Cómo se dificulta la desocupación de un piso con la nueva Ley de Vivienda

Una de las novedades de la recién aprobada Ley de Vivienda introduce cambios en el proceso para desahuciar a los ocupas de las viviendas. Una normativa que ha suscitado gran polémica y que ha sido tachada por otros partidos y formaciones como “un chollo para los ocupas”.

¿Pero, cuáles son los cambios que se introducen en esta normativa? La abogada Cristina Hermosilla, de Le Morne Brabant, explica con detalle qué puntos de la norma cambian y cómo afecta en la práctica a los ocupas y propietarios, ya sean grandes tenedores o particulares. De forma paralela y a pesar de esta novedad, existen determinados casos en los que el propietario puede desahuciar a un inquilino por impago.

Qué ocupas pueden ser considerados vulnerables

Hermosilla explica cómo desde el Gobierno insisten en que es una norma que intenta proteger a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. ¿Pero, qué parámetros se valoran para que una persona tena esta condición de vulnerable?

Lo que determina si una persona que ha ocupado una vivienda se encuentra en esta situación es el nivel de ingresos que tiene. Según la nueva ley de Vivienda y, tal y como explica Hermosilla, tienen consideración de personas vulnerables a quienes los gastos por vivienda les suponga una inversión de más del 30 % de sus ingresos. Y siempre y cuando los ingresos que reciba no sean superiores a 3 veces el IPREM.

Una vez aclarado este concepto, Hermosilla detalla que esta nueva norma “no se centra en lo que se viene considerando ocupación tradicional, un fenómeno asociado a grupos juveniles antisistema”. Por el contrario, según especifica la abogada, “se centra aquí en quienes, por distintos motivos, no pueden pagar su alquiler, a quienes ya se les denomina inquiocupas“, concluye.

Qué cambia en el proceso de desalojo de un ocupa

La gran polémica acerca de la norma llega porque se ha producido la modificación del artículo 44 de la ley de enjuiciamiento. En concreto, tras este cambio y con la entrada en vigor de la nueva normativa de vivienda, el procedimiento para desalojar a una persona es el siguiente, según explica Hermosilla:

Para empezar, “son los dueños de la vivienda los que tienen que demostrar, para poder presentar una demanda de desalojo, que la vivienda que tienen en propiedad es la residencia habitual del ocupa“, aclara. Además, otro de los aspectos que cambia con la nueva norma está relacionado con el hecho de si el propietario del inmueble es un gran tenedor o un particular.

En concreto, en el caso de que el propietario de la vivienda sea un banco o fondo buitre, “se verán obligados a participar en las políticas de subvenciones en materia de vivienda, así como someterse a un procedimiento precio de conciliación o arbitraje”, concluye. Además, deberán ponerse en práctica los sistemas que determinen los juzgados para evitar el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad, informa.

Es una medida, según explica Hermosilla, “controvertida e inusual en el sentido de que es el propietario quien tendrá que acreditar la situación social y económica del ocupa“, aclara.

Otras de las novedades pasan porque se establece como obligatorio que se detalle el día y hora del desahucio.

Cómo un ocupa puede acreditar que es vulnerable

En el momento de notificar la demanda para un desahucio, “el ocupa puede acudir a las administraciones públicas autonómicas y locales para que se emita el informe de situación de vulnerabilidad“, indica. Y serán, además, informados acerca de las ayudas y subvenciones para solventar la situación. Llegados al final del proceso y, en el caso tratarse de un gran tenedor, el plazo para decidir si se realiza o no el desahucio podría alargarse cuatro meses. Si la vivienda es de particulares, dos meses.

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