FACUA propone expropiar viviendas vacías para destinarlas a alquiler social
Siguen las reacciones a las propuestas de ayer de Gobierno y oposición tras las propuestas para acabar con el problema de falta de vivienda. FACUA-Consumidores en Acción ha planteado la expropiación del uso de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores como medida para abordar la crisis de acceso a la vivienda. Según la asociación, estas propiedades, que lleven más de un año desocupadas, deberían ser destinadas a alquileres sociales con precios regulados por la Administración.
FACUA insiste en que “el Estado debe imponer a los grandes tenedores que destinen las viviendas vacías al alquiler social”. Además, recalcan que la vivienda pública debe protegerse para evitar que se convierta en un instrumento de especulación.
Rechazo a las exenciones fiscales a caseros
La asociación ha expresado su oposición a la propuesta de exención del IRPF anunciada por el presidente Pedro Sánchez —si se llegase a aprobar en el Congreso de los Diputados— para los caseros que ajusten sus precios al índice de referencia sin obligación legal. Según FACUA, “quien se beneficie económicamente del alquiler de un inmueble debe siempre tributar por ello”. Además, advierten que estas exenciones favorecen el rentismo y refuerzan la idea de la vivienda como una inversión.
Vivienda pública y Sareb
FACUA valora como positiva la decisión de que las viviendas públicas promovidas por la Administración General del Estado nunca puedan ser descalificadas. También considera relevante que las propiedades en manos de la Sareb sean gestionadas por la nueva empresa pública de vivienda para destinarlas a alquileres sociales. Sin embargo, la asociación subraya que estas medidas son insuficientes y deben complementarse con políticas como la expropiación de viviendas vacías.
Reivindicaciones clave
El pasado octubre, FACUA ya trasladó al presidente una serie de demandas en materia de vivienda. Entre ellas destacaban:
– Fijación de indemnizaciones que los arrendadores con prácticas abusivas deban abonar a los inquilinos.
– Prohibición de incrementar precios de alquiler por encima del IPC en nuevos contratos.
– Reconocimiento del inquilino como consumidor, permitiendo que los abusos sean sancionados como infracciones en materia de consumo.
– Mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos entre inquilinos y propietarios.