La mayoría de los gobiernos obvia los intereses de los consumidores para satisfacer las demandas de la industria cultural

“En la mayoría de los países, las normas que regulan el acceso a la cultura y aprendizaje de nuestra sociedad colocan a la gran empresa primero y a los consumidores después”. Ésta es la conclusión global de la Lista de Vigilancia sobre Propiedad Intelectual 2010, elaborada por segundo año por Consumers International, la mayor organización mundial de consumidores. El informe, que analiza la situación de treinta y cuatro países, ha sido presentado en rueda de prensa en Sevilla por FACUA-Consumidores en Acción, miembro de pleno derecho de Consumers International, junto a ExGae, Red Sostenible y FCForum, que agrupan, entre otros, a cerca de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos ciudadanos.

El acto ha tenido lugar con ocasión de la reunión informal de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, que tiene lugar en España, para debatir la Propuesta Española por una Europa Digital, también denominada Estrategia de Granada (ciudad en la que tiene lugar el evento).

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha criticado cómo “los gobiernos de numerosos países están plegándose a los intereses de las industrias culturales y tecnológicas, que conciben la cultura y el conocimiento como una mera mercancía a la que sólo debe accederse previo pago”.

“En lugar de criminalizar a los consumidores por intercambiar obras de forma no lucrativa”, ha dicho Sánchez, “los gobiernos deberían instar a la industria cultural a que actualice su modelo de negocio y lo adapte a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico”.

Para Simona Levi, de ExGae, “el informe demuestra cómo la política estadounidense en materia de ‘copyright’ tiene una doble moral: el rigor que exige a sus ‘aliados’ no es el mismo que mantiene en su propio país. La aplicacion de ‘fair use’ o uso justo vigente en su legislación permite muchas más excepciones al ‘copyright’ que numerosas legislaciones europeas”.

Pasar por alto los intereses de los consumidores

El análisis de Consumers International critica cómo “se pasan por alto los intereses de los consumidores mientras los legisladores se apresuran a satisfacer las interminables demandas de los grupos de presión de los conglomerados de empresas dedicadas a los medios de comunicación y al entretenimiento, que conforman las leyes nacionales e internacionales con su hiperbólica charla de piratería, robo y delincuencia organizada”.

“Aunque Consumers International no duda que la violación de los derechos de autor sea un problema real que causa pérdida de ingresos en la industria editorial y del entretenimiento, hay muchos otros problemas relacionados con la distribución del conocimiento que afectan a los consumidores con mucha más agudeza”.

La organización demanda “más equilibrio” entre la protección de los derechos de autor y el fomento del acceso a la cultura y el conocimiento por parte de los consumidores.

Chile, Jordania y Reino Unido, los peor valorados

De los treinta y cuatro países estudiados, Chile, Jordania, Reino Unido, Kenia y Tailandia son, por ese orden, los cinco peor valorados al ser los que cuentan con leyes y prácticas de ejecución de las mismas que “parecen haberse olvidado completamente de los consumidores”.

Consumers International recuerda en su informe que “el vínculo causal entre el uso compartido de archivos” en Internet y la bajada de ventas de la industria musical “ha sido cuestionado” por un estudio realizado por profesores de la Universidad de Harvard (EE. UU.) titulado El efecto del intercambio de archivos en las ventas de discos: un análisis empírico.

En cualquier caso, Consumers International señala que frente a la persecución de los internautas, una alternativa es que “las industrias dependientes de los derechos de autor adopten modelos de negocio innovadores”.

El informe también se muestra contrario a que se corte el acceso a Internet para los millones de usuarios que comparten archivos sin interés lucrativo: “suspender este derecho básico”, advierte, “es algo parecido a negar el acceso al agua o a los servicios sanitarios a un consumidor que moja con la manguera al gato de su vecino”.

Este lunes 19 de abril se celebra en España una Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en la que pretende aprobarse la Propuesta Española por una Europa Digital, también denominada Estrategia de Granada (ciudad en la que tiene lugar el evento).

Coincidiendo con este acto, FACUA-Consumidores en Acción, ExGae, Red Sostenible y FCForum, que agrupan, entre otros, a cerca de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos ciudadanos, han celebrado en Sevilla una rueda de prensa para analizar el contenido de la propuesta española y dar a conocer los graves peligros que puede implicar.

Estas entidades muestran su preocupación por las presiones que los lobbies de las industrias de las telecomunicaciones y la cultura vienen ejerciendo sobre Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de políticas a la medida de sus intereses económicos que perjudican a los ciudadanos.

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