España, en el top ten de países con mayor economía sumergida

¿Cuánto dinero negro hay en España? Las estadísticas sirven muchas veces para confirmar lo que todo el mundo sabe, generalidades que hasta que no se expresan con datos concretos están ahí pero no somos conscientes de la magnitud de los mismos. Es lo que pasa en España con la economía sumergida, el dinero en B que se mueve en sobres y que pasa inadvertido para las arcas del Estado. Esta vez ha sido la institución alemana Institute for Management Development (IMD), que en su “Anuario sobre Competitividad Mundial 2012” recoge cómo la economía sumergida perjudica el desarrollo económico en una serie de países, entre los que destaca claramente España, que ocupa el octavo puesto de los países donde se ha analizado la cantidad de dinero en B que existe. ¿Sabes qué es la economía sumergida?

UU. y Japón. Entre los veinte países donde la economía sumergida apenas plantea problemas cabe destacar a Alemania, Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido entre los europeos, así como Taiwán y Hong Kong entre los asiáticos. Francia, Austria, la República Checa y Bélgica están todavía entre los 30 países menos afectados por la economía sumergida y sus consecuencias.

Países con más economía sumergida
Italia, en cambio, ya ocupa el puesto 47, seguida de Eslovaquia, Grecia y España. Según los datos de la encuesta, la economía sumergida perjudica claramente el crecimiento económico español, que ocupa el puesto 51 de un total de 59 países. Sólo están peor que nosotros Hungría y Rumania que cierran la clasificación.

En fin, un secreto a voces, el de la economía sumergida que ocupa actualmente tantas conversaciones en la calle y que desvela hechos curiosos como la proliferación de billetes de 500 euros ante la falta de liquidez o que el montante total asciende a más de 245.000 millones de euros.

La economía sumergida en España aumenta los billetes de 500 euros en circulación

La crisis está haciendo aflorar los ahorros guardados debajo del colchón. En España, el valor de los billetes de 500 euros alcanza un valor de casi 46.500 millones de euros, el 67 % de todo el efectivo en circulación en los bolsillos de los españoles durante 2012. ¿Motivos? Según los Técnicos de Hacienda (GESTHA) se debe al afloramiento de liquidez para mover las cantidades que se mueven en la economía sumergida, que cifra en torno a una cuarta parte de la economía nacional. En España se mueven el 16 % de todos los billetes de 500 euros de la zona euro.

Estos datos, que el 67,2 % de todo el dinero puesto en circulación en España en 2012 sea en billetes de 500 euros, supone que aumente su peso en más de tres puntos con respecto al comienzo de la crisis (el 64 % a finales de 2007), según los últimos datos del Banco de España analizados por los Técnicos de Hacienda. “Aumenta el protagonismo de los billetes grandes porque son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del Fisco y, por tanto, al repunte de la economía sumergida propiciado por el agravamiento de la crisis, una tendencia que curiosamente es compatible con la caída del 8 % del número de estos billetes en circulación en 2012, el mayor descenso de los últimos cinco años”.

Boom inmobiliario
Gestha recuerda que el retroceso de estos billetes de 500 euros se inició con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la atonía de la actividad de las empresas constructoras e inmobiliarias, donde el pago del dinero B en las operaciones de compra-venta es habitual con billetes grandes. La evasión fiscal en este sector llegó a alcanzar por aquel entonces los 8.600 millones anuales. Asimismo, el inicio de las investigaciones sobre los billetes de 500 en 2007 propició entonces que los billetes de 200 ganaran terreno en las prácticas fraudulentas. Ambas prácticas decayeron ligeramente con la identificación de las operaciones realizadas en efectivo con billetes de 500 euros por las entidades financieras desde comienzos de 2010, lo que tuvo un efecto disuasorio sobre los defraudadores.

Algo inusual lo que pasa en España
En la actualidad, España sigue moviendo inusuales cantidades en billetes grandes, puesto que acapara casi el 16 % de los billetes de 500 de la eurozona (frente al 25 % de 2007), cuando el PIB español representa poco más de una décima parte del PIB de los 17 países que pertenecen al euro.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “si bien la adhesión de nuevos estados a la moneda única y la menor actividad inmobiliaria española han tenido mucho que ver en que el atesoramiento de billetes haya retrocedido en nueve puntos, es una mala señal que nuestro país siga teniendo una cuota tan elevada. La lectura es sencilla, los defraudadores españoles siguen haciendo acopio de ellos para no dejar rastro de sus operaciones opacas”.

Billetes de 500 euros e importe en España vs. eurozona*

*Unidades en millones de billetes, e importes en millones de euros.

Los de 50 marcan la excepción A pesar de que ya son menos los billetes de 500 en circulación, Gestha también achaca el aumento de su peso relativo a que el resto de billetes grandes aceleraron su caída en este último año. Así, los de 200 son un 30 % menos numerosos que en 2007, mientras que los de 100 euros se han desplomado en torno a un 50 %.

Estas caídas tan acusadas están relacionadas sobre todo con el descenso de la actividad económica y el consumo doméstico propiciados por la pérdida de poder adquisitivo y la alta tasa de desempleo, que ya supera el 26 % de la población activa con casi seis millones de parados.

Sin embargo, los billetes de 50 marcan la excepción en este censo, al registrar un incremento del 48,5 % desde 2007 y del 10,7 % sólo en el último ejercicio, superior incluso al avance experimentado en el conjunto de los países de la zona euro (6,5 % en 2012). Para Gestha, la razón de este incremento es el uso cotidiano de este billete que suele ser el más expedido en los cajeros y el que habitualmente guardan los ciudadanos en su cartera.

Evolución del número e importe de billetes grandes en España durante la crisis*

*Unidades en millones de billetes, e importes en millones de euros.

Controlar los billetes grandes Para avanzar con mayor rapidez en la lucha contra el fraude a través del uso de billetes de alto valor facial como los de 500 ó 200 euros, Gestha respalda la medida aprobada el pasado mes de octubre de limitar los pagos en efectivo de las operaciones que superan los 2.500 euros, aunque cree necesario reducir a 1.000 euros el tope fijado por el Gobierno. Asimismo, es imprescindible que los más de 8.000 Técnicos puedan asumir mayores responsabilidades y competencias para ampliar con éxito la investigación de billetes grandes. Con este reconocimiento profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos las bolsas de fraude, situándola al nivel de Francia o Alemania. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España supera el 23,3 % del PIB, lo que supone unos 245.000 millones euros.

El duro lastre de la economía sumergida: 25 % del PIB en España

Según un ensayo de FUNCAS, la economía sumergida en España supone un grave problema, puesto que se estima que supone cerca del 25 % del PIB español. Es decir, que hay cerca de 200.000 millones de euros que no pagan impuestos. Por si fuera poco, cerca de cuatro millones de empleos, tampoco rinden cuentas a la Seguridad Social.

Funcas acaba de editar un volumen con un ensayo independiente que recoge los resultados de una investigación propiciada y financiada por la Fundación de las Cajas de Ahorros.

El tema a tratar es de la economía sumergida y son autores los profesores María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez de la U. Rey Juan Carlos de Madrid, explora el nivel de economía sumergida en España, abordándolo por tres distintos procedimientos: el método monetario, el de consumo de energía, y el método MIMIC (múltiples indicadores y múltiples causas) obteniendo resultados convergentes que sitúan la economía sumergida en España en torno al 21 ,5 % del PIB.

Los autores, estudian el período 1980-2008, y empleen cualquiera de los tres procedimientos seleccionados, se aprecian una elevación del volumen de la economía sumergida, tanto en términos absolutos como en comparación con el volumen de actividad económica oficial medida por el PIB. Así, de estimaciones medias para el período 1980-1985 de alrededor del 12,5 % sobre el PIB oficial, se ha pasado a unos niveles para el período 2005-2008 que se sitúan entre el 20 al 23,7 %.

Por otra parte, subrayan que el crecimiento del volumen de la economía sumergida coincide con un período de fuerte aumento del crecimiento de la actividad económica oficial. Efectivamente, en el período 1980-2008 el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, ocurriendo otro tanto con el de la economía sumergida, pero que en este caso se ha multiplicado por 4.

El incremento del volumen de la economía sumergida es atribuible en gran medida también a motivos fiscales. Durante el período analizado 1980-2008 se ha producido una elevación de los niveles de presión fiscal, que han incentivado notablemente la realización de actividades al margen de los cauces oficiales. Su existencia ha supuesto una media anual de pérdida de recaudación fiscal de 31.000 millones de € del año 2000, lo que supone el 5,6 % del PIB oficial.

La cuantificación de la economía sumergida ha permitido a los profesores Arrazola, Hevia, Mauleón y Sánchez, de la U. Rey Juan Carlos de Madrid, realizar algunas aproximaciones sobre el volumen de empleo sumergido. Suponiendo que la productividad aparente de la economía oficial es la misma que la sumergida, los autores del ensayo de FUNCAS estiman para el período 1980-2008 un número de empleos medios de 2,5 millones. Ese volumen de empleo sumergido ha crecido, a lo largo del período considerado, de alrededor de 1,4 millones en 1980-1984, a más de 4 millones en el período 2006-2008.

Los autores destacan que no se debe caer en la tentación de considerar a la economía sumergida como una parte consustancial de nuestra vida económica ya que, a largo plazo, supone un duro lastre para la economía española.

La economía sumergida crece hasta los 245.000 millones de euros

La crisis propició un aumento de la evasión fiscal durante el pasado año, hasta el punto de que la economía sumergida crece en 0,7 puntos porcentuales, alcanzando los 244.918 millones de euros en 2009, una cifra que representa un 23,3 % del PIB nacional. En el último decenio la bolsa de dinero negro aumentó en más de 25.000 millones de euros, según el último “Informe de Economía Sumergida 2000-2009” elaborado por los Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha), hecho público hoy en respuesta a las propuestas sobre el sistema de pensiones, una medida que provocará esta semana movilizaciones sindicales en toda España.

El informe pone de relieve cómo el importante crecimiento del fraude fiscal, unido a la caída de la actividad económica, motivaron un desplome de la recaudación tributaria de 27.362 millones hasta noviembre del pasado año. Las partidas más perjudicadas por la crisis y el fraude fueron, precisamente, el IVA y el Impuesto de Sociedades que cayeron un 29,8 % (13.677 millones de euros) y un 23,1 % (6.007 millones de euros), respectivamente.

Los Técnicos de Hacienda explican que en época de crisis, lo primero que dejan de pagar las empresas cuando no pueden hacer frente a todas sus obligaciones son los impuestos, porque la evasión les origina “menos dificultades”, que el impago a trabajadores, entidades financieras o proveedores.

Según Gestha, esta laxitud fiscal explica que el Estado dejara de recaudar más de 71.000 millones de euros en los últimos diez años, que es la cantidad que tendría que haber ingresado de acuerdo a la evolución del PIB y la recaudación impositiva por IVA en este periodo. Así, mientras que el PIB registró un crecimiento acumulado del 64 % entre los años 2000 y 2009, las cuotas de IVA ingresadas por empresario en este último año retrocedieron a niveles de hace una década.

De esta forma, la bolsa de dinero negro aumentó 2,4 puntos del PIB en el ultimo decenio, lo que explica que aunque la economía creció a niveles históricos gracias al ‘boom’ inmobiliario, la recaudación lo hiciera a un ritmo mucho menor debido a la evasión fiscal en el sector constructor y promotor donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo. Gestha estima que sólo el fraude en este sector representa unos 8.800 millones de euros anuales.

Navarra y la Comunidad Valenciana, donde la economía sumergida crece más
Por comunidades autónomas, aquéllas que protagonizaron mayores crecimientos de su bolsa de fraude durante estos últimos diez años fueron, por este orden, Navarra (+6,8 %) y la Comunidad Valenciana (+5,6 %), seguidas de Andalucía (+5,5 %), Murcia (+5,5 %) y La Rioja (+5,5 %). Las regiones de Castilla y León, Cantabria y Aragón aumentaron su tasa de economía sumergida un 5,5 % en este periodo.

Las comunidades que contuvieron en mayor medida el crecimiento su economía sumergida en 2009 fueron Asturias y Extremadura, con aumentos del 0,6 % y del 0,8 %, respectivamente.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid y el País Vasco fueron las dos únicas regiones que lograron reducir sus bolsas de fraude entre 2000 y 2009, y lo hicieron en un 0,8 % y en un 1,2 % respectivamente.

Economía sumergida en España por comunidades autónomas en 2009

Fuente: Gestha
Contra los defraudadores, y no contra los pensionistas
Ante este elevado nivel de fraude, los Técnicos de Hacienda comparten las tesis manifestadas en estas últimas semanas por algunos grupos políticos, colectivos sindicales y autónomos de priorizar la lucha contra la economía sumergida y las grandes bolsas de fraude para elevar los ingresos, en lugar de “cargar las tintas” sobre los más débiles como son los trabajadores y pensionistas que contemplan con recelo la recientemente anunciada reforma del sistema de pensiones.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “nuestra prioridad es que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales. Si logramos este objetivo, los técnicos apoyamos la propuesta de reforma de la financiación de las pensiones basada en un sistema mixto, financiado no sólo con las aportaciones de los trabajadores sino también con impuestos. Además, apoyamos la propuesta de elevar la edad de jubilación con carácter voluntario y no obligatorio”.

Puntos del nuevo Plan Antifraude
Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria estatal podría reducir hasta en diez puntos porcentuales nuestro ratio de economía sumergida, lo que nos situaría en niveles de los países más avanzados de la Unión Europea. De este modo, se podrían recaudar anualmente unos 38.500 millones de euros adicionales que permitirían asegurar y mejorar las prestaciones sociales, evitando los recortes a los colectivos menos favorecidos.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, considera fundamental que el nuevo Plan de Prevención del Fraude Fiscal que se dará a conocer el viernes, día 5 de marzo, incluya algunas de la políticas que los países con tasas de economía sumergida muy inferiores a la española, vienen desarrollando, como son una estimación oficial de la bolsa de dinero negro cada dos o tres años, desagregada por territorios y sectores.

Además, los Técnicos consideran que el Parlamento debería fijar los objetivos de reducción de economía sumergida y realizar el control de los resultados de acuerdo con la siguiente edición de la estimación del fraude. La Agencia Tributaria, por su parte, debería fijar los criterios y programas para lograrlo, valiéndose de los estudios que determinarán dónde se sitúa la economía sumergida en nuestro país.

En tercer lugar, Gestha estima necesario fomentar la coordinación y consorcio con otras Administraciones Públicas implicadas (estatal, autonómicas o locales), procurando alcanzar un “pacto de lucha beligerante” contra el fraude fiscal y para mejorar la eficiencia y el control del gasto público.

Finalmente, abogan porque se aprovechen las capacidades y potencial de todos los empleados de la AEAT y del Ministerio de Economía y Hacienda, y se permita a los Técnicos de Hacienda que asuman mayores responsabilidades en la lucha contra el fraude y el control del gasto público. De este modo se posibilitaría que Hacienda investigara los fraudes de las grandes Corporaciones, los desarrollos urbanísticos y las grandes fortunas, en vez de estar centrada en el pequeño contribuyente, en los autónomos y en las pymes.

Hacienda ingresa menos por la crisis y el aumento de la economía sumergida

El aumento de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes, unido a la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis, motivó que los ingresos tributarios cayeran en 14.570 millones de euros hasta mayo, lo que representa un retroceso del 19 % con respecto al mismo periodo del año anterior. En los cinco primeros meses del año, la recaudación tributaria se situó en 61.937 millones de euros, según los últimos datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (GESTHA). La recaudación por IVA, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, registró un retroceso del 29,9 % en este periodo, hasta situarse en 18.420 millones de euros, debido principalmente a la evolución negativa del mercado de la vivienda y la caída del gasto en consumo de las familias.

Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 14,6 %, situándose en 27.702 millones de euros en este periodo, lo que supone una desaceleración de tres puntos con respecto al ritmo acumulado hasta abril, debido al mayor adelanto de las devoluciones y el descenso de las retenciones de capital en mayo.

Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, la principal fuente de ingresos del Estado después del IRPF y del IVA, registraron una bajada del 20,7 % en los cinco primeros meses del año, situándose en 5.356 millones de euros, debido a la caída de los beneficios empresariales por la crisis, así como el aumento de las solicitudes de aplazamiento o pago fraccionado ante la falta de tesorería y fuerte endeudamiento que padece el sector empresarial español.

Ingresos tributarios de la Agencia Tributaria del Estado (enero/mayo 08-09)

*Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de las estadísticas de la recaudación 2008-2009 *Recaudación en miles de euros
Murcia y las dos Castillas protagonizan los mayores descensos

Por comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla protagonizaron las mayores caídas en su recaudación, con un retroceso del 35,4 % y 32 %, respectivamente, hasta mayo, seguidas de la Región de Murcia (-30,5 %) y las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con unas bajadas del 30,2 % y 28,8 %, respectivamente. La Comunidad de Galicia registró un retroceso en su volumen de ingresos tributarios del 28,6 %, seguida de Cataluña (-21,25 %) y Andalucía (-26,1 %).

Por el contrario, las regiones donde los ingresos tributarios experimentaron descensos menos acusados fueron, por este orden, País Vasco, con una caída del 10,5 % y Madrid, con una bajada del 10,8 %, seguidas de las Islas Baleares (-17,18 %), el Principado de Asturias (-19,57 %) y Cantabria (-22,57 %).

Aumenta la economía sumergida
Los Técnicos de Hacienda estiman que si bien este retroceso de los ingresos del Estado responde lógicamente a la fuerte caída de la actividad económica y el consumo, advierten que también obedece al aumento de la economía sumergida en una coyuntura donde las dificultades económicas promueven la “picaresca” e incitan a los contribuyentes a defraudar antes que a cumplir sus obligaciones fiscales.

En este sentido, recordaron la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto social. La economía sumergida en España se sitúa en el 23 % del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales. Para ello, consideran “imprescindible” autorizar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación. En este sentido, recordaron que el Congreso de los Diputados aprobó el 19 de mayo dos Resoluciones del Debate del estado de la Nación sobre la necesidad de realizar esta autorización.

El dinero negro en España alcanza los 240.000 millones

La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23 % del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones de euros. Las dos grandes bolsas de fraude existentes en nuestro país son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias, así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales, según datos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).

Distintos estudios de varios organismos tales como el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la propia Unión Europea sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20 % y el 25 % del Producto Interior Bruto (PIB), frente a una media de nuestro entorno europeo diez puntos por debajo, excluidos los países del Este y de reciente incorporación.

Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13 % del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar -vía impuestos- unos 25.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.

Grandes bolsas de fraude
El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía española está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España.

Los Técnicos de Hacienda estiman que seis de cada diez arrendamientos localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 60 % del total del parque de viviendas alquiladas, según un estudio realizado por este colectivo.

Alquileres
Además, cifra en más de 2.100 millones de euros anuales, las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres “de temporada”, especialmente los situados en las localidades costeras y aquéllos protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.

Asimismo, otros arrendamientos susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, son los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados.

Pymes
Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 95,8 % de las compañías asentadas en España que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -un total de 57.700 sociedades- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.

Por otro lado, los Técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituyó también una “válvula de escape” para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida en años pasados. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 20 % en España en 2007, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron “paradójicamente” un comportamiento bajista durante el pasado año.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros que parece haberse frenado en estos últimos meses”.

En este sentido, la cifra de billetes grandes en circulación se situó en 108 millones en agosto, con un importe de a 54.000 millones de euros , lo que representa el 70 % del volumen total de efectivo en movimiento en nuestro país. En la actualidad, más de la cuarta parte de estos billetes grandes que circulan por la zona Euro se localizan en España.

Un paquete de medidas para prevenir el fraude fiscal
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera “imprescindible” habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.

Por otro lado, Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18 % como si fuera renta del ahorro.

Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los “pases”.

Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, puesto que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y, por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el “valor único de referencia a precios de mercado” para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Fraude por IVA
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como “inversión del sujeto pasivo”, es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.

También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre actualmente con los no residentes.

La compra venta de vivienda, refugio idóneo del dinero negro

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF), aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España como son las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias.

En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros. Gestha reconoce que si bien las actuaciones sobre el sector inmobiliario se han incrementado en este año, la Ley Antifraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable.

En la actualidad, la evasión fiscal en este sector ronda los 8.600 millones de euros anuales y su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo, principalmente, de dos formas.

El primer mecanismo empleado para defraudar se denomina “dar el pase” y consiste en efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública. En segundo lugar, se realiza “obligando” al adquiriente a firmar/declarar en la escritura un precio inferior al realmente satisfecho, lo cual incide directamente en el fraude en todos los impuestos que no soportan el comprador, ni el vendedor. Según el nuevo secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “a pesar de que todavía queda mucho por hacer, es positivo que la Agencia Tributaria haya comenzado, por primera vez, la investigación de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros, aunque las investigaciones realizadas apenas superan el 0,03 % del total de estos billetes en circulación”. Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda consideran “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

Medidas
Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18 % como si fuera renta del ahorro.

Además, plantea propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los “pases”.

Según este colectivo, esta medida permitirá la obtención de información a efectos del control tributario y facilitará también el control de la legalidad de los contratos por la autoridad administrativa y la lucha contra cláusulas abusivas o la falta de cumplimiento de las garantías establecidas por la legislación respectiva. Además, esta medida redundaría también en beneficio del consumidor, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de estos contratos privados, puesto que la compraventa no se perfecciona hasta el otorgamiento de escritura pública.

Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, puesto que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia. Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el “valor único de referencia a precios de mercado” para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan. Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como “inversión del sujeto pasivo”, es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.

GESTHA: “El dinero negro es responsable del alza de precios”

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la desviación al alza de 1,2 puntos porcentuales del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la economía española con respecto a la media de la Unión Monetaria Europea (UME) no responde a la subida de los alimentos o a la mayor dependencia energética de nuestro país, sino al mayor porcentaje de economía sumergida y al exceso de dinero negro en circulación.

Según los datos del Banco de España, en nuestro país circula más de la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro, lo que supone un total de 56.438 millones de euros que se mueven, en su mayoría, como dinero negro. La economía sumergida en España se estima actualmente en el 23 % del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 10 % y, desde la entrada en funcionamiento del euro, el volumen de crédito bancario en España dobla al del resto de los países de la Unión Monetaria.

Gestha explica que el alto nivel de economía sumergida existente en España agrava el diferencial de precios con respecto a nuestros vecinos europeos, al provocar una “espiral de consumo”, en la que la propensión a la compra es mayor debido al efecto psicológico de “gastar con más alegría y cuanto antes el dinero negro para darle salida”. Desde la entrada en vigor del euro, España viene soportando un diferencial de inflación con respecto de la Unión Monetaria Europea (UME) -medido por el IPCA- de un punto porcentual de media, acumulando un diferencial de inflación de unos diez puntos desde 1999. En España, este índice armonizado se situó en el 4,3 % en 2007 -sólo por delante de Eslovenia- mientras que la media de los países de la zona euro fue del 3,1 %, con lo que el diferencial se habría ampliado hasta 1,2 puntos. Dependencia energética y alimentos, libres de culpa

Los Técnicos de Hacienda reconocen que el repunte generalizado de la inflación en la zona euro viene impulsado a corto plazo por la escalada de precios del petróleo y de los alimentos, pero aseguran que, en ningún caso, estos factores pueden explicar el diferencial de inflación con respecto a nuestros homólogos europeos, pues la dependencia energética y los precios de los alimentos son similares en buena parte de la Unión Monetaria. Según este colectivo, esta tesis queda reforzada al observar que el diferencial de inflación se ha mantenido prácticamente constante -un punto porcentual- en un periodo donde el precio del barril de petróleo se ha multiplicado por cinco, desde los 20 dólares de 1999 hasta los 100 dólares actuales, castigando así los costes de todos los países. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “si confrontamos la dependencia energética de los distintos países de la Unión Monetaria con los datos de inflación, resulta sencillo observar cómo países con índices similares al nuestro, como son Austria, Bélgica, Irlanda, Italia o Portugal, presentan tasas de inflación significativamente inferiores, lo que nos lleva a despreciar la dependencia energética como causa del diferencial de inflación”. Pérdida de competitividad y poder adquisitivo
Gestha explica que el efecto más perverso de este diferencial de precios es la pérdida de competitividad del comercio exterior, hasta el punto de que las dificultades a la exportación y el abaratamiento de las importaciones han duplicado la deuda externa en los últimos cuatro años, situando a España a la cabeza del déficit exterior mundial con respecto al Producto Interior Bruto (PIB). En el ámbito doméstico, los Técnicos de Hacienda estiman que los consumidores españoles han sufrido una pérdida de poder adquisitivo diez puntos por encima que nuestros vecinos europeos. La subida de los recibos de las hipotecas, electricidad, agua y gas, así como el transporte perjudica especialmente al 57 % de los trabajadores y pensionistas españoles que percibe menos de 1.100 euros brutos al mes. Una política fiscal con superávit

Los Técnicos de Hacienda denuncian la “inactividad” del vicepresidente Económico, Pedro Solbes y, frente a ella, proponen “un aumento de los ingresos reduciendo el fraude fiscal y la economía sumergida y compensar a los ciudadanos más castigados por la pérdida de poder adquisitivo con una rebaja específica del IRPF”. Gestha estima que esta medida, de marcado carácter social, no sólo favorecerá a la economía española, en su conjunto, sino al bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, evitando los efectos desiguales de la inflación sobre los salarios más bajos. Además, disminuiría la presión sindical de subidas salariales en las negociaciones colectivas que pueden suponer una tendencia alcista en los precios. La desviación del IPC correspondiente a 2007 sobre el objetivo del 2 % previsto costará a las empresas más de 3.100 millones de euros, por la aplicación de las cláusulas de revisión salarial, según la CEOE. En España, los precios subieron el pasado mes de diciembre cuatro décimas, con lo que la inflación acumulada en el conjunto de 2007 se situó en el 4,2 %, más del doble del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE) y también el dato más elevado que se acumula en un ejercicio desde 1995. Los precios de los carburantes y combustibles subieron un 14,4 % en el conjunto del pasado año, mientras que los de los alimentos elaborados y frescos lo hicieron en un 7,4 % y 4,9 %, respectivamente.

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