La lupa de Hacienda se cierne sobre los más perjudicados por la crisis

Más de 2,6 millones de parados, divorciados y empresas en quiebra están en el punto de mira de Hacienda. Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) advirtieron hoy de que la crisis financiera está produciendo situaciones ciertamente “disparatadas” con la Hacienda Pública que, en lugar de cambiar su ‘modus operandi’ para adaptarlo a la crisis, sigue investigando a los colectivos más perjudicados en su economía mientras descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores. Gestha denuncia esta actitud por considerarla una estrategia “equivocada, injusta e ineficiente” que afecta a 2,65 millones de desempleados, divorciados y empresas en quiebra, entre otros colectivos.

En lo referente a la presión sobre los más perjudicados por la crisis, los Técnicos ponen como primer ejemplo la situación de la mayoría de los más de 2,5 millones de desempleados que en 2009 cobraron prestaciones por desempleo, aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones. En estos casos, el límite para no estar obligado a declarar el Impuesto sobre la Renta baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay sólo un pagador.

En segundo lugar, Gestha se refiere a los casos de las personas que pierden su vivienda al no poder pagar la hipoteca, a pesar de la moratoria de dos años en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, aprobada a partir del 1 de enero de 2009 para los parados y trabajadores autónomos que hayan cerrado su negocio o reduzcan sus ingresos.

En estas situaciones, si el precio de la subasta o la deuda, incluidos los intereses moratorios, indemnizatorios y costas, supera el precio escriturado de la vivienda, Hacienda considerará que “el desalojado ha obtenido una ganancia patrimonial”, y le exigirá entre un 19 % y un 21 %. Según los últimos datos provisionales del INE, entre enero y marzo las quiebras familiares aumentaron un 4,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Gestha denuncia igualmente que Hacienda ha encontrado “un filón” en los casi 119.000 casos de separaciones y divorcios, dado que en España se producen más de 13 rupturas por hora, -entre 2001 y 2006 crecieron más de un 277 %, lo que nos situó entonces al frente de la Unión Europea, según el Instituto de Política Familiar-.

En los casos en que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica la vivienda solicitará un préstamo para pagar a su ex pareja la mitad correspondiente. Realizada esta liquidación, Hacienda considerará que “el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial”, y le reclamará entre un 19 % y un 21 %.

Pero los Técnicos de Hacienda advierten que estas situaciones disparatadas no son exclusivas de las personas, sino que también afectan a más de 15.000 empresas. Así, aquellas sociedades que entran en proceso concursal padecen situaciones “absurdas” en las que, en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores -ya que se supone que no puede pagar-, Hacienda les imputará un “beneficio a distribuir en varios ejercicios” que tributará en el Impuesto sobre Sociedades.

Esta situación se reproduce en las daciones en pago de deudas, que son operaciones en las que el deudor que no tiene liquidez entrega un bien para pagar una deuda, y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva.

Contribuyentes afectados por situaciones “disparatadas” con la Hacienda Pública

Fuente: Gestha
Andalucía, la comunidad autónoma más afectada

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que concentra mayor número de afectados por situaciones de este calado, con más de 560.000 parados, divorciados y empresas en quiebra afectados. A continuación se sitúa Cataluña, con más de 440.000 casos, seguida de la Comunidad Valenciana (315.365), la Comunidad de Madrid (309.432), el Archipiélago Canario (170.076) y Galicia (138.402).

Por detrás, se localizan otras regiones como Castilla-La Mancha (114.464), Castilla y León (107.086), el País Vasco (83.930) y la Región de Murcia (79.713), seguidas de Extremadura (70.693), las Islas Baleares (68.932), Aragón (63.949) y Asturias (52.374).

Por el contrario, las comunidades con menos personas y sociedades afectadas por estas situaciones son La Rioja (14.837), Cantabria (26.906) y Navarra (29.279).

Los esfuerzos, contra la economía sumergida

Los Técnicos de Hacienda consideran que la solución para equilibrar las cuentas públicas pasa por luchar de manera eficaz contra la economía sumergida y los grandes defraudadores en lugar de poner la lupa sobre los colectivos más perjudicados por la crisis o realizar drásticos recortes sociales, sobre todo cuando España tiene uno de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea, equivalente al 23,3 % del PIB, lo que supone que 245.000 millones escapan al control del fisco anualmente.

A este respecto, Gestha estima que si el Gobierno aumenta las responsabilidades de los Técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude, el control de las subvenciones y el gasto público, se podría reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a Francia o Alemania. Ello significaría recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales cada año, una circunstancia que permitiría rectificar absurdas situaciones antes mencionadas.

Los Técnicos de Hacienda remitirán el próximo martes a los grupos políticos del Congreso unas propuestas para la modificación de las leyes del IRPF y del Impuesto de Sociedades con el fin de evitar situaciones como las descritas.

El 92 % del fraude en España escapa de la lupa de Hacienda

Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tendrá un alcance muy limitado sobre la economía sumergida, por considerar que no desplazará la lupa de la investigación hacia las principales bolsas de fraude como son las grandes corporaciones, sociedades instrumentales, cuentas depositadas en paraísos fiscales o la elusión de las grandes fortunas, sino que intensificará el control sobre autónomos, pymes y trabajadores.

Gestha estima que este nuevo plan supone un pequeño paso adelante porque el Gobierno exigirá a la AEAT un aumento trienal de un 6 % en los objetivos de recaudación por fraude, el doble del objetivo del 3 % que este organismo se había fijado inicialmente, conscientes de que es necesario mejorar la actual tasa de cobro del 13 % de las deudas liquidadas en la lucha contra el fraude.

Este colectivo lamentó que el Gobierno no haya aprobado medidas realmente eficaces que terminen con la consideración de España como “balneario fiscal” , ocupando el segundo lugar del ranking de economías sumergidas de Europa, por detrás de Grecia. En los últimos cinco años, la Agencia Tributaria recaudó sólo 35.000 millones de euros provenientes de la economía sumergida por actuaciones directas e indirectas, lo que supone que el 92 % del fraude escapa del control del Fisco.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda señalaron que el objetivo del Gobierno de aumentar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones en estos tres próximos años es “muy poco ambicioso”, frente al objetivo de los Técnicos de recaudar 6.500 millones adicionales solo en este año 2010, siempre y cuando se les autorice a extender sus investigaciones a las grandes empresas más allá de pymes y autónomos.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3 % del PIB, situándola en la media de la Unión Europea. De este modo, a medio plazo la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación.

En la actualidad, la economía sumergida supera los 245.000 millones de euros.

La cara y la cruz de estas medidas
Del conjunto de medidas aprobadas hoy, los Técnicos de Hacienda valoraron, por encima de todas, la colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, así como la creación de bases de datos compartidas entre los distintos organismos, puesto que permitirá obtener mayor rendimiento de esta información y realizar acciones de control conjuntas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “parece increíble que hayan tenido que pasar 18 años desde la creación de la AEAT para que finalmente se comparta con otro Ministerio la información de las empresas. Sin duda se trata de un primer paso para acabar con el concepto patrimonial de la información que caracteriza a nuestras Administraciones Públicas”.

Sin embargo, este colectivo estima que las medidas adoptadas en materia de coordinación administrativa son todavía “poco ambiciosas” ya que el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deberían compartir su información tributaria, así como llegar a acuerdos de colaboración entre las distintas agencias estatal, autonómicas y locales, estableciendo el consorcio del IRPF en este año 2010.

Con respecto a la puesta en marcha de un foro con las grandes empresas para resolver dudas interpretativas, Gestha considera que no va a reducir la economía sumergida, aunque reconocen que es un buen instrumento para reducir la elevada litigiosidad de la AEAT, y proponen que se de cabida a representantes de las pymes y autónomos.

Paraísos fiscales
En relación a los paraísos fiscales, Gestha animó al Gobierno a que España lidere, en la presidencia de turno de la Unión Europea, la lucha contra los paraísos fiscales, instando a la UE, la OCDE y el G-20 a que exijan a estos territorios la firma de convenios de intercambio de información, en lugar de simples acuerdos.

Según Mollinedo, “los acuerdos no tienen un efecto sustancial en la lucha contra el fraude pero los convenios sí, puesto que mediante los acuerdos las autoridades de los paraísos fiscales se comprometen a facilitar información sólo si existen indicios o sospechas de titularidad de acciones, cuentas o depósitos situados en un concreto paraíso fiscal, y bajo petición individualizada en el curso de una investigación judicial o administrativa”.

Finalmente, con respecto a la necesaria coordinación internacional en la lucha contra el fraude, los Técnicos instaron al Gobierno a que lidere también en la Unión Europa los acuerdos necesarios para alcanzar una metodología común de estimación de la economía sumergida en los distintos territorios, de manera que se cuantifiquen claramente las bolsas de fraude y se establezcan unos objetivos claros de reducción con carácter periódico.

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