Creaban contratos de trabajo falsos para luego cobrar el paro a cambio de 500 euros

¿Contratos falsos para cobrar el paro? En Barcelona, Girona y Castellón se podía comprar un contrato de trabajo que daba vía libre para percibir la prestación por desempleo y así cobrar el paro. ¿El precio? 500 euros. Hasta que la Policía Nacional ha desmantelado una trama de contratos de trabajo fraudulentos para obtener prestaciones por desempleo. Constituían empresas ficticias a nombre de “testaferros”, ofrecían contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros y así los compradores podían solicitar o renovar permisos de trabajo y residencia, así como completar periodos para obtener subsidios por desempleo. En total, han sido detenidas 48 personas que habrían ocasionado un fraude de 300.000 euros a las arcas públicas.

Empresas totalmente inexistentes
La trama disponía de un grupo de 30 empresas ficticias y sin actividad laboral real, constituidas a nombres de “testaferros” procedentes de sectores marginales y de exclusión social. A través de ellas se presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles, pero sin cumplir la obligación legal de cotizar por sus seguros sociales.

Los contratos de trabajo fraudulentos eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros, lo que les permitía solicitar o renovar el Permiso de Trabajo y Residencia. En muchos casos, el fraude permitía a los “trabajadores” acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o completarlos, para obtener las preceptivas prestaciones por desempleo.

La investigación ahora finalizada se salda con la detención de un total de 48 personas, 42 de ellas de origen marroquí y el resto de diferentes nacionalidades, todas ellas en situación administrativa totalmente regular, a quienes se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra la Seguridad Social. El fraude ocasionado a las arcas públicas asciende a 300.000 euros. La operación ha sido realizada por el Grupo 7º de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, en colaboración con las UCRIF de las Comisarías Provinciales de Girona y Castellón.

Casi 3.400 falsos trabajadores llegaron a cobrar unos 6.700 euros de media por prestaciones de desempleo a cambio de un pago único de entre 300 y 500 euros

Unas 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo. Las 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000 euros.

Los supuestos trabajadores eran inscritos en la Seguridad Social bajo las actividades de construcción y la jardinería hasta alcanzar un total de 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000 euros según esa supuesta actividad laboral. La media de dinero de las prestaciones que obtuvo cada trabajador fue de 6.700 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén una macrooperación contra el cobro fraudulento del “paro” y del subsidio por desempleo. 150 personas han sido detenidas y otras 277 imputadas por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 a 500 euros. Los periodos de trabajo ficticio han permitido a más de 400 personas -en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña- regularizar su situación en España, así como percibir 2.667.000 € del Servicio Público de Empleo Estatal.

El perjuicio total a las arcas del Estado asciende a los 7.192.000 €, dado que a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 € que las empresas, a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real, contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.

Las investigaciones se iniciaron como consecuencia del Protocolo de Colaboración para el Control de Empresas Ficticias, Contrataciones y Altas Fraudulentas en la Seguridad Social. La Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó a mediados de 2011 la existencia de una serie de empresas, con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral real.

“Empresarios” sin recursos y con domicilios inexistentes
En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros “testaferros” procedentes de sectores marginales y de exclusión social. El objetivo consistía en ocultar la verdadera identidad de los responsables, así como la localización de las empresas y en definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo. Así, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos. Además, la red empresarial se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa.

Igualmente, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido derecho.

Administrador de ocho empresas y repartidor de pizzas
Hasta el momento, los agentes han identificado y arrestado o imputado a un total de 427 personas, entre ellas el presunto cabecilla de todo el entramado empresarial. Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y Gerona, con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Linares (Jaén) y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona.

Un abogado y un empresario cobraban entre 500 y 1.200 euros por dar de alta a falsos trabajadores para que cobrasen el paro

En total hay 47 imputados en esta operación policial desarrollada en Valencia y en la que la Policía Nacional ha detenido a 21 personas por fraude de más de 300.000 euros a la Seguridad Social. La maniobra era sencilla: dieron de alta a estos 47 falsos trabajadores para conseguir cobrar las prestaciones por desempleo a cambio de cantidades de entre 500 y 1.200 euros.

El principal implicado afiliaba a los supuestos empleados a través del sistema RED de Seguridad Social y les dotaba de certificados de empresa y contratos de trabajo fraudulentos. Recientemente, la Policía detuvo a otro grupo que actuaba de forma similar y empleó fraudulentamente a 700 trabajadores.

El engaño se realizaba mediante una empresa instrumentalizada para dar de alta como trabajadores a las personas detenidas e imputadas que, posteriormente, han accedido al cobro de prestaciones y/o subsidios por desempleo en virtud de la relación laboral con dicha empresa.

Altas y bajas por Internet
El administrador de la empresa instrumentalizada suscribía falsos contratos de trabajo, operaba altas y bajas de los falsos trabajadores a través del sistema RED con la Seguridad Social y les dotaba de la documentación necesaria para obtener las prestaciones, trámites por los que percibía entre 500 y 1.200 euros en cada caso.

Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de las actuaciones de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de Inspección de Trabajo de Valencia, al detectar la existencia de una empresa en la que se producían continuos movimientos de altas y bajas, sin que aparentemente existiera una actividad laboral real y que presentaba deudas en sus cotizaciones sociales por importe de más de 300.000 euros. Inmediatamente se cancelaron las prestaciones que en ese momento estaban percibiendo los acusados y se imposibilitó el acceso a las mismas de otros solicitantes.

Las investigaciones se han llevado a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica ubicada en Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de Valencia.

La Policía desarticula un grupo organizado que vendía contratos de trabajo con empresas ficticias

Los inmigrantes llegaban a pagar hasta 2.000 euros por un contrato que les facilitara su regulación en España. El fraude a la Seguridad Social supera los 668.800 euros en los dos años que llevaban constituidas las falsas empresa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a la venta de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros para así obtener permisos de trabajo y residencia en España. Los miembros de este grupo habían constituido dos empresas ficticias que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y 2.000 euros. Hasta el momento han sido detenidas tres personas, entre ellas dos abogados que realizaban los trámites en las Oficinas de Extranjería, acusadas de delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación y estafa. Además, otros 22 sujetos de origen nigeriano han sido detenidos en Madrid y Toledo por falsificación documental.

La operación policial, realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, a requerimiento de la Dirección de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid, ha destapado una deuda a las arcas públicas de 668.827 euros en un periodo de dos años. Unos falsos contratos y periodos de carencia que permitirían a los trabajadores acceder a prestaciones por desempleo o maternidad. Muchos de estos extranjeros, tras el alta, habían realizado abonos periódicos de unos 300 euros mensuales a las falsas empresas en concepto de Seguros Sociales, cantidades que los estafadores se apropiaban.

Los cabecillas de este grupo, también de origen nigeriano, convencían a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con esta finalidad. Además, uno de los investigados era el encargado de contactar con las víctimas, proporcionarles la documentación que debían firmar y presentar en las Oficinas de Extranjeros y quien cobrara las cantidades anteriormente mencionadas.

La investigación policial continúa y no se descarta nuevas detenciones. Detenidos:

§ Eva P. S., de 30 años de edad y nacionalidad española
§ Anselmo R. S., abogado de 40 años y nacionalidad guineana
§ Lovette Collins O. E., abogado de 33 años y nacionalidad nigeriana Otras 22 personas, todas ellas de Nigeria, salvo una que es natural de Gabón, han sido detenidas por falsedad documental.

Detenido un empresario que hacía contratos falsos por los que cobraba 300 euros que permitían acceder a subsidios de 426 euros mensuales

Durante los últimos cinco años había contratato a 81 personas a pesar de que su empresa, supuestamente dedicada a reformas y mantenimiento, no había tramitado ninguna licencia de obra o prestación de servicios. Además, los ‘contratados’ abonaban a su ‘jefe’ las cuotas mensuales de la Seguridad Social, que éste nunca ingresaba en la Tesorería General. En total, el fraude cometido al Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo asciende a casi 440.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un supuesto empresario que realizaba falsos contratos de trabajo a terceras personas para que pudieran acceder a los correspondientes subsidios por desempleo. El arrestado percibía 300 euros por expedir esos documentos laborales, además de las cuotas mensuales a la Seguridad Social que cada falso trabajador le abonaba y que él nunca ingresaba en la Tesorería General. Paralelamente, esta persona también contrataba a ciudadanos extranjeros, previo pago de cantidades que oscilaban entre los 250 y 300 euros, para regularizar su situación administrativa en nuestro país. En total se ha constatado que, hasta el momento, el fraude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, asciende a 440.000 euros.

Junto a él se ha arrestado a otras 64 personas, falsos trabajadores de su empresa, que simulaban una relación laboral para generar los requisitos legales que les condujeran a las ayudas por desempleo. Los supuestos trabajadores habían pagado unos 300 euros por ese fraude. Hay 22 personas detenidas en Albacete; 11 en Hellín (Albacete); 7 en Vera (Almería); otros 3 en Calasparra (Murcia); 1 en Cieza (Murcia); 2 en la localidad de Alcantarilla (Murcia); 1 en Totana (Murcia); 3 en Béas de Segura (Jaén); 3 en Linares (Jaén); 6 en Novelda (Alicante), y 5 en Elche (Alicante). A todos ellos se les imputan delitos de defraudación tributaria y falsedad.

Una empresa con 81 trabajadores y sin actividad
La investigación de los agentes destapó que en los últimos cinco años la citada empresa había contratado a 81 personas, algunas de ellas residían a más de 300 km. del supuesto centro de trabajo. La mayoría de estos contratos laborales habían generado a sus titulares el derecho a percibir las prestaciones de subsidio por desempleo. Paralelamente, los investigadores comprobaron que la empresa no había tramitado en ese tiempo ninguna licencia de obra mayor o menor, u otra prestación de servicios.

Los falsos trabajadores eran contratados para diversos servicios, las mujeres principalmente como personal de limpieza de oficinas, hoteles o camareras de pisos, y los hombres en oficios como peones de la construcción de edificios o trabajadores en hormigón armado, encofradores, ferrallistas y asimilados.

Otra prueba de la falsedad empresarial construida por el principal arrestado lo constituía la sede de la supuesta empresa que carecía de herramienta o útiles indispensables para la actividad de la misma. El objeto social de la sociedad era la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, compraventa o el arrendamiento de bienes inmuebles, figurando entre sus órganos de administración; una actividad para la que se requiere una abundante y específica maquinaria y herramientas que no existía en el registrado como centro de trabajo: el domicilio del único administrador y principal arrestado, situado en el barrio de Las Seiscientas viviendas de Albacete.

La operación ha sido realizada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Albacete, con el apoyo de la Comisaría Provincial de Hellín y la colaboración de las Comisarías de Alcira (Valencia), Mislata (Valencia) Orihuela (Alicante), la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Ciudad Real, Sevilla, Málaga, Madrid y Palma de Mallorca.

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