La vivienda en alquiler social representa el 2,4 % de los hogares que hay en España
El alquiler social es un instrumento imprescindible para combatir el problema del sinhogarismo. Sin embargo, no llega al 95,99 % de las personas que lo necesitan, debido sobre todo a la escasez de vivienda pública, que tan solo representa un 2,4 % de los 18 millones de hogares que hay en España. Así, aumentar el parque de viviendas en alquiler social es, por tanto, “fundamental para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas sin hogar”, tal y como demanda el informe ‘Radiografía del alquiler social y el sinhogarismo en España’ del Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
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Mucha demanda y poca oferta
El alquiler social se erige en el punto de partida no solo para proporcionar una vivienda a quienes carecen de ella, sino también como motor para impulsar la inclusión y poder acceder así a otras oportunidades, por ejemplo, en el ámbito laboral. Sin embargo, con tan solo un 2,4 % del parque de viviendas, los recursos públicos resultan del todo insuficientes para hacer frente a las más de 375.000 peticiones que se registraron el año pasado.
“La escasez de viviendas sociales plantea dudas sobre la capacidad de las administraciones públicas para hacer frente a este problema. Tan solo un 2,4 % del total de los 18 millones de viviendas que constituyen el parque inmobiliario en España se encuentran cubiertas por algún tipo de figura de protección pública, es decir, unas 432.000”, recoge el informe.
Se trata de una cifra del todo insuficiente para cubrir la demanda y las necesidades del conjunto de la población. Las solicitudes para acceder a un alquiler social, que la mayoría ni siquiera proceden de personas sin hogar, desbordan completamente los recursos con los que cuentan las administraciones públicas. El Observatorio del Alquiler estima, partiendo de los datos facilitados por las comunidades autónomas, que solo el año pasado se registraron unas 375.000 peticiones de alquiler social.
Así, se explica que el 95,99 % de las personas en situación de sin hogar podrían beneficiarse de algún tipo de programa de alquiler social y no lo hacen. La mayoría, de hecho, prefiere optar a ayudas económicas antes que a un alquiler social, puesto que perciben que no podrán acceder a estos recursos como consecuencia del déficit de vivienda pública: un 80,4 % reconoce haber solicitado una prestación económica, una cifra abrumadora frente al 3,7 % que pidió una ayuda de alojamiento.
Estas cifras constatan que las personas en situación de sin hogar no consideran que el Estado u otras administraciones públicas puedan cubrir su necesidad de una vivienda. Por tanto, a la hora de acceder a alguna ayuda, prefieren optar por prestaciones económicas antes que por una solución habitacional, ya que perciben que no se les va a conceder un alojamiento.
En este sentido, uno de los datos más interesantes que se desprenden de este informe es precisamente la relación entre el acceso a un alquiler social y las facilidades de asesoramiento que reciben las personas que podrían beneficiarse de un programa de este tipo. De acuerdo con la Encuesta sobre Integración Social y Necesidades Sociales, elaborada por FOESSA en 2021, un 72,85 % de quienes se benefician de un alquiler social recibieron algún tipo de asesoramiento sobre temas de vivienda.
Acceder a un alquiler social supone diversos y profundos cambios en las características socioeconómicas de las personas sin hogar, incluyendo mejoras en la estabilidad laboral y la calidad de las viviendas. Pero la falta de cobertura pone en evidencia el desbordamiento del sistema y la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda pública para que los recursos lleguen a las personas que de verdad lo necesitan.
Perfil del sinhogarismo
Según se desprende de este informe, el sinhogarismo es un problema que afecta con especial dureza a personas con un bajo nivel educativo y de ingresos, lo que subraya la relación directa entre educación, empleabilidad y riesgo de falta de hogar, que, de producirse, limita extremadamente las posibilidades de reinserción.
Tan solo un 8,6 % de las personas en situación de sin hogar tienen algún tipo de estudios universitarios, y un 3,1 % cuentan con algún título de formación profesional. Todos los demás cuentan con estudios básicos de secundaria o inferiores, e incluso un 4 % no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel de ingresos, un 90,7 % viven con menos de 800 euros en total, de los que un 49,7 % no llegan a los 100 euros.
El sinhogarismo afecta más a los hombres, que representan un 76,7 %, y a las personas de nacionalidad extranjera, un 49,8 % frente al 47,8 % de españoles. Por edades, la mayor incidencia se da entre quienes tienen entre 45 y 55 años, y va decayendo a partir de los 60.
En cuanto a la distribución de este problema por comunidades autónomas, Andalucía (20 %), Madrid (14 %) y el País Vasco (13 %) es donde residen más personas sin hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta su peso relativo sobre el total de la población, es en Canarias (18,4 %), Murcia (12,2 %) y Navarra (11,7 %) donde tiene más implantación.
Un 2,38 % de los hogares en España residen en un régimen de alquiler social, aunque con una distribución desigual por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Extremadura representan el 8,3 %, mientras que en Aragón o en Castilla y León, tan solo el 0,5 %.
El perfil de las personas que viven en alquiler social es de mujeres (54,8 %), de entre 45 y 64 años (51,7 %) y de nacionalidad española (85 %). El nivel educativo alcanzado también es bajo, en general, con mayor prevalencia entre quienes cuentan con el graduado en educación secundaria (27,4 %), frente al 8,1 % que tiene estudios universitarios. Además, el 49,2 % tienen un contrato de trabajo fijo, y un 29,5 % trabaja de forma estacional o por temporada.
En cuanto al perfil de las personas que se benefician de un alquiler social, el 54,78 % son mujeres, mientras que el 45,22 % son hombres. Por edades, el 5,94 % tienen menos de 29 años; el 31,01 % tienen entre 30 y 44; el 51,68 %, entre 45 y 64 años; y el 11,375 son mayores de 65 años. Por último, cabe destacar que el 85,01 % son de nacionalidad española, frente al 14,99 % de nacionalidad extranjera, entre quienes destacan rumanos, portugueses e italianos.
Por nivel educativo, un 27,39 % cuentan con el graduado en educación secundaria y un 8,79 % con el título de Bachiller. Un 7,75 % dispone solo de una titulación de educación primaria, mientras que un 6,46 % sabe leer y escribir, pero no completó una educación formal. En cambio, una minoría cuentan con algún tipo de estudios superiores: un 5,94 % tienen estudios universitarios de primer grado, a los que se suman un 2,07 % con una educación universitaria de mayor nivel. Además, un 5,43 % tienen titulación de grado medio y un 3,1 % de grado superior.
Por último, entre las personas que viven en régimen de alquiler social, el 49,16 % tiene un contrato de trabajo fijo; el 29,50 % trabaja de forma estacional o por temporada; y el 10,66 % tiene un contrato por obra o servicio.
Aumento del parque de viviendas públicas
El informe concluye que es necesario expandir los criterios de elegibilidad para incluir a más personas vulnerables y mejorar los mecanismos de identificación para captar a aquellos que están fuera del sistema, así como desplegar una estrategia integrada que combine vivienda, educación, empleo y salud mental para abordar las causas raíz de la falta del hogar. Asimismo, resulta esencial implementar un sistema robusto de seguimiento y evaluación que permita ajustes dinámicos en las políticas basados en los resultados y las necesidades cambiantes de la población.
Este informe destaca la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda pública en alquiler social como prioridad para acabar con el sinhogarismo, además de poner en marcha acciones integradas que no solo proporcionen vivienda, sino que también aborden de manera holística las diversas necesidades de las personas sin hogar.
Aumentar el parque de viviendas públicas es fundamental para garantizar el acceso y la eficacia del alquiler social para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de estas personas, ofreciendo no solo un techo, sino un camino hacia la reintegración socioeconómica efectiva.
A las organizaciones que han llevado a cabo el estudio se ha sumado en esta edición la SOCIMI social tuTECHÔ, especializada en proporcionar soluciones habitacionales y ofrecer acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo.
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