El empleo irregular supone ya una tercera parte del total de economía sumergida en España

La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8 % del PIB generado anualmente en nuestro país, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido.

Por regiones, los mercados laborales que esconden más empleo irregular son Cataluña (28.937 millones de euros anuales), Madrid (12.351 millones de euros), Andalucía (11.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (8.347 millones de euros), Galicia (4.702 millones de euros) y Castilla y León (4.612 millones de euros anuales).

Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3 % del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9 %, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal, un componente “que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno”.

El fraude tributario, origen del problema
Otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en nuestro país es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones en acta -un 8,3 % de sus intervenciones-.

En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS.

Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.

Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral.

Aflorar el empleo irregular
Desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la contrucción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos, o el transporte.

Asimismo, los Técnicos subrayan que el plan que previsiblemente se aprobará en el próximo Consejo de Ministros no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, sino que debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos.

De este modo, aboga porque los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad de cara al Fisco y la Seguridad Social.

En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores -retenciones de IRPF no practicadas, declaraciones de renta fuera de plazo, etc.- ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.

Extremadura, región de España donde hay más economía sumergida

¿Dónde hay más economía sumergida? Desde el inicio de la crisis la cifra de dinero negro que circula sin ningún control fiscal ha aumentado en 60.000 millones de euros, elevando la economía sumergida hasta el 24,6 % del PIB, lo que significa que uno de cada cuatro euros en circulación escapa a Hacienda, o unos 253.000 millones de euros ocultos. Donde más se mueve este dinero negro es en Extremadura, seguida de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Estos datos los recoge el informe ‘La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis’ de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El último informe de los técnicos de Hacienda de 2008 era casi 7 puntos inferior al actual.

Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8 % del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Boom inmobiliario
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, puesto que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.

Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26 % de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Billetes de 500 euros
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7 % del efectivo en circulación y el 14 % del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Evolución de la economía sumergida durante la crisis

Fuente: elaboración propia

Baja conciencia fiscal
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura del fraude no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1 %), Francia (10,8 %) o Gran Bretaña (10,1 %).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6 % y el 8 % del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.

El efecto capital y la brecha entre provincias
Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país.

Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3 % de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta provincia mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

De hecho, en Madrid tienen su sede el 60 % de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.

En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.

Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial.

Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP
Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.

Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, puesto que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.

Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude”.

Informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis”
Este informe se realizó en 2013 analizando las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han centrado en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también hace una retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el comportamiento del fraude antes de la crisis económica. De todos los métodos empleados tradicionalmente para realizar este tipo de informe, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) y también hace referencia a otros estudios recientes para mostrar un contraste aún más realista de las conclusiones del informe.

El Gobierno se olvida de luchar contra el millón de empresarios fantasma que protagonizan la economía sumergida

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha insistido hoy que el Plan contra la economía sumergida propuesto por el Gobierno, no será efectivo si no contempla medidas dirigidas a aflorar la actividad del millón de actividades económicas no declaradas que se estima hay en España y que suponen “un arma de destrucción masiva” para aquellos autónomos que sí cumplen con sus obligaciones y asumen, a duras penas, los costes que supone la actividad regular.

Según la Federación, el plan presentado “se queda corto” pues se centra exclusivamente en las relaciones laborales y el trabajo no declarado. Y señala que “las medidas propuestas obvian que el grueso del empleo sumergido está asociado a las actividades de empresas irregulares, especialmente en los sectores de la construcción y afines, y el transporte, que no sólo no cotizan, ni como empresarios ni por sus trabajadores a la Seguridad Social, sino que tampoco tributan a Hacienda”.

Además, al no aparecer en ningún listado, la Inspección no llega a estas actividades irregulares, subrayan desde la Federación.

En este sentido, ATA considera que “el alcance del plan propuesto es parcial y muy limitado” porque sólo aquellas empresas o empresarios en la actividad regular tenderán a regularizar a los trabajadores que no estén dados de alta en el periodo de gracia que se establece.

“El Gobierno no puede dar la espalda a que el problema de la economía sumergida se encuentra hoy más en los “empresarios fantasmas” que en las contrataciones irregulares. Por tanto, hay que centrar las acciones en luchar contra estas actividades que son los verdaderos focos del empleo sumergido y de la competencia desleal hacia los autónomos”, insiste el Presidente de ATA, Lorenzo Amor.

En este sentido, desde ATA esperan se incluyan las propuestas que ya presentaron al Gobierno y que consisten en:

– Reforzar la Inspección y establecer un mayor control en el caso de preceptores de prestaciones o subsidios, incluidas las prejubilaciones.

– Poner en marcha campañas de sensibilización con el fin de provocar un contundente rechazo social hacia estas prácticas. Podría en el mismo sentido estudiarse el estableciendo vías de notificación y denuncia de estas practicas por parte de la ciudadanía (líneas telefónicas), como se ha establecido en la Ley antitabaco.

– Con el fin de aflorar los trabajos que se desarrollan en la irregularidad, debería establecerse una bonificación del 50 % de la cotización a la Seguridad Social para aquellos trabajadores que cotizando en el Régimen General se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y pasen a cotizar en ambos simultáneamente.

– En la misma línea, debería estudiarse la posibilidad de reducir la cotización a la Seguridad Social y reducir la tributación en el sistema de módulos, en el sector de la construcción y actividades afines, y en el transporte, para evitar la fuerte competencia desleal que se está dando en estos sectores.

– Reforzar el sistema de capitalización de las prestaciones por desempleo, aumentando el pago único al 100 % de la capitalización de la prestación pero fraccionando el pago con el fin de fomentar no sólo el autoempleo sino también el mantenimiento de éste y evitar el uso indebido de dicha ayuda. De esta forma, el beneficiario recibiría el 80 % del pago único en un primer momento, y el otro 20 % a los seis meses.

Desde la Federación concluyen que al igual que en sus propuestas, para que el Plan del Gobierno tuviese un impacto real y global, éste debería encaminarse tanto a aflorar la economía sumergida como el trabajo no declarado combinando estímulos positivos y mayor control dirigido a los sectores y colectivos con propensión a sumergir parte o la totalidad de su actividad.

300.000 empleos en tres años si se pone fin a la economía sumergida

El sector de los Servicios a la Persona, donde se incluye todo lo relativo a asistencia en el hogar y a la atención a la dependencia, es uno de los principales generadores de empleo irregular al ser prestado principalmente por personas sin contrato. La actividad económica fuera de la legalidad es uno de los asuntos que más preocupa a la Agencia Tributaria. Actualmente, se estima que el dinero negro en España representa en torno al 23,3 % del PIB, lo que significa casi una cuarta parte de la economía total española. Además, la actual coyuntura financiera está provocando el incremento de la economía sumergida, un factor que sin duda alguna perjudica nuestra capacidad de competir en los mercados tal y como denuncia la AESP (Asociación Española de Servicios a la Persona).

Entre los sectores más proclives a trabajar de forma irregular destaca el de los Servicios a la Persona, debido fundamentalmente a la enorme burocracia que supone la contratación en el mercado legal, el incremento del coste y la falta de regulación laboral al respecto. Estos condicionantes están impidiendo la creación de empleo en un sector que puede ser el nicho de trabajo más importante actualmente y desde luego, para la próxima década, y una de las claves para el crecimiento económico de nuestro país. De hecho, en el informe “Cómo mejorar la calidad de vida y conciliar trabajo-familia en España, creando 1 millón de empleos” publicado por la AESP, argumenta cómo a través de la adaptación de las normativas en materia de empleo, se podría llegar a crear 700.000 nuevos puestos de trabajo no deslocalizables en tan solo 5 años, de los cuales 300.000 se podrían crear en los próximos 3 años.

Por este motivo, la AESP ha expresado la necesidad de crear de forma urgente una Agencia Nacional de Servicios a la Persona, capaz de coordinar las acciones necesarias entre Comunidades Autónomas y los distintos Ministerios a los que afecta, para sacar a la luz tan importante bolsa de fraude a la vez que se conseguiría una mayor cualificación profesional de los profesionales que desarrollan este tipo de actividades. Además, la Agencia también se ocuparía de sentar las bases para un nuevo marco legal capaz de facilitar el acceso a los SAP a cualquier persona, independientemente del lugar donde viva. Esto se llevaría a cabo a través de la implantación de un Documento de Pago (similar al CESU- Cheque Empleo Servicio Universal- francés), válido para el pago directo de estos servicios por el usuario y en el que ya estén incluidas las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social de los trabajadores que quiera contratar, eliminando así trabas administrativas. También sería válido para comprar servicios asistenciales a las empresas correctamente homologadas para ello. Esto permitiría que el dinero entregado, por ejemplo para atender la dependencia, se tenga que destinar obligatoriamente a este fin.

Por otro lado, desde la AESP venimos diciendo que, teniendo en cuenta las medidas de mayor éxito implantadas en Europa, especialmente en Francia con la Ley Borloo, será necesario un modelo de contrato laboral específico para estos trabajos, adaptar las cotizaciones sociales y crear un marco fiscal de IRPF e Impuesto de Sociedades en cuanto a deducciones de este tipo de gastos que favorezcan los programas de asistencia personal y familiar de las empresas hacia sus empleados, así como incentivar a los particulares a la contratación legal de las personas que les asisten, además de aplicar un tipo de IVA superreducido para estas actividades necesarias en los hogares para poder hacer compatible la vida personal y familiar con la vida laboral.

No se habla de incrementar el presupuesto del estado para estos fines sino que el saldo entre lo ingresado por estos nuevos puestos que afloran y los menores gastos en desempleo, entre otros, compensen estas medidas a cambio de aflorar cientos de miles de empleos (por ejemplo en ayuda a domicilio, profesores particulares a domicilio, pequeñas reparaciones en el hogar, asistencia informática en el hogar, etc.)

Economía sostenible
Según datos del estudio “Los Servicios a la Persona en España” realizado por la AESP, para el año 2050, más del 36 % de la población total será mayor de 65 años. Estas cifras son una muestra de la elevadas tasas de longevidad, que dada la correlación entre envejecimiento y situación de dependencia, llevan a que en España 1,1 millones de personas entre 75 y 80 años sufran alguna discapacidad o entren en situación de dependencia, según recoge este mismo informe.

Este incremento continuado de la población dependiente ha llevado a las Administraciones a poner en marcha la Ley de la Dependencia, cuya previsión es atender para 2015 a 1,5 millones de ciudadanos. Esta legislación ha auspiciado el auge de un sector que, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha creado 156.687 empleos netos vinculados a la dependencia entre enero de 2009 y diciembre de 2010.

Sin embargo, y a pesar de que la atención a la dependencia puede ser un potente yacimiento de empleo, en la aplicación de esta normativa predominan las ayudas en forma de prestaciones económicas frente a la asistencia a través de servicios. Por ello, desde la AESP, se aboga por un impulso de la Asistencia Personal cualificada, que por un lado favorecerá una atención más profesional a las personas en situación de dependencia, pero que además puede contribuir a la proliferación de un buen número emprendedores y de puestos de trabajo. De hecho, un informe de la Fundación Alternativas estimaba que los servicios a la dependencia pueden generar 500.000 empleos, a lo que añadimos que éstos deben ser legales por lo que es necesario crear las condiciones legales adecuadas que lo faciliten. Estos datos nos demuestran cómo la economía sumergida podría eliminarse en buena parte.

La subida del IVA no aumentará la recaudación del Estado por la economía sumergida

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el ‘parón’ registrado por el sector inmobiliario residencial en estos dos últimos años sólo justifica una pérdida de los ingresos por IVA del 10 % equivalente a 2.243 millones de euros, según se desprende de su informe ‘El Impacto de la Crisis en la Recaudación por IVA. Alternativas al alza impositiva’ presentado hoy en rueda de prensa. El estudio -que analiza la evolución en paralelo de la recaudación por IVA y el consumo de los hogares de los últimos años- afirma que escudarse en el frenazo inmobiliario para explicar un desplome de la recaudación total por IVA de más de 23.000 millones de euros entre 2007 y 2009 es “absolutamente simplista” y “distante de la realidad”.

Gestha aclara que el peso específico del sector inmobiliario en la recaudación por IVA es, en contra de lo que se piensa, limitado. En el año 2007, cénit del fenómeno inmobiliario con el mayor número de compraventa de viviendas nuevas de la historia, los ingresos de IVA por estas operaciones ascendieron a 5.219 millones de euros, lo que supuso el 8,3 % del total recaudado por este tributo.

En 2009, con el desplome del sector inmobiliario, los ingresos por IVA asociados a la compraventa de viviendas cayeron hasta los 2.976 millones de euros, lo que supuso una pérdida de 2.243 millones en dos años, es decir, menos del 2 % del déficit público correspondiente al último año 2009. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “resulta llamativo que la recaudación por IVA en el sector inmobiliario residencial representara el 8,3 % del total de ingresos por este tributo en época de ‘boom’ inmobiliario y, sin embargo, una vez desinflada la burbuja, representara un 7,5 %. Lo lógico sería que este sector hubiera perdido peso fiscal en proporción a la bajada de las ventas”.

Sacar más partido al IVA

Por tanto, los Técnicos de Hacienda estiman que las causas del desplome de la recaudación por IVA no deben atribuirse exclusivamente al frenazo inmobiliario o a la recesión económica, sino más bien a la evasión fiscal, que se acentúa en época de crisis, y a la falta de eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

En la actualidad, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone el 23,3 % del PIB, es decir, diez puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos que se mueven en unas tasas de evasión fiscal en torno al 13 %, con unas cifras de recaudación por IVA más rentables. Según el informe, España es el país de la Europa de los Quince, que menos rendimiento extrae del IVA, por detrás de Grecia.

En 2009 por cada cien euros que los hogares españoles destinaron a consumo privado, Hacienda recaudó sólo 6,4 euros por IVA. Dos años antes, ese mismo gasto daba lugar a un rendimiento en el IVA de tres euros más, es decir, un 32 % más. Según Mollinedo, “otros Estados, con tipos de IVA más bajos que los nuestros, como Reino Unido o Luxemburgo en el año 2007, aprovechaban ya de forma más eficiente el consumo privado como materia gravable; incluso Estados con tipos superiores a los españoles, sacaban el doble de provecho a este impuesto”.

Un futuro un tanto incierto

Por otro lado, el informe de los Técnicos de Hacienda se muestra muy prudente a la hora de valorar el impacto a corto plazo de la subida del IVA en la recaudación, y considera “insuficiente e incierto” el objetivo previsto por el Gobierno de recaudar 5.150 millones de euros anuales ya que apenas supone el 5 % del déficit actual (110.000 millones de euros).

Gestha pronostica que la recaudación por IVA en este segundo semestre será menor que la previsión gubernamental debido al anticipo de las compras de bienes duraderos (automóviles y viviendas, principalmente), así como a la contracción del consumo derivada de la pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios u otras causas como el desempleo, el recorte salarial de los funcionarios o la congelación de las pensiones.

En el largo plazo, Gestha prevé que la recaudación aumentará gracias a la subida de los tipos cuando se produzca la recuperación económica. La subida es regresiva Los Técnicos critican la subida del IVA por considerar que es “regresiva” ya que afectará principalmente a los colectivos con menor poder adquisitivo como son los cerca de 18,4 millones de ‘mileuristas’, entre los que se encuentran los pensionistas, asalariados y autónomos de nuestro país.

Distribución de la base imponible en el régimen ordinario

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) Igualmente, cerca de 26 millones de españoles con unos ingresos por debajo de 30.000 euros (el 88,76 % del total) pagarán buena parte de la subida de este impuesto, lo cual retraerá el consumo que es, a su vez, una de las causas del desplome de la recaudación del IVA en este último año. Por otra parte, Hacienda recaudará el aumento impositivo de este tributo, principalmente, gracias a la actividad de 3.249 grandes empresas (0,1 % del total), que aportarán casi el 60 % de la recaudación adicional. Ingreso de la subida del IVA

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

Alternativas al alza impositiva y a los recortes sociales

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que antes de aprobar los recortes sociales o subir este tributo, que grava por igual a todos los ciudadanos con independencia de su poder adquisitivo, existirían otras medidas más eficaces para aliviar el déficit público, mejorar la financiación de las administraciones públicas y las prestaciones sociales, sin necesidad de cargar las tintas sobre los colectivos más desfavorecidos o realizar drásticos planes de ajuste.

Estas alternativas, entre las que Gestha destaca la lucha eficaz contra la economía sumergida, son:

– La prohibición de las ventas en posiciones cortas contra la Deuda Pública española, que provoca un sobrecoste en la financiación del Estado superior a los 1.400 millones de euros, entre otros efectos perniciosos para la economía.

– El aumento de cinco puntos en el tipo impositivo de 300 entidades bancarias, lo que puede aportar otros 1.400 millones anuales.

– La recuperación del Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas; 47.614 contribuyentes con patrimonios individuales netos superiores a 1,5 millones de euros pueden aportar 1.240 millones cada año.

– La modificación de la Ley española de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo de participación en una SICAV, con el fin de evitar los abusos de patrimonios familiares.

– La modificación de las tablas en renta a partir de 100.000 euros netos: aumento del tipo marginal dos o tres puntos (del 43 % al 45 % o al 46 %) para ingresos anuales netos superiores a estos 100.000 euros. Además, a partir de 300.000 euros se aumentaría del 43 %, que es el tipo máximo actual, al 50 %.

– La eliminación de las ventajas del régimen de la renta del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas y de las ventajas de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

– Nuevos Impuestos y tasas medioambientales que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico, con importantes deducciones que favorezcan la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios.

– Finalmente, la asunción por parte de los técnicos de Hacienda de mayores responsabilidades para reducir el fraude fiscal y mejorar el control del gasto público mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.

Con un plan eficaz de lucha contra el fraude y la creación de un Cuerpo Superior, Gestha estima que se podría aumentar el rendimiento del IVA y reducir la economía sumergida española hasta niveles de la media europea, lo que permitiría recaudar anualmente unos 38.500 millones de euros adicionales (anualmente se evaden 88.000 millones en impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudadas) que servirían para aliviar el déficit público y el fuerte endeudamiento de la economía española.

El aumento del paro dispara la economía sumergida

En el último lustro, caracterizado por un crecimiento económico sin precedentes en el que se ha conseguido que la economía española convergiese con la media de la Unión Europea, la economía sumergida se movía en cifras que oscilaban entre el 7 y el 12 %, para unas 280.000-350.000 personas en valores absolutos, dependiendo de los foros de análisis. En el momento presente, con un escenario económico perfectamente conocido, en el que todos los parámetros macroeconómicos se han agudizado a peor, la economía sumergida se ha disparado, registrando cotas que se mueven entre entre el 22 y el 30 %. Es decir, prácticamente multiplican por tres las estimadas hace cinco años, lo que supone que más de un millón de personas trabajan en el escenario de la economía subterránea.

Al realizar la radiografía de la economía sumergida actual, ofrece una gráfica reveladora: el 60 % eran trabajadores asalariados que se encuentran en situación de desempleo; el 20 % son trabajadores que complementan su actividad laboral en el escenario de la economía subterránea para obtener un sobresueldo; un 8 % pertenecen al colectivo de autónomos que se han visto obligados a darse de baja como tales, que no han podido mantener sus cuotas en la Seguridad Social y sus compromisos con la Hacienda Pública, y que se han refugiado, para sobrevivir, en la economía subterránea, y el 12 % restante lo constituye un grupo sin trabajo conocido.

Fundamentalmente, los sectores de actividad en los que se desarrolla este trabajo sumergido son: similares de la construcción (electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles…), que se dedican a pequeñas reformas o reparaciones de índole doméstica; personas relacionadas con la educación y actividades sociales y sanitarias (profesores que dan clases particulares, asistentes sociales que se ocupan de cuidar a los enfermos…); sector del transporte, primordialmente del ligero (portes, mudanzas…), y profesionales liberales (contables, asesores…).

LOS AUTÓNOMOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL Al amplio rosario de problemas que padecen los autónomos, como las dificultades al acceso crediticio, la caída del consumo, el aumento de costes de los input de producción, hay que añadirle uno más: el de la economía sumergida, que produce una competencia desleal para las actividades de los autónomos. Estos datos vistos de la economía sumergida, además de incrementar el fraude fiscal, suponen una competencia desleal que juega en contra de los autónomos.

“Los autónomos – declara Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA -, tienen que afrontar este nuevo problema, que supone un duro golpe en la actual situación económica. Situación que ha llevado a la Federación a solicitar a la Seguridad Social una moratoria en el pago de las cuotas; y que, con este incremento de la economía sumergida, obliga a ATA a pedir medidas de control a la Agencia Tributaria y al INEM (ya que muchas de las personas que realizan este tipo de actividades están cobrando un subsidio por desempleo) para que, en la medida de lo posible, se ponga coto a este tipo de trabajos que tanto daño hacen a los trabajadores por cuenta propia, que pagan sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y que, a día de hoy, sufren en sus actividades un rosario de problemas que ahora se complican más con la competencia desleal de quien realiza una actividad paralela subterránea”.

Noticias » Trabajos » Autónomos » El empleo irregular supone ya una tercera parte del total de economía sumergida en España