Contratar un cuidador sin contrato puede salir caro: hasta 10.000 euros de multa y más riesgos

NOTICIA de Javi Navarro

¿Buscas un cuidador para un familiar que necesita atención y ayuda en el día a día? Contratar cuidadores sin contrato conlleva sanciones de hasta 10.000 euros, además de riesgos para la persona atendida. La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) advierte de los peligros legales y de seguridad que supone contratar cuidadores de personas mayores o dependientes sin regularizar su situación laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social recuerda que tener a un empleado sin contrato o sin alta en la Seguridad Social puede acarrear multas que oscilan entre los 626 y los 10.000 euros, además de posibles indemnizaciones en caso de accidente, tal y como sucede con las empleadas de hogar para tareas domésticas sin contrato.

Las familias que contratan cuidadores sin cumplir con la normativa laboral se exponen a sanciones económicas significativas. Además, si el cuidador sufre un accidente laboral, la responsabilidad recae directamente sobre la familia, lo que puede derivar en reclamaciones judiciales y el pago de indemnizaciones elevadas.

Riesgos de contratar cuidadores no profesionales

Más allá de las consecuencias legales, la falta de formación y experiencia de un cuidador sin contrato puede comprometer la seguridad de la persona atendida. Un profesional sin conocimientos en movilización, primeros auxilios o asistencia en enfermedades como el Alzheimer puede aumentar el riesgo de caídas, errores en la administración de medicación o deficiencias en la atención diaria.

Para evitar estos problemas, AESPD recomienda contratar cuidadores formados a través de empresas especializadas. Estas garantizan que los profesionales cuentan con la formación y experiencia necesarias, además de gestionar su contratación conforme a la legislación vigente. También ofrecen cobertura legal, seguro de responsabilidad civil y aseguran la continuidad del servicio, evitando complicaciones a las familias.

“Es fundamental que las familias comprendan los riesgos de la contratación irregular y opten por servicios profesionales y regularizados. Solo así se garantiza una atención de calidad y se evitan problemas legales y económicos”, señala Ana Garrido, presidenta de AESPD.

Ayudas económicas

Desde AESPD reconocen que el coste de una contratación regularizada puede suponer una dificultad para muchas familias. Por ello, la asociación solicita al Gobierno medidas de apoyo económico que faciliten la contratación de cuidadores bajo un marco legal, garantizando tanto la seguridad de las familias como los derechos laborales de los trabajadores.

En países como Francia, los incentivos fiscales a la contratación han permitido regularizar a casi un millón de empleados en el sector. En España, sin embargo, las personas dadas de alta en el servicio del hogar familiar apenas alcanzan las 350.000. Implementar medidas similares podría mejorar la situación tanto para las familias como para los trabajadores del sector.

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