La ocupación ilegal vacía el mercado de alquiler: propietarios que se retiran por miedo y desprotección
La ocupación ilegal de viviendas en España se ha convertido en un fenómeno creciente que preocupa especialmente a los pequeños propietarios e inversores que ven cómo la inseguridad jurídica amenaza la rentabilidad y viabilidad del alquiler como opción. Según el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la situación ha derivado en un clima de incertidumbre que está expulsando a muchos arrendadores del mercado.
“Se está desincentivando la oferta inmobiliaria, lo que genera tensiones en el mercado y una clara externalidad negativa para las familias más vulnerables”, advierte el IEE en su análisis del ‘Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024’.
Un marco legal que frena a los propietarios
En palabras de la catedrática de Derecho Civil Matilde Cuena Casas, “las leyes actuales, en lugar de proteger la propiedad privada, favorecen el alargamiento de los procesos judiciales y establecen restricciones para los desalojos”. El informe critica especialmente la Ley 12/2023 por no garantizar la seguridad jurídica de los propietarios ni fomentar un mercado de alquiler estable.
La situación se agrava al constatar que los procesos judiciales para recuperar una vivienda ocupada pueden prolongarse hasta 12 meses, el doble que en 2018. En paralelo, los desahucios por impago de alquiler aumentaron un 4,5 % en 2024, reflejando también un repunte del fenómeno de ocupación por arrendatarios morosos que no abandonan el inmueble.
La reacción de los inversores: huida o contención
Esta percepción de desprotección ha calado en el tejido de pequeños y medianos propietarios —muchos de ellos jubilados o trabajadores con una sola vivienda en alquiler como complemento a su renta— que empiezan a ver más riesgos que beneficios.
“El marco normativo actual genera un entorno de incertidumbre que perjudica la estabilidad de los derechos de propiedad y, por ende, el progreso económico y social”, explica el director general del IEE, Gregorio Izquierdo.
Según los datos del informe, en 2024 se registraron casi 16.500 denuncias por ocupación ilegal, un 7 % más que el año anterior. Cataluña lidera la estadística, concentrando el 43 % del total, seguida de Andalucía.
Medidas propuestas para recuperar la confianza
El IEE reclama una batería de reformas urgentes para revertir esta situación, entre ellas:
- Agilizar los procedimientos judiciales con medidas cautelares que permitan desalojos rápidos.
- Equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, permitiendo actuaciones en menos de 72 horas.
- Eximir del pago de impuestos al propietario mientras dure la ocupación.
- Permitir el corte de suministros sin que sea considerado delito de coacciones.
- Elevar las penas por estafa procesal, especialmente ante falsificaciones de contratos de alquiler.
Estas medidas buscan no solo frenar el avance de la ocupación ilegal, sino también restablecer la seguridad jurídica necesaria para que los propietarios recuperen la confianza en el mercado del alquiler.
España, a la cola en protección del derecho de propiedad
El informe destaca que España ocupa el puesto 22 de 37 países de la OCDE en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. En comparación con los líderes europeos como Finlandia, la diferencia supera el 20 %. Además, el subcomponente relativo a la protección de la propiedad física es el que más se ha deteriorado desde 2021.
A juicio del IEE, esta situación requiere un cambio urgente en la política legislativa y judicial: “No hay un problema solo jurídico, sino también institucional. La ocupación se está tolerando como mecanismo de acceso a la vivienda, pero eso está expulsando a quienes podrían ofrecerla”.
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