la especulación financiera
A su vez, estas medidas se integrarían en un ‘programa marco’ enfocado a reducir la economía sumergida de nuestro país en diez puntos, hasta situarla al nivel de nuestros vecinos europeos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales.

Dentro de las propuestas concretas para atajar el fraude, los Técnicos de Hacienda creen que la limitación en el uso del dinero en efectivo supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.

Igualmente, sería necesario posibilitar la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operen en los territorios calificados como paraísos fiscales, eliminando prácticas abusivas para reducir la factura internacional de las grandes corporaciones trasnacionales.

Asimismo, en el ámbito nacional se hace necesario elaborar estudios oficiales detallados sobre la economía sumergida -tanto fiscal como laboral- y optimizar los recursos de la Agencia Estatal Tributaria y demás departamentos del Ministerio de Hacienda, atribuyendo mayores competencias y responsabilidades a los 8.000 Técnicos en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.

Para reducir la especulación en los mercados financieros se incluye también el apoyo a la propuesta de la Comisión europea de establecer un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Control y eficiencia del gasto público
Entre las medidas del control del gasto público, los técnicos proponen potenciar la realización de auditorías operativas para comprobar si se está dando una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, con la consiguiente repercusión de sus resultados en las sucesivas asignaciones presupuestarias.

Otra necesidad urgente es la de lograr una coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con una mayor publicidad de la actividad desarrollada por los mismos y habilitando herramientas que contribuyan a clarificar la información de las cuentas públicas. Finalmente, los Técnicos de Hacienda proponen que los entes públicos dependientes se sometan a los necesarios controles como consecuencia de su financiación con recursos públicos.

¿Y por qué no se equipara la tributación de las Sicav como la de las empresas?

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) cuentan con una tributación demasiado favorable en comparación con las empresas de economía real, aunque subrayan que cualquier modificación tributaria en este sentido debe ser acordada en el seno de la OCDE para evitar posibles cambios de domicilio fiscal de las sociedades -en casi todos sus países miembros la tributación de fondos y Sociedades de inversión oscila entre el 0 % y el 1 %.

Según denuncia el colectivo, en nuestro país se pueden corregir los “abusos” por parte de aquellas SICAV en las que un accionista dispone del 99,9 % del capital social, mientras que el resto de socios indispensable para cumplir el requisito legal posee únicamente el 0,1 % restante; de este modo, el socio mayoritario puede ordenar al director de la gestora -considerado como su empleado- en función de sus intereses particulares.

El fin último de estas SICAV es eludir la tributación de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos por los socios, de forma que sus partícipes no tienen necesidad de reintegrar su participación porque controlan íntegramente el destino de las inversiones de la Sicav familiar, y jamás tributarán en el IRPF por la renta del ahorro diferida.

A finales del pasado año existían 3.114 Sicav en España, las cuales aglutinaban a algo más de 415.000 accionistas y manejaban un patrimonio superior a los 26.150 millones de euros. En función del número de accionistas por sociedad, Gestha alerta de la existencia de 58 Sicav en la ‘lista roja’ (menos de 99 accionistas) de posibles abusos, y otras 2.651 sociedades en la ‘lista naranja’ (entre 100 y 150 accionistas) por la sospecha de ser instituciones de inversión “privadas”.

Frente a esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen establecer un porcentaje máximo de participación en una Sicav de entre el 2 % y el 5 % del capital social máximo de la sociedad, fijado en sus estatutos. En caso de que una Sicav no respetara el nuevo porcentaje máximo de participación, sería una causa de descalificación como institución de inversión colectiva.

Asimismo, el colectivo solicita el establecimiento de un límite temporal máximo a partir del cual hacer tributar las mil millonarias plusvalías financieras devengadas cuando no se reembolse la participación en una Institución de Inversión Colectiva.

Oficina de control antifraude
Por otra parte, Gestha pide “cautela” ante la posible creación de una nueva oficina que coordine a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Policía en su lucha contra el fraude, pues a día de hoy se trata sólo de una “abstracción” que debe materializarse para poder demostrar su eficacia.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda consideran que esta medida -situada en la línea del Plan contra el Fraude Laboral aprobado este mismo año- debe ir acompaña de otras actuaciones para aprovechar al máximo los recursos de que dispone el Estado en su lucha contra la economía sumergida.

Así, entre las medidas que consideran indispensables se encuentran la elaboración de estudios plurianuales sobre el fraude, la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude, la efectiva colaboración o el consorcio entre Administraciones tributarias, así como una base de datos compartida, y finalmente la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes, autónomos, sociedades con beneficios muy altos y rentas del ahorro.

A por el dinero negro de las empresas, grandes fortunas y sociedades instrumentales

En España hay más de 245.000 millones de dinero negro, algo así como el 20 % del PIB. ¿Y dónde está? No está claro, pero los técnicos de Hacienda han propuesto que el nuevo proyecto antifraude, incluido en la estrategia de la Economía Sostenible, se centre en descubrir y erradicar las actividades subterráneas, desplazando “la lupa” de la investigación de las rentas de trabajo hacia las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas. También fomentando una mayor colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y estableciendo una serie de objetivos claros de lucha contra el fraude basados en estudios oficiales periódicos.

Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) han elaborado un Decálogo de medidas contra la economía sumergida en previsión al nuevo Plan de Lucha contra el Fraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros, y con el que estiman se podría aflorar buena parte de los 245.000 millones de euros de dinero negro existentes en España, además de mejorar la eficiencia y el control del gasto público.

Los técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3 % del PIB, situándola en niveles similares a los países de la Unión Europea. De este modo, la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación.

Decálogo de medidas contra la economía sumergida
1. Estudios plurianuales de economía sumergida

En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen cuantificar periódicamente la economía sumergida a través de estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, con el objetivo de calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente.

2. Objetivos de reducción de la bolsa de dinero negro

Una vez cuantificado el fraude, Gestha considera que el Parlamento debe fijar los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE).

3. Colaboración efectiva entre Administraciones Públicas

En tercer lugar, plantean una colaboración efectiva entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y locales, potenciando la corresponsabilidad y el consorcio en la lucha contra el fraude fiscal. Igualmente, proponen acuerdos de colaboración y coordinación entre la IGAE y la Intervención de las comunidades autónomas y ayuntamientos sobre la concesión de subvenciones y ayudas públicas.

4. Una base de datos compartida

En opinión de los Técnicos de Hacienda, las distintas administraciones territoriales deben compartir una base de datos tributaria y de las subvenciones concedidas con información procedente de los ámbitos central, autonómico y local.

5. Terminar con la externalización de auditorías

Gestha propone derogar la disposición adicional segunda de la ley 47/2003 del 26 de noviembre, y revocar la subcontratación de empresas privadas para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la Administración del Estado o de empresas públicas, de manera que sea realizada por los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los Presupuestos Generales para 2010, éste gastará más de diez millones de euros en estos próximos cinco años en la externalización y subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de algunos organismos y entes públicos estatales.

6. Más eficiencia y rapidez de los procedimientos

Este colectivo aboga también por mejorar las actuaciones e investigaciones de las Administraciones mediante la revisión de los procedimientos y métodos de gestión para reducir la duración de los expedientes y la litigiosidad.

7. Mejor seguimiento de los contribuyentes de riesgo

Los Técnicos de Hacienda proponen la creación de un fichero de deudores tributarios insolventes (con limitación del derecho a obtener subvenciones, crear empresas, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos, hasta que ingresen o garanticen las deudas) y el establecimiento de un seguimiento permanente de la situación fiscal de los contribuyentes considerados de riesgo.

8. Aprovechar las capacidades infrautilizadas del personal de Hacienda

En opinión de Gestha, se debe aumentar las funciones y competencias de los empleados públicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria para aprovechar al máximo su experiencia y capacidades y, en consecuencia, exigir la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos establecidos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a los más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente el control tributario y aduanero y el control del gasto público. Con esta medida se cumpliría la disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

9. Establecer y concretar competencias

Asimismo, se deben establecer y concretar las funciones, cometidos y obligaciones esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, con el fin de evitar el solapamiento de competencias y el vacío de responsabilidades.

10. Reformas fiscales

Finalmente, Gestha propone una batería de medidas fiscales que ayudan a prevenir el fraude y reforzar la lucha contra la economía sumergida, entre las que destacan:

a) Eliminar las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente las inmobiliarias y sobre valores mobiliarios del concepto de renta del ahorro para que tributen con la tarifa del Impuesto de la Renta.

b) Modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para limitar la participación en las Sicavs y evitar así los abusos de las grandes fortunas cuyos patrimonios y plusvalías, al no reembolsarse, no tributan en el Impuesto de la Renta.

c) Suprimir la tributación al tipo fijo del 24 % durante seis años de los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite que hayan fijado su residencia fiscal en España, de manera que tributen como cualquier ciudadano residente en España (desde el 1 de enero de 2010, la opción por este beneficio sigue vigente para sueldos hasta 600.000 € anuales).

d) Restablecer el Impuesto de Patrimonio para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros, lo que permitiría al Estado ingresar unos 1.240 millones de euros adicionales.

e) Revisar la tributación de pymes y autónomos con el fin de que se ajusten a las dificultades económicas propias de una época de crisis. Para ello, es recomendable que los empresarios y profesionales tributen en estimación directa como norma general, y que se permita el sistema de módulos sólo a los microempresarios que vendan exclusivamente al consumidor final. Asimismo, es necesario establecer sistemas de control sobre las rentas de empresarios y profesionales en estimación directa que declaren una media de beneficios inusualmente baja, y en todos los casos en que sea inferior a la media de rendimientos de los asalariados.

f) Favorecer la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios mediante la concesión de importantes deducciones, por un lado, y la creación de nuevos impuestos y tasas medioambientales, por otro, que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico.

Nueve de cada diez ricos con más de diez millones defrauda a Hacienda

Según los cálculos de Gestha, realizados cruzando los datos de los tramos de la Base Imponible del Impuesto de Patrimonio con los datos de la banca privada, el 18 % de las personas con unos bienes valorados en una horquilla entre medio millón y un millón de euros defrauda actualmente a la Hacienda Pública, mientras que la elusión sube al 45 % en patrimonios estimados entre uno y diez millones de euros.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) alertó hoy de que alrededor del 86 % de las “fortunas españolas” con un patrimonio superior a los 10 millones de euros elude sus obligaciones fiscales al no declarar el Impuesto sobre Patrimonio (IP), constatándose así una mayor evasión fiscal conforme el declarante concentra más riqueza.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda explican que las “mayores bolsas de evasión fiscal” de las grandes fortunas se centran, principalmente, en aquellas propiedades relacionadas con capital mobiliario e inmuebles, que vienen a representar actualmente el 93 % de todos los bienes y derechos declarados. Los bienes vinculados a actividades económicas, los seguros y rentas, así como los vehículos, pieles, joyas y objetos de arte son también “focos sospechosos de fraude” pero de menor cuantía patrimonial.

En la actualidad, tan solo 132 contribuyentes declaran un patrimonio neto superior a los 30 millones de euros, lo que supone unos ingresos para las arcas públicas de casi 42,5 millones, es decir, una media de 322.000 euros por cabeza. Alrededor de 2.525 ciudadanos declaran un patrimonio neto total entre 6 y 30 millones de euros, aportando el 10 % de la recaudación del IP.

Una operación “ejemplarizante”
Gestha considera que la operación iniciada recientemente por la Cancillería alemana contra un millar de “adinerados” sospechosos de haber ocultado al fisco grandes cantidades de dinero transferidas al paraíso fiscal de Liechtenstein es “ejemplarizante” y debe servir de modelo a la Administración Tributaria española para actuar contra los focos principales de economía sumergida en nuestro país.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda afirman que este “exitoso golpe” contra el fraude fiscal pilotado por los servicios secretos germanos (BND), Hacienda, las fiscalías de delitos fiscales y la policía alemana contrasta con la “tímida colaboración y coordinación” con que la Agencia Tributaria española está dirigiendo la lucha contra el fraude, “muy reacia a compartir bases de datos, personal y actuaciones con las administraciones autonómicas y locales”.

Por otro lado, apuntó que el hecho de que esta operación se centre en las actuaciones presuntamente delictivas de empresarios, altos directivos y grandes fortunas -sin cortapisas a la hora de registrar residencias privadas y despachos- pone de manifiesto que la lucha contra el fraude fiscal no debe entender de “élites financieras”, como tampoco de “colores políticos”, sino de criterios de eficacia, voluntad y aplicación de la ley en beneficio de la sociedad en general.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “lamentamos que mientras que otros países de nuestro entorno, como Alemania cuya economía sumergida representa el 6 % del PIB, centran sus esfuerzos en reducir el fraude, España sigue alejada de la media europea, con unas bolsas de fraude que ronda el 23 % del PIB y acapara la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro”.

Gestha recuerda que la cifra de economía sumergida en España podría reducirse en diez puntos porcentuales hasta el 13 % del PIB, en la media de los países de nuestro entorno, recaudando solo por impuestos unos 21.000 millones de euros anuales si se autoriza a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda para controlar las declaraciones de la Renta de estas grandes fortunas. Las sinergias serán mayores en cuanto se incorpore el IRPF a la gestión de los próximos Consorcios tributarios entre la Agencia Tributaria estatal y las Agencias Tributarias de las comunidades autónomas.

Si se aumenta el impuesto de Sociedades a grandes empresas no habrá que subir el IVA, congelar las pensiones ni recortar los sueldos a funcionarios

Europa ha pedido al Gobierno la aprobación de medidas de ajuste para cuadrar el déficit, como la subida del IVA, el recorte de los sueldos de los empleados públicos o la congelación de las pensiones. ¿Funcionaría? Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) dicen que no, puesto que tan sólo aportaría una recaudación de 14.000 millones de euros anuales, cifra que se podría conseguir igualmente con la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con beneficios por encima del millón de euros, que son las que menos impuestos pagan en comparación con pymes y autónomos.

El alza del IVA, de los Impuestos Especiales y de otros impuestos indirectos tan sólo elevaría en unos 8.000 millones de euros la recaudación del Estado, mientras que el recorte del 5 % del sueldo a más de 2,6 millones de empleados públicos en el conjunto de Administraciones supondría un ahorro de 4.500 millones de euros. Por su parte, la congelación de las pensiones (tanto las contributivas de la Seguridad Social como de las clases pasivas) a más de nueve millones de pensionistas únicamente se traduciría en 1.530 millones de euros.

Consecuencias

Pese al teórico impacto positivo para las arcas públicas, la puesta en marcha de estas medidas reduciría notablemente el consumo interno, provocando el cierre de centros de producción y el aumento del desempleo, lo que a corto y medio plazo agravaría aún más la recesión de la economía española y el desplome de la recaudación prevista.

Además, Gestha considera que la subida del IVA es “injusta” en la medida en que aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas, y es “regresiva” porque afecta en mayor medida a los ciudadanos con bajos ingresos que a quienes disponen de más recursos: mientras los primeros dedican gran parte de sus ingresos a pagar el IVA ­-que grava el consumo-, los segundos además tienen posibilidad de ahorrar, sobre lo que no se aplica este impuesto.

Los más perjudicados serán, por tanto, mileuristas y pensionistas, quienes a su vez sufrirían una nueva congelación de sus ingresos pese a ser uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su parte los empleados públicos tendrían que soportar una nueva rebaja de sueldos que vendría a sumarse a la rebaja de 2010 y a las congelaciones aprobadas en anteriores legislaturas, creando un efecto ‘bola de nieve’ que reduciría drásticamente su calidad de vida desde el estallido de la crisis.

Medidas de ajuste en España propuestas por las Instituciones Europeas

Cifras en millones de euros.

Alternativas con mayores ingresos
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen una serie de alternativas que permitirían obtener una recaudación similar o incluso superior sin que ello implicase contrapartidas negativas en materia económica o social.

De este modo, bastaría con aplicar un nuevo tipo impositivo del 35 % en el Impuesto de Sociedades a los beneficios que superen el millón de euros anuales -declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas- para elevar los ingresos en 13.943 millones de euros anuales, equivalente de por sí a todas las medidas exigidas desde el exterior.

Sin embargo esta no es la única alternativa: la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras que gravase este tipo de operaciones, actualmente exentas de IVA, generaría unos 4.500 millones. Por su parte, la compra de Deuda Pública española en el mercado primario y la prohibición de las operaciones en corto reduciría en 1.400 millones de euros los gastos del Estado.

Estas medidas, sumadas a una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para aflorar 1,6 puntos porcentuales de la economía sumergida (actualmente en el 23,3 % del PIB) y mejorar el control del gasto público, elevarían la recaudación en otros 6.200 millones de euros, lo que en total sumaría más de 26.000 millones con los que cubrir las necesidades del Estado para asegurar el cumplimiento de déficit y transmitir mayor confianza a los mercados financieros.

Medidas alternativas para aumentar la recaudación

Cifras en millones de euros.

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