La Seguridad Social no tiene dinero para pagar la extra de las pensiones de junio y tiene que tirar de la ‘hucha’

No es la primera vez que la Tesorería de la Seguridad Social se queda sin cash para pagar las pensiones. A finales de 2012 el Gobierno tuvo que coger unos 7.000 millones para pagar las pensiones ante la falta de liquidez (ver un poco más abajo). Y ahora, a mes de junio, se repite la misma situación debido a que la situación de déficit, cifrado provisionalmente en 14.873 millones para 2013, avala la decisión de recurrir a la hucha de las pensiones. El objetivo es evitar el impago de la paga extraordinaria de los pensionistas que se debe abonar en julio. De este modo, la Seguridad Social dispondrá el próximo 1 de julio de 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva para garantizar el pago normal de las prestaciones contributivas.

En julio se produce una importante necesidad de financiación para hacer frente al abono de la mensualidad ordinaria del mes y la extraordinaria. Este fuerte desembolso está enmarcado en un contexto de disminución del saldo de tesorería, que se explica tanto por la evolución de la recaudación líquida del Sistema -que arroja una disminución anual del 1,57 %- como por el importante crecimiento del número de pensiones (su gasto avanza a una tasa anual del 3,85 %). Ambos datos son provisionales acumulados hasta junio.

Hay que tener en cuenta que el calendario de transferencias por parte del Estado ha hecho posible que durante el primer semestre no se haya tenido que recurrir al Fondo. Sin embargo, durante el tercer trimestre se producen las circunstancias que hacen necesario acudir a esta hucha.

En definitiva, el saldo de tesorería a cierre de junio no permite afrontar el pago de prestaciones sin tener que recurrir al Fondo de Reserva, por tanto le corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) -en su función de caja pagadora del sistema- la distribución de las disposiciones dinerarias oportunas para garantizar el pago puntual de las obligaciones de la Seguridad Social y evitar desajustes financieros, como ya se hizo el año anterior. En 2012 se realizaron disposiciones de las reservas de la Seguridad Social que alcanzaron los 11.683 millones de euros (4.680 millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación y 7.003 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, propiamente dicho).

Cuándo se usa el Fondo de Reserva
El Real Decreto-ley 28/2012 prevé el uso de la hucha de las pensiones de la Seguridad Social para los siguientes supuestos:

– La existencia de déficit por operaciones no financieras. Este déficit, calculado por la Intervención General de la Seguridad Social a efectos del Fondo de Reserva, ascendió a 11.636,22 millones de euros en 2012 (actualizado a fecha de 18 de junio) y se cifra de modo provisional en 14.873 millones de euros para 2013.

– Necesidades hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El importe líquido que se abona el primer día hábil del mes de julio asciende a más de 14.000 millones de euros. Asimismo, el día 22 hay que liquidar el IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en torno a los 1.000 millones de euros.

Tal y como establece el apartado tercero de la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 28/2012, con carácter trimestral, se dará cuenta al Consejo de Ministros sobre los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por tanto, la información sobre las disposiciones del tercer trimestre de 2013 se elevará al Consejo de Ministros a principios del mes de octubre del referido año.

De septiembre a diciembre, el Gobierno ha tenido que coger 7.003 millones de euros de la ‘hucha de las pensiones’ para pagarlas

No hay liquidez. El total de los fondos que el Gobierno ha tenido que coger del fondo de la ‘hucha de las pensiones’ en 2012, debido a que las partidas destinadas por ejemplo al pago de pensiones se habían agotado, asciende a 7.003 millones de euros, tal y como se ha expuesto en Consejo de Ministros tras recibir la ministra de Empleo y Seguridad Social el informe trimestral sobre los importes dispuestos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Según precisa el informe, durante el pasado año la Seguridad Social dispuso de un total de 7.003 millones de euros para hacer frente a la insuficiencia de liquidez en momentos puntuales, a partir del mes de septiembre que se agotaron los recursos destinados en los anteriores Presupuestos, y a fin de garantizar el abono ordinario y extraordinario de las pensiones. De esta forma, el Fondo ha cerrado 2012 con un importe de 63.008 millones de euros, el 5,93 % del PIB, y un 5,6 % menos que en 2011.

En el informe presentado hoy por la ministra de Empleo y Seguridad Social se detallan las disposiciones que se han hecho a lo largo de 2012 y cuyo desglose es: 1.700 millones de euros en septiembre, 1.363 en el mes de octubre, y 3.940 millones en diciembre (ésta última en dos operaciones de 3.530 y 410 millones de euros, respectivamente. Así, al cierre del pasado año, el Fondo de Reserva alcanzó un total de 63.008 millones de euros, una vez descontados dichos importes que la Seguridad Social utilizó en 2012 para hacer frente al pago de las pensiones, y que permitieron liberar al sistema de tensiones de liquidez.

Tal y como establece el Real Decreto Ley 28/2012, las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se realizarán “a medida que surjan las necesidades, hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras”. Asimismo, la norma indica que se destinarán al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.

Con ello se garantiza el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuyo objetivo es constituir reservas que permitan atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo.

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