El Estado alquila 1.380 inmuebles (y tiene 53.662)

La Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP) empieza a dar sus frutos. Constituida el pasado mes de mayo para estudiar la situación inmobiliaria de los inmuebles que posee el Estado, los datos muestran que el patrimonio inmobiliario estaría integrado por 53.662 inmuebles, entre rústicos y urbanos, y, además, hay unos 1.380 inmuebles arrendados. Desde que se puso en marcha este plan de ahorro en el mes de mayo, y tomando como base el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2012, se han tramitado expedientes que suponen un ahorro neto de 17.310.145,25 euros, de los que 14.801.579,79 euros corresponden a la resolución de 61 contratos y 2.508.565,46 euros a la negociación a la baja de un total de 58 contratos. En lo que respecta a la reducción de los alquileres, se ha obtenido una rebaja media de casi un 20 % (19,98 %) respecto del precio pagado anteriormente.

Esta comisión aprobó unas líneas de actuación basadas en cinco ejes: diagnóstico previo de la situación inmobiliaria; reducción del gasto en arrendamientos; optimización de la ocupación de espacios; incremento de ingresos públicos y construcción de equipamientos autofinanciables a medio plazo.

Sobre la reducción del gasto en arrendamientos, el objetivo para toda la Administración General del Estado es conseguir un ahorro en 2012 de un 20 % de los 217 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para este año. A este respecto se busca incorporar oficinas a edificios propiedad de la Administración y renegociar los contratos de alquiler.

En cuanto al número de actuaciones, destacan el Ministerio de Justicia (con 18 resoluciones de contratos, 16 revisiones de rentas y un ahorro de dos millones de euros); de Educación, Cultura y Deporte (con unos ahorros cercanos a los 4 millones de euros), y de Industria, Energía y Turismo, con 2,8 millones de ahorro, en especial de Turespaña.

Evitar alquileres
En el apartado de optimización de la ocupación de espacios, y también con la idea de optimizar el uso de los espacios, se ha recabado la información sobre los espacios susceptibles de ser utilizados para la celebración de eventos, realizar jornadas, encuentros o actos singulares, para su puesta a disposición de todos los Departamentos, evitando así que se tenga que recurrir a alquileres privados para la realización de este tipo de actos. Se han identificado 29 salas para acoger a más de 100 personas y 125 con capacidad entre 30 y 100 personas.

Por último, en este plan de movilización de bienes inmuebles un apartado muy importante son las fincas rústicas, puesto que la Administración General del Estado son un total de 35.000, que suponen más de 5,5 millones de m2, que en muchos casos son de difícil aprovechamiento. Se está trabajando en la celebración de convenios con otras Administraciones para la gestión de fincas situadas en su territorio mediante la oferta a pequeños agricultores para compra o explotación o para su destino a planes de reforestación u otras finalidades públicas.

El Estado cuenta con 53.662 bienes, una cuarta parte de ellos inmuebles

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presidido hoy la constitución de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP) en la que ha manifestado que “es imprescindible un plan de racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado que vaya dirigido al ahorro y reducción de costes y al saneamiento de las finanzas públicas”. En un informe preliminar sobre el Patrimonio Inmobiliario del Estado, que será objeto de análisis por la Comisión, se determina que hay 53.662 bienes registrados en el inventario general de bienes y derechos del estado. De ellos un 67 % son rústicos, un 26 % edificaciones, y un 7 % solares.

Con la Comisión que se pone hoy en marcha se pretende realizar un mapa detallado de los inmuebles del Estado en propiedad y arrendamiento, a través de la información que van a suministrar los distintos ministerios.

Así se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática GESTINM (gestión de inmuebles) que responde a la necesidad de centralizar información de diversa naturaleza relativa a bienes inmuebles de titularidad pública.

Su función será la de recoger información sobre bienes inmuebles para obtener una relación de todos ellos, además se relacionará con otras bases de datos de inmuebles, como la del Catastro.

Líneas de actuación y medidas que constituyen el Plan de Acción de la Comisión permanente
“Tenemos la obligación de cambiar el despliegue inmobiliario de la Administración para hacerlo más eficiente y menos costoso”, dijo. La Comisión está formada, además de por representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Presidencia, por representantes de los Ministerios de Educación Cultura y deporte, Defensa, Interior, Sanidad Política Social e Igualdad, Fomento e Industria.

– Obtener un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con especial referencia a niveles de ocupación que permitan comparaciones, para facilitar un reparto equitativo del espacio disponible entre Departamentos y Organismos. Este diagnóstico incluirá los costes de utilización del parque y señalará los inmuebles susceptibles de ser enajenados a corto y medio plazo.

– Promover medidas a corto plazo que permitan reducir el gasto en arrendamientos, combinando actuaciones de negociación a la baja de los alquileres y reubicación de efectivos en edificios en propiedad.

– Adoptar una estrategia sostenida de reducción de espacio ocupado por efectivo, tomando como referencia la ocupación en organizaciones del sector privado y otras organizaciones públicas extranjeras, pero teniendo en cuenta la tipología singular de gran parte de los edificios utilizados por la Administración. Se adoptarán módulos más reducidos de ocupación y se prestará atención a la puesta en marcha de medidas específicas en materia de eficiencia energética.

– Impulsar procesos de enajenación y puesta en valor de bienes, rústicos y urbanos, por todos los agentes que tienen competencia para la venta de bienes patrimoniales, que están representados en este órgano colegiado, con el fin de incrementar los ingresos públicos y reducir costes asociados a la disposición de bienes inactivos.

– Definir, excepcionalmente, los nuevos equipamientos que vayan a construirse únicamente en supuestos que se garantice la autofinanciación a medio plazo (reducción de alquileres y otros costes) o que liberen inmuebles con valoración en el mercado superior a la de las inversiones estimadas.

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