Calpe, Calvià y Chiclana, donde más se ha destruido la costa

Greenpeace acaba de presentar el informe ‘Destrucción a Toda Costa 2013’ en el que se señalan las ciudades españolas donde más se ha destruido la costa durante los años de la burbuja inmobiliaria. Antes de 2005 se destruían dos hectáreas diarias de terreno costero en los primeros 500 metros de costa. La Comunidad Valenciana, Islas Baleares e Islas Canarias son las comunidades autónomas que han destruido su costa más rápido durante 18 años y las provincias con la costa más urbanizada son Málaga, Alicante, Barcelona y Valencia.

“Los datos de nuestro informe muestran una costa inundada de ladrillo. Sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro. Ahora, los alcaldes y alcaldesas tienen en su mano la protección del litoral y el desarrollo económico sostenible de sus municipios”, ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace.

Los 25 municipios donde más se ha destruido la costa española

Greenpeace ha identificado los 25 municipios peores del Estado (1) a partir de distintas variables analizadas. Entre ellas, la mayor superficie absoluta artificial, la mayor superficie artificial en la franja de los primeros 500 metros respecto a la total del municipio, los municipios que más rápido han crecido y los que antes dejarían de tener suelo natural.

• Calp (Alicante)
• Calvià (Mallorca)
• Chiclana de la Frontera (Cádiz)
• Cubelles (Barcelona)
• Cullera (Valencia)
• Los Alcázares (Región de Murcia)
• Marbella (Málaga)
• Mogán (Gran Canaria)
• Oliva (Valencia)
• Orpesa (Castellón)
• Pilar de la Horadada (Alicante)
• Puerto del Rosario (Fuerteventura)
• Rota (Cádiz)
• Sagunt (Valencia)
• San Roque (Cádiz)
• Sant Lluís (Menorca)
• Sanxenxo (Pontevedra)
• San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
• Sant Josep de sa Talaia (Ibiza)
• Telde (Gran Canaria)
• Torredembarra (Tarragona)
• Torrevieja (Alicante)
• Vera (Almería)
• Vinaròs (Castellón)
• Zierbena (Bizkaia)

De estos 25, Greenpeace ha destacado los diez peores. El “Top 10” de la destrucción son, por orden alfabético: Calp (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).

Desprotección por provincias y CCAA

Para entender la magnitud de la destrucción basta con señalar que la franja de los primeros 500 metros de costa representa tan solo 0,55 % de la superficie de suelo del Estado. Con los datos del informe se denuncia que la tasa de destrucción de suelo natural en tan solo la franja de los primeros 500 metros de costas, entre 1987 y 2005, fue de dos hectáreas diarias. La Comunidad Valenciana tiene un 51 % de la franja costera ocupada, seguida de Cataluña con el 44 % y Andalucía (36 %). Por otro lado, la que porcentualmente ocupa menos su costa es Asturias (9 %), seguida de Cantabria (14 %) y Euskadi (15 %).

De entre las provincias que con más rapidez han destruido suelo costero durante los años de burbuja inmobiliaria han sido Castellón (un 74 % de destrucción costera en 18 años), Valencia (71 %) y Almería (39 %). A escala municipal Alboraia (Valencia), Alcalà de Xivert (Castellón), El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), Borriana (Castellón) y Casares (Málaga) serían los cinco municipios de España que más rápido han destruido su patrimonio natural. Por otro lado, si añadimos el valor del porcentaje de superficie construida: Marbella (Málaga) con el 90 % de su costa urbanizada, Mijas (Málaga) con el 91 %, Fuengirola (Málaga) con el 95 % o Finestrat (Alicante) con el 100 %, serían por tamaño de municipios los que más suelo artificial tienen en los primeros 500 metros.

La costa más protegida

Greenpeace señala positivamente municipios como Ispaster (Bizkaia), Caravia (Asturias), Albuñol (Granada) o Fuencaliente (La Palma) con apenas un 3,2 % de ocupación en la franja de los 500 metros y que se encuentran entre los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa. Frente a aquellos municipios que han destruido el litoral, otros han optado por proteger una parte importante de su costa. Níjar (Almería), Almonte (Huelva), Cadaqués (Girona), Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y Tarifa (Cádiz) son los cinco municipios con más porcentaje de suelo protegido. Sin embargo, muchos municipios, como Níjar o Tarifa, ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos.

Cambio climático
La construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa aumenta exponencialmente el riesgo por efecto del cambio climático y mayor exposición a inundaciones o a torrentes. La conservación del estado natural de la franja de los primeros 500 metros es esencial, puesto que actúa como barrera de protección. Municipios con especial riesgo de inundación como Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo (Málaga), Empuriabrava (Girona) o Marina de Port d?Aro (Girona) han quedado amnistiados y fuera de protección ante estos factores gracias a la nueva Ley de Costas.

Previsiones para 2030

Aunque muchos municipios ya tienen urbanizado más del 90 % de su costa, otros todavía disponen de buena parte sin urbanizar. La nueva Ley de Costas permite que se reduzca la protección de 100 a 20 metros en determinados tramos, lo que significa que si se sigue construyendo en estas zonas, la costa mediterránea sufrirá un colapso total en 124 años. En este periodo de tiempo, la franja de los primeros 500 metros estaría construida y en 158 años la del primer kilómetro.

“A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial. Además, con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes. Ya lo hemos visto con la nueva Ley de Costas”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas.

La nueva Ley de Costas, lejos de fortalecer la protección del litoral, permite nuevas formas de explotación. La costa, que en la anterior ley se contemplaba como un recurso natural finito, se transforma en este nuevo texto en una superficie de desarrollo económico. Sin embargo, todavía existe una oportunidad si se empiezan a tomar medidas municipio por municipio.

Greenpeace propone las siguientes medidas: los municipios deben declararse insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas y la UE debe parar esta nueva Ley; los planes urbanísticos municipales deben ser revisados para no permitir más construcciones; los parques naturales deben ser respetados; no de debe construir en zonas de riesgo por cambio climático y además se debe promover una fiscalidad verde para favorecer a los municipios mejor conservados. La participación ambiental debe ser fundamental en todos estos procesos.

La nueva Ley de Costas protege las playas de los excesos urbanísticos y no amnistía las anteriores construcciones ilegales

Acaba de ser aprobado en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, por lo que el nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica. Así, se modifica la anterior Ley de Costas de 1988 para garantizar la protección y conservación y clarificar el alcance del dominio público marítimo terrestre, así como los deslindes, concesiones y usos de las costas. Esta nueva norma beneficia a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988. El nuevo texto normativo protegerá mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generará confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral, además de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas.

Igualmente, resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, de treinta años desde la ley de 1988, es decir, en 2018 con la consiguiente pérdida de los derechos de sus titulares. Así, el Gobierno pretende acabar con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas y que ha permitido la proliferación de diversas ocupaciones irregulares.

Principales modificaciones

Se define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre y se aplicarán criterios estrictamente técnicos para deslindar la costa con la consiguiente seguridad jurídica para propietarios, concesionarios y usuarios.

La reforma introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para éstas últimas se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.

Con el fin de reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los Tribunales. Con ello se podrá evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

Otra medida esencial para la protección del litoral es que se impiden nuevas edificaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.

Para conseguir una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos. Para ello, los bienes del dominio público marítimoterrestre se deben inscribir en el Registro de la Propiedad y, además, la información sobre los deslindes se tendrá desde que se inicie un nuevo deslinde. Por último todos los ciudadanos accederán vía Internet a los deslindes.

Plazo máximo de concesiones hasta 75 años

Con objeto de facilitar la viabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas, se amplían los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el dominio público marítimoterrestre.

Con ello, se proporciona a dichas actividades un horizonte amplio de actividad e inversión, a la vez que se fomenta una mayor corresponsabilización de los concesionarios hacia la conservación de este dominio. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de reforma por un plazo máximo de 75 años.

No obstante, no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga.

Apoyo de la Comisión Europea
La Comisión Europea, una vez conocido este nuevo texto, ha valorado muy positivamente su contenido, porque considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español.

La reforma tiene el objetivo primordial de proteger mejor nuestro litoral frente a excesos urbanísticos y beneficiar a quienes se encontraban legítimamente en la costa; pero no es una amnistía de situaciones ilegales, porque hay diez mil viviendas en dominio público marítimo terrestre, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. Además, sólo en 2018 expiran unas 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

La nueva Ley generará confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica. Existen unas veintitrés mil ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. De ellas, más de 1.700 son ocupaciones industriales y más de 3.000 son “chiringuitos”: unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos. Como ejemplo de la dimensión del empleo relacionado con este sector, se estima que sólo en Andalucía suponen más de cuarenta mil empleos.

La nueva Ley de Costas no demolerá las construcciones que se hicieron antes de 1988

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la nueva Ley de Costas “no modifica la delimitación del dominio público marítimo terrestre ni la zona de servidumbre, evitando que se produzcan nuevas construcciones en el litoral español”. También ha precisado que con esta ley “no se va a demoler aquellas construcciones que se hicieron antes de 1988, al amparo de una legislación que permitía a su titulares ser plenos propietarios de las mismas”.

Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, a la salida del debate sobre la reforma de la Ley de Costas, que hoy se aprobará en la Cámara Baja. Según ha detallado el ministro, se trata de “una ley que compatibiliza todos los usos medioambientales, económicos y sociales con equilibrio”. Por lo tanto, Arias Cañete ha pedido a aquellos que la critican que lean el texto en su integridad, puesto que con ella se aumenta la protección del litoral.

En este sentido, Arias Cañete ha asegurado que la nueva ley “proporciona instrumentos más potentes para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988, con ejemplos tan claros como el del Algarrobico”. Por lo tanto, ha recalcado, “el Estado va a tener medios para paralizar cualquier actuación que vulnere nuestro litoral”.

Además, la ley va a resolver “situaciones absolutamente anómalas”, como las que se dan en la Isla de Formentera, que por sus características geomorfológicas necesitaba un tratamiento diferenciado. También da un tratamiento distinto a doce núcleos de población que están muy antropizados.

Protección del litoral

En todo caso, Arias Cañete ha afirmado que el objetivo fundamental de esta ley es proteger el litoral, con deslindes claros que se van a figurar en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se van a incorporar al registro de la propiedad, de tal manera que los que quieran invertir en el litoral español puedan tener seguridad jurídica, y manteniendo siempre las mismas distancias de protección.

A este respecto, Arias Cañete ha subrayado que esta ley, desde la protección del litoral, da seguridad jurídica y compatibiliza determinados usos con ciertas restricciones para que no se tengan que demoler industrias. Arias Cañete ha apuntado que, “si no se publicara esta ley, más de 1.300 industrias, ubicadas en el litoral español antes de 1988, tendrían que desaparecer, así como más de 12.000 viviendas”. En definitiva, “la ley da seguridad jurídica y protege el litoral”.

Privatizar la costa

Arias Cañete también ha rechazado las acusaciones de que la ley pretende privatizar la costa, porque la norma no modifica la línea de deslinde del dominio público marítimo terrestre, ni tampoco la línea de servidumbre, “y no va a haber nuevas construcciones ni, por su puesto, privatización del litoral”, ha reiterado.

No obstante, Arias Cañete ha aclarado que en determinadas zonas muy específicas de núcleos urbanos, que ya existían antes de 1988 y que tenían prácticamente la totalidad de los servicios, la zona de servidumbre se computa en 20 metros, pero no se permite ninguna nueva edificación.

Por lo tanto, el ministro ha asegurado que la nueva norma aumenta la protección del litoral al mismo tiempo que otorga seguridad jurídica a los propietarios que, con buena fe, adquirieron propiedades antes de 1988 y que, según la ley pasada, tendrían que derribarlas en 2018. Así, “el sentido común aconsejaba establecer un mecanismo para garantizar a esos propietarios una concesión administrativa para que pudieran mantener su titulo concesional”.

Finalmente, Arias Cañete ha criticado la actitud del grupo de activistas que ha intentado desplegar una pancarta en la fachada del Congreso de los Diputados, “ya que se trata de una actividad ilegal, y las leyes se defienden con métodos legales, en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos pueden expresar sus posiciones”.

En opinión del ministro, serán los jueces los que tomen las decisiones sobre este acto ilegal, pero en una democracia “no es necesario vulnerar la ley para defender con argumentos las posiciones de cada cual”.

Greenpeace acusa a la Junta de Andalucía de querer legalizar el Hotel de El Algarrobico

Los activistas pasan la primera noche en la “delegación temporal” de Greenpeace en el hotel ilegal. Tras pasar la noche en el hotel ilegal de El Algarrobico, Greenpeace ha analizado las respuestas a sus reivindicaciones ofrecidas tanto por el Ministerio de Medio Ambiente como por la Junta de Andalucía, y ha lamentado que se tratara de mensajes vacíos de contenido.

“Da la sensación de que la Junta de Andalucía quiere legalizar el hotel: para lograr la demolición solo tiene que retirarse inmediatamente de los pleitos donde defiende su legalidad a pesar de estar asentado en un Parque Natural”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. “No tiene ninguna lógica que ayer el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Diaz Trillo, declarase que el hotel es “inviable e insostenible” pero a su vez la Junta siga defendiendo en el TSJA, junto al Ayuntamiento de Carboneras, que el terreno es urbanizable y que la zona de servidumbre de protección es de tan solo 50 metros”, ha añadido Marcos.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente coincidió ayer en la necesidad de demoler el hotel aunque sigue sin dar un paso en ese sentido y se escuda en que “es necesario dejar que la justicia siga su curso”. Por este motivo Greenpeace demanda a las administraciones implicadas en el pleito que declara ilegal la licencia de obras del hotel que pidan su ejecución inmediata y se pongan a trabajar de forma conjunta para demoler el hotel ilegal de El Algarrobico.

A lo largo de la mañana de hoy Greenpeace mantendrá una reunión con el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, en lo que será la primera vez que un regidor de municipio accede a reunirse con la organización ecologista.

Los activistas de Greenpeace, que ayer instalaron una oficina 100 % sostenible en el interior del hotel para pedir su demolición, continúan llevando a cabo diversas actividades como la decoración del hotel, para lo que cuentan con la colaboración del artista 3TTMan, que está elaborando un gran mural en una de las paredes del edificio.

Mañana tendrá lugar una concentración a las 20:00h al pie del hotel en la que participarán diferentes colectivos ecologistas y sociales. Mientras tanto, se siguen recogiendo firmas por toda España, ya son más de 15.000, para pedir que el terreno donde se ubica el hotel vuelva a pertenecer a todos los ciudadanos.

Las distintas formas de delincuencia urbanística

La idea de que urbanismo y corrupción van de la mano está extendida no sólo entre quienes estudian la materia, sino también entre toda la ciudadanía. Laura Pozuelo Pérez, del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aborda las diferentes formas de delincuencia que se pueden cometer en relación con el urbanismo y la ordenación del territorio, dentro de su investigación La respuesta penal a la delincuencia urbanística.

En primer lugar, la investigadora analiza los llamados ‘delitos urbanísticos’.

Éstos sancionan, por un lado, las construcciones en suelos de especial protección por parte de promotores, constructores y técnicos directores. Por otro, la prevaricación urbanística, cometida por la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informe favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, o bien resuelva o vote a favor de dicha licencia, ya sea por sí mismo o como miembro de un órgano colegiado.

Delitos más graves
En segundo lugar, Pozuelo ha estudiado las formas de delincuencia urbanística más graves. El delito de prevaricación administrativa en relación con la aprobación de planes urbanísticos contrarios a los intereses generales, y el delito de cohecho en relación con esta misma conducta, con la concesión de licencias urbanísticas ilegales y con el hecho de no ordenar la demolición de las construcciones ilegales o de no cumplir la orden de demolición cuando ésta sí existe. Respecto a estas formas delictivas, se han analizado los problemas que presentan en la práctica jurídica, y la investigadora aportan soluciones a las cuestiones a las que han de enfrentarse los aplicadores de la ley.

En relación con la problemática de la demolición (en realidad, de la no demolición) la experta ha estudiado la particular situación en España y, en especial, los procesos que conducen a no demoler las construcciones ilegales. “Esto plantea graves consecuencias, puesto que de este modo no sólo se consolida la situación de ilegalidad, sino que, además, se fomenta la realización de infracciones urbanísticas”. Un ejemplo es la construcción del hotel El Algarrobico (en imagen), denunciado continuamente por grupos ecologistas.

En este ámbito se propone la utilización de alternativas penales infrautilizadas, como son, por un lado, la aplicación del delito de desobediencia de las órdenes de demolición, y por otro, y cuando ya no es posible la demolición, acudir a la institución del comiso de las ganancias ilegales obtenidas con la construcción ilegal.

Noticias » Ocio - Tecnología » Viajes » Calpe, Calvià y Chiclana, donde más se ha destruido la costa