Entre 2.000 y 3.000 euros por conseguir un falso padre y obtener el permiso de residencia
En el marco de una operación de la Policía Nacional contra el favorecimiento de la inmigración ilegal y la estafa a la Administración Pública han sido imputados 10 falsos padres y sus 132 supuestos hijos tras haber falsificado documentos para obtener el permiso de residencia. Los ficticios descendientes pagaban entre 2.000 y 3.000 euros por encontrar un progenitor de nacionalidad española y regularizar así su situación en España como familiares de comunitario. Hay también otras 30 personas detenidas, entre ellas un abogado en ejercicio y trabajador en una ONG que se hizo pasar por padre de cinco hijos presentando partidas de nacimiento y otros documentos falsos. Se ha llegado a dar el caso de que una de las mujeres investigadas llegó a tener 21 supuestos hijos, todos ellos nacidos en el plazo de tres años.
Contenido de la información:
- Detenida por estar casada con 3 personas a la vez, a los que cobró 9.000 euros para conseguir el permiso de residencia
- Cae una red de matrimonios de conveniencia en Murcia que pagaba entre 500 y 3.000 euros por casarse con un ciudadano extranjero
- Cae en Madrid una red de matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular
- Caen dos redes de matrimonios de conveniencia que pagaban hasta 6.000 euros por prestarse al fraude
La investigación comenzó a mediados del mes de diciembre de 2011 cuando se produjo la detención de uno de los supuestos progenitores, abogado en ejercicio y trabajador en una ONG de ayuda al toxicómano en Zaragoza, que había conseguido “reagrupar” a cinco ciudadanos extranjeros como sus supuestos hijos. Dos de las extranjeras en situación irregular, a las que había cobrado 2.400 euros, portaban en el momento de la detención su partida de nacimiento original, que nada tenía que ver con la que habían entregado en la Administración para regularizar su situación en nuestro país.
A partir de estos arrestos, se intensificaron las indagaciones sobre 17 redes que operaban con el mismo modus operandi a lo largo de todo el territorio. Los autores de estos hechos ilícitos presentaban las diferentes solicitudes de reagrupación ante las Oficinas de Extranjeros correspondientes, donde aportaban documentación falsa en la que se hacían pasar por padres o madres de los solicitantes. Actuaban contratados por personas extranjeras en situación irregular en España que no reunían los requisitos para ser beneficiarios de un permiso de residencia y mediante la estafa a los organismos públicos pretendían conseguir que les concedieran los permisos necesarios para residir en nuestro país.
Situaciones familiares imposibles
Con toda la documentación obtenida en el transcurso de la operación, los investigadores profundizaron en las diferentes redes, que actuaban en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara y Logroño, descubriendo numerosos casos de regularización que por sus cualidades eran inviables. En una ocasión, una mujer consiguió reagrupar a 21 supuestos hijos, nacidos todos en un plazo no superior a cinco años. En otro caso, una supuesta madre habría dado a luz a cinco hijos en 1989, y a otros cuatro en 1990, todos de diferentes partos.
Otra de las reagrupaciones llamativas era la de un ciudadano nacido en Guinea ecuatorial, nacionalizado español, que sin haber abandonado desde hacía 30 años España, presentó distintas partidas de nacimiento para supuestos descendientes suyos, nacidos entre 1990 y 1991 en su país de origen.
Finalmente el operativo ha culminado con la detención de 30 personas (en su mayoría de nacionalidad guineana) en Aragón, 7 de ellos supuestos progenitores y los otros 23 supuestos hijos. Además, han sido imputadas un total de 142 personas, 10 falsos padres y sus 132 supuestos hijos. La investigación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
Detenida por estar casada con 3 personas a la vez, a los que cobró 9.000 euros para conseguir el permiso de residencia
Una mujer ha sido detenida por estar casada simultáneamente con tres individuos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a María Pilar M. M., de 40 años, como presunta autora de un delito contra las relaciones familiares por estar casada simultáneamente con tres individuos. Los contrayentes, de origen nigeriano, tras contraer matrimonio solicitaban el permiso de residencia comunitario. La arrestada cobraba unos 3.000 euros por cada enlace.
La investigación comenzó el pasado mes de noviembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de varias irregularidades en la solicitud de residencia de régimen comunitario realizada por una persona de nacionalidad nigeriana. Los policías pudieron comprobar que dicho ciudadano se había casado con una mujer española y, tras ello, solicitó el permiso de residencia haciendo entrega del correspondiente certificado de matrimonio.
Había contraído matrimonio en los años 2007 y 2008
Posteriormente y tras continuar con las pesquisas, los agentes pudieron comprobar que esta mujer figuraba inscrita en los registros civiles de otras localidades, puesto que había contraído matrimonio en los años 2007 y 2008 con otros dos ciudadanos nigerianos. Estos tres enlaces se realizaron en los registros civiles de Móstoles, Camarma de Esteruelas y Torres de la Alameda, por lo que se solicitó las copias de dichos expedientes matrimoniales. Una vez analizada la documentación se procedió a la detención de María Pilar. La arrestada, que percibía unos 3.000 euros por enlace, ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo X de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Cae una red de matrimonios de conveniencia en Murcia que pagaba entre 500 y 3.000 euros por casarse con un ciudadano extranjero
De 500 a 3.000 euros por contraer matrimonio con un ciudadano extranjero. Una investigación de la Policía, que se ha saldado con 22 detenciones por pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, se inició tras detectarse la proliferación en varias parroquias de Murcia de celebraciones de matrimonios canónicos, entre ciudadanos nigerianos y españoles, y la posterior utilización de la documentación generada por estos actos para la regularización administrativa del contrayente extranjero. Se estima que el número total de matrimonios fraudulentos celebrados conforme al procedimiento descrito supera el medio centenar.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al fraude a la legislación de extranjería mediante la celebración de matrimonios ilegales. Hay 22 personas arrestadas por pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
El análisis de la documentación presentada permitió determinar una serie de características comunes presentes en un la mayor parte de los matrimonios cuya documentación fue sometida a estudio. Entre otras, destacaban la fijación de un falso domicilio común de los contrayentes, que en muchas ocasiones ni siquiera existía físicamente, así como un perfil del contrayente español muy concreto y determinado, vinculado al ámbito de la marginalidad. Además, las personas que constaban como testigos figuraban a su vez como contrayentes en otros expedientes matrimoniales similares y se comprobó la falsedad de gran parte de los documentos aportados al expediente matrimonial, tales como certificados de bautismo, certificados de cursillos prematrimoniales, documentos expedidos por autoridades nigerianas tales como declaraciones de edad o de estado civil, pasaportes nigerianos y otros.
Con testigos y cursillos prematrimoniales
Las gestiones practicadas permitieron determinar que el modus operandi de la organización investigada. Los integrantes de la organización captaban, a través de intermediarios, a ciudadanos españoles a quienes se les ofrecen sumas de dinero de entre 500 y 3000 euros a cambio de que contrajeran matrimonio con inmigrantes en situación irregular y con el único propósito de que ese vínculo matrimonial sirviera para el acceso de estos a la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
La organización, por su parte, facilitaba al cliente toda la cobertura y medios necesarios para el éxito de los trámites, tales como testigos, domicilios, desplazamientos y certificados u otros documentos falsificados.
Tras varios meses de investigaciones, a finales del pasado mes de septiembre se llevó a cabo un dispositivo destinado a la detención de los responsables de los hechos investigados. 22 personas fueron arrestadas, 14 españoles y 8 nigerianos, acusados de falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los agentes registraron un domicilio situado en la ciudad de Alicante y utilizado por los responsables de la investigación, donde se intervino material informático y documentación relacionada con los hechos investigados.
Las investigaciones han sido desarrolladas de manera conjunta por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Murcia y Alicante, y la Brigada Central de Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Además, han colaborado las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Toledo, Málaga y Cuenca.
Cae en Madrid una red de matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular. Con base en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Parla, los 17 detenidos asesoraban a los inmigrantes irregulares sobre los pasos a seguir para la obtención de las tarjetas de residencia e incluso, en alguna ocasión, llegaron a figurar como testigos de las uniones matrimoniales. También falsificaban tarjetas de identidad de extranjeros, DNI, carnés de conducir, libros de familia, certificados del Registro Civil o contratos de trabajo.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular. Asesoraban a inmigrantes irregulares sobre los pasos a seguir para la obtención de las tarjetas de residencia e incluso, en alguna ocasión, actuaban como testigos de las uniones matrimoniales. También se dedicaban a la falsificación de tarjetas de identidad de extranjeros, DNI, carnés de conducir, libros de familia, certificados del Registro Civil o contratos de trabajo. Durante la operación se ha detenido a 17 personas y se ha procedido al registro de 11 domicilios donde se han incautado numerosos documentos falsos y gran variedad de instrumentos y material para elaborar las falsificaciones. La organización se asentaba en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Parla.
La investigación comenzó el pasado mes de enero en Cádiz cuando se detectó que una ciudadana española, de origen ecuatoguineano, había ejercido el derecho de agrupación familiar en quince ocasiones diferentes. De este modo sus parientes habían solicitado un visado para viajar a España y beneficiarse así de la condición de familiar de ciudadano comunitario.
En el curso de la investigación los agentes analizaron las solicitudes presentadas y comprobaron que varios de los documentos aportados eran falsos. Asimismo, constataron que la mujer formaba parte de un grupo organizado y realizaba de manera habitual estas actividades ilícitas. Por ello, a partir de esta información, los investigadores averiguaron que la falsificación de documentos era solamente una parte de su ocupación principal, favorecer la inmigración ilegal.
Modus operandi
La red actuaba en todo el territorio nacional, si bien su centro de operaciones estaba ubicado en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Parla. Varios de los miembros de la banda se encargaban de captar a ciudadanos españoles que, previa contraprestación económica, accedían a contraer matrimonio con extranjeros que se encontraban en situación irregular en España. De esta forma estos últimos adquirían todos los derechos de los ciudadanos comunitarios. La red, además de poner en contacto a los contrayentes, les proporcionaban todos los documentos falsos que estos debían aportar para la tramitación de los expedientes matrimoniales o de pareja de hecho.
Documentos ‘a la carta’
Además de elaborar los papeles necesarios para la tramitación de los matrimonios de conveniencia, la red elaboraba, bajo pedido y previo pago, todo tipo de reproducciones de distintos documentos para financiar su actividad delictiva. Las copias generadas eran de buena calidad debido a la especialización de algunos de los miembros del grupo y a las herramientas utilizadas.
La operación culminó con la detención de 17 personas – ocho en la provincia de Madrid, siete en Valencia, uno en Palma de Mallorca y uno en San Sebastián- y once registros domiciliarios en Valencia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Jerez de la Frontera, y varias localidades de la Comunidad de Madrid. Además, los agentes se incautaron de numerosos documentos falsos listos para su venta y diverso material para la elaboración de los mismos tales como máquinas plastificadoras y termo selladoras, ordenadores portátiles, CPUs, pen-drives, impresoras, sellos húmedos de la República de Guinea Ecuatorial, sellos fechadores, botes de tintas indelebles, pegamentos específicos para papel, fijadores de tintas, láminas plásticas preparadas para el laminado de documentos, pegatinas circulares con las dimensiones de los sellos de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores español y soportes en blanco, entre otro material.
La investigación ha sido realizada por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las Brigadas Provinciales de Cádiz, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Guipúzcoa, las Comisarías Locales de Alcalá de Henares, Parla y Torrejón de Ardoz (todas ellas de Madrid) y el Grupo I de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial.
Caen dos redes de matrimonios de conveniencia que pagaban hasta 6.000 euros por prestarse al fraude
La Policía Nacional ha destapado dos tramas de matrimonios de conveniencia en Barcelona y Tarragona en la que han sido detenidas 17 personas de diferentes nacionalidades. La finalidad de las tramas era que extranjeros en situación administrativa irregular obtuvieran el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea alegando vínculo matrimonial. Ciudadanos comunitarios se prestaban al fraude a cambio de cantidades que podían llegar a los 5.000 euros.
Residencia no lucrativa en España
Agentes de la Policía Nacional han destapado dos tramas de matrimonios de conveniencia en Barcelona y Tarragona entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios. Se ha detenido a un total a 17 personas cuyo objetivo último era solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea para extranjeros en situación administrativa irregular. Para celebrar los enlaces se llegaban a pagar cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros. Un intermediario ponía en contacto a las partes interesadas a cambio de una comisión.
Inscripciones fraudulentas en los Registros Municipales
El procedimiento habitual de las tramas ahora destapadas consistía en el concierto entre un ciudadano comunitario y otro extracomunitario. En Barcelona, donde han sido detenidas 11 personas, inscribían una ficticia unión de hecho en uno de los Registros Municipales existentes a tal efecto en numerosos ayuntamientos de Cataluña, lo cual les daba derecho a los extranjeros a solicitar el Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea. Para ello, los ciudadanos comunitarios hacían valer su condición a cambio de una notable cantidad económica que les abonaban los extranjeros quienes, a su vez, presentaban pasaporte, certificado de soltería o declaraciones de estado civil falsos.
En ocasiones, un intermediario se encargaba de poner en contacto a las partes interesada cambio de una comisión, normalmente a partir de “captadores” que ofrecían este servicio a extranjeros que deseen regularizar su situación administrativa. Se han detectado casos en que un mismo ciudadano comunitario consta en diferentes Registros Municipales como unión de hecho con distintas personas.
Reagrupación familiar en Tarragona
Por otro lado, en la trama de Tarragona ambas partes eran naturales de República Dominicana y su modo de proceder era siempre el mismo y se basaba en relaciones de amistad e intercambio de favores. De las seis personas detenidas tres poseen nacionalidad española, y por tanto ciudadanía comunitaria, si bien son de origen dominicano. Estas se trasladaban a su país de origen donde contraían matrimonio sin existir lazos efectivos. Posteriormente, utilizaban esta unión para trasladar a España al supuesto cónyuge y a sus familiares directos alegando reagrupación familiar. Los otros tres arrestados son las personas con las que contrajeron matrimonio.
Irregularidades evidentes
Uno de los trámites a cumplimentar en la solicitud del Permiso de Residencia de Familiar Comunitario de la Unión Europea es la entrevista personal a la pareja. La mayoría fueron calificadas como “desfavorable” ante las evidentes irregularidades que presentaban los solicitantes; desde personas que era la primera vez que se veían, pasando por casos en que no se entienden por no hablar un idioma común, hasta solicitantes que previamente habían intentado la regularización con un “hijo” que ahora presentan como un “marido”.
Los detenidos, a quienes se les imputan delitos de falsificación documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretándose libertad con cargos para todos ellos a la espera de juicio. Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes del Grupo 4º UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona y el Grupo 2º de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Tarragona.