Las comunidades darán el permiso de trabajo a los inmigrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de los ministros de Trabajo e Inmigración, Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior y Presidencia, un Real Decreto que tiene como finalidad adaptar la regulación de los procedimientos de autorización inicial de residencia y trabajo al traspaso a las comunidades autónomas de las competencias ejecutivas en materia de autorización inicial de trabajo de los extranjeros. Esta reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería tiene lugar tras la consecución del primer acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a la comunidad autónoma de Cataluña, y coincidiendo con un ajuste puntual en materia de modificación y renovación de autorizaciones consecuencia de un acuerdo de diálogo social.

Los Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía han recogido entre sus competencias ejecutivas laborales, la autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio.

Esta asunción de competencias por parte de las autonomías tiene como consecuencia que en el procedimiento de solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo confluyan dos administraciones públicas: la estatal, competente sobre autorización de residencia, haciendo imprescindible la coordinación en el procedimiento de ambas administraciones; y la autonómica competente sobre la concesión de la autorización de trabajo, haciendo imprescindible la coordinación en el procedimiento de ambas administraciones.

A juicio del Ejecutivo, el procedimiento de autorización aprobado por este Real Decreto supone un beneficio para el usuario y un ejemplo de coordinación interadministrativa. Por un lado, los ciudadanos de las comunidades autónomas que tramiten estas autorizaciones se relacionarán con la Administración que es la más próxima al ciudadano (con una única presentación y notificación). Por otro, la Administración autonómica y la estatal ejercerán sus competencias a través de un procedimiento único que, soportado internamente por un sistema informático innovador, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.

La comunidad autónoma de Cataluña ha sido la primera autonomía con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo sobre este procedimiento de extranjería en sus términos fundamentales. Sin embargo, la seguridad jurídica y la posibilidad de que las demás comunidades autónomas que tienen reconocida esta competencia en sus estatutos puedan desarrollarla requerían una regulación en la legislación estatal.

RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA Y TRABAJO DE EXTRANJEROS

El Real Decreto contempla también algunos cambios significativos que ajustan determinados supuestos de renovación y modificación de autorizaciones de residencia y trabajo de extranjeros.

En el ámbito del Diálogo Social y en línea con las prioridades del Ejecutivo marcadas en la pasada legislatura, el Gobierno ha alcanzado varios acuerdos en materia de extranjería que ha hecho posible la introducción en esta nueva legislación de criterios para facilitar la recolocación de los extranjeros que hayan quedado en desempleo, haciendo posible la modificación de sus autorizaciones para eliminar las restricciones geográficas o de sector de actividad, así como cambiar la autorización de cuenta ajena a cuenta propia o viceversa.

Además, este Real Decreto facilitará la renovación de las autorizaciones de aquellos trabajadores que tienen una trayectoria laboral que acredita su vinculación reforzada con el empleo, así como la de otros extranjeros que cuentan con una red familiar que sustenta su mantenimiento en España cuando no pueden acreditar un contrato de trabajo en vigor en el momento de la renovación.

Los rumanos que quieran trabajar en España deberán tener un permiso laboral

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, presentará el próximo viernes en el Consejo de Ministros la propuesta para reactivar, tal y como contemplaba el acuerdo de 2008, el periodo transitorio en materia de acceso al mercado de trabajo español para ciudadanos rumanos. Así, los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España por cuenta ajena deberán tramitar una autorización previa basada en la existencia de un contrato de trabajo. Esta medida en ningún caso tendrá efecto alguno sobre aquellos rumanos que ya forman parte del mercado laboral español.

Ésta es una decisión estrictamente técnica, basada en consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral en España, y se enmarca en la política migratoria general adoptada por el Gobierno a través del diálogo con los Interlocutores Sociales, que persigue ajustar los flujos de entrada a las necesidades del mercado de trabajo. La comunidad rumana tiene una alta tasa de actividad y una plena integración en la sociedad española.

La medida tiene carácter temporal y será objeto de una evaluación continuada basada en la evolución del mercado laboral español. El Gobierno ha mantenido y mantiene un diálogo permanente con las autoridades rumanas en relación con esta moratoria.

Los Ejecutivos de ambos países ya han acordado la creación de un grupo operativo de trabajo para gestionar todos los aspectos derivados de la aplicación de esta medida. Esta moratoria no afecta a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, un principio que España siempre ha defendido.

España y Rumania acuerdan medidas para facilitar el empleo de los rumanos que retornen a sus países de origen

España y Rumania firmaron hoy dos memorandos de colaboración en materia de empleo y seguridad social, cuyo principal objetivo es la puesta en marcha de medidas que faciliten el empleo de los trabajadores rumanos que decidan retornar a su país. Así lo acordaron en Bucarest el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y el ministro rumano de Trabajo, Familia y Protección Social, Marian Sarbu.

El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció en la capital rumana que su Departamento encargará un informe jurídico que estudiará la posibilidad de establecer ayudas de acompañamiento en el viaje de retorno de los rumanos que hayan agotado la prestación por desempleo en España.

En la actualidad hay en España un total de 718.000 rumanos con tarjeta de residencia, de los que 253.000 están dados de alta en la Seguridad Social y cerca de 71.000 estaban en desempleo a finales de marzo de 2009. “Existen más de 30.000 trabajadores rumanos en paro y que ya no reciben prestación y que podrían estar interesados en recibir apoyo económico para volver a su país”, dijo Corbacho, quien añadió que consultarán al Gobierno rumano para participar en la iniciativa.

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
En relación con el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, el Ministro de Trabajo e Inmigración aseguró en Rumania que tras recibir el informe del Consejo General del Poder Judicial el Gobierno modificará la redacción de al menos dos de los artículos que más críticas has recibido entre las ONGs y los sectores jurídicos de la sociedad: el que tipifica como falta grave el mantener económicamente a un inmigrante irregular y el relativo a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.

Celestino Corbacho, quién resaltó la voluntad del Gobierno por conseguir el máximo consenso en las modificaciones del anteproyecto, anunció que a falta del dictamen del Consejo de Estado el texto de reforma de la Ley de Extranjería estará en el Congreso de los Diputados aproximadamente en dos meses.

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