El fin de la vida de los electrodomésticos

En pleno siglo XXI, el auge de la tecnología digital, se programan los aparatos como las televisiones o dvds para que tengan una vida útil concreta. Este es el fenómeno conocido como obsolescencia programada, en el que los fabricantes nos proponen consumir más sus productos, puesto que en muchas ocasiones sale más rentable comprar un aparato nuevo que arreglar el antiguo. Además, cada vez nos hemos hecho más dependientes de la tecnología, sin embargo no hay un sistema de reciclaje que gestione de manera eficiente todo el material residual que este consumo genera.

En 2010, los españoles generaron 652 millones de kilogramos, es decir, 13,86 kg por persona, de los que únicamente 2,55 kg se recogieron y procesaron correctamente a través de los ‘sistemas integrados de gestión’ (SIG). Este es el método colectivo que los fabricantes pueden utilizar para gestionar los residuos, además de poder hacerlo a título individual. En este último caso han surgido muchas empresas que trabajan para el consumidor, tanto empresa como particular, recogiendo el material a reciclar para su posterior trasformación o destrucción.

Se estima que solo están registrados 1.000 productores de unos 10.000 existentes en España. Esto implicaría una evasión de, por lo menos, 15 millones de euros”, dice Dolores Queiruga, actual investigadora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de la Rioja. La experta considera que es importante alargar la vida útil del producto mediante la reparación de aparatos y la concienciación de los ciudadanos. La experta también destaca la importancia de su reutilización para que tarden más tiempo en convertirse en residuo.

Legislación vigente
Casi tres cuartas partes de los electrodomésticos desechados en España se procesan al margen de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Un estudio de la Universidad de Salamanca denuncia que muchos fabricantes no están registrados en el sistema de gestión de residuos establecido y se evaden de pagar.

Según la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los fabricantes de estos aparatos deben reciclar los residuos que genera su actividad, hasta alcanzar una cuota de 4 kg por habitante y año. Sin embargo, en España la mayoría de los aparatos fuera de uso son gestionados mediante sistemas no autorizados. Así lo revela un estudio de investigadores de la Universidad de Salamanca que publica el Journal of cleaner production.

En 2010, los españoles generaron 652 millones de kilogramos, es decir, 13,86 kg por persona, de los que únicamente 2,55 kg se recogieron y procesaron correctamente a través de los ‘sistemas integrados de gestión’ (SIG). Este es el método colectivo que los fabricantes pueden utilizar para gestionar los residuos, además de poder hacerlo a título individual.

En España existen actualmente siete SIG, un conjunto de fundaciones que reúnen a empresas del sector de la electrónica: ECOLEC, ECOTIC, ECOLUM, AMBILAMP, ECO-rAEEs, ECOASIMELEC y ECOFIMATICA.

El trabajo analiza la evolución y las etapas de desarrollo del tratamiento de este tipo de residuos desde los primeros borradores de la directiva europea que regula la gestión de los deshechos electrónicos, hasta la actualidad.

En el caso de los grandes electrodomésticos, por ejemplo, se estima que más del 70 % de congeladores y frigoríficos, y el mismo porcentaje de televisores y de monitores, se recogieron y se trataron de forma incontrolada aprovechando que la legislación no lo prohíbe.

“El problema es que muchos fabricantes no están incluidos en el registro oficial del Ministerio de Industria para gestionar los residuos electrónicos (REI-rAEE) y esto dificulta su control”, dice Queiruga.

La investigación revela que el sistema de gestión de residuos español posee algunos puntos débiles. Según el estudio, los productores registrados que cumplen el marco legal se ven perjudicados económicamente respecto a los fabricantes que no se hacen cargo del gasto del reciclaje. Los autores también denuncian el retraso en el desarrollo de políticas públicas por parte de algunas Comunidades Autónomas.

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