9.617 euros al año es lo que paga cada habitante por el coste de la Administración Pública española
La Administración Pública cuesta 9.617 € al año por habitante, un 6,5 % menos que en 2009 cuando el coste se situó en 10.282 €. A los vascos (12.235 €), navarros (11.748 €), catalanes (10.642 €), aragoneses (10.636 €) y riojanos (10.137) les cuesta más mantener su aparato local, autonómico y central que al resto de ciudadanos. En el lado opuesto, asturianos con 9.611 €, gallegos con 9.435 €, andaluces con 9.290 €, murcianos con 8.553 € y ciudadanos de la comunidad valenciana con 8.455 €. El coste de administración pública para estas dos ultimas comunidades es en un 11,6 % inferior a la media nacional y un 30,5 % inferior al País Vasco.
La distribución del coste de la administración pública por habitante ha cambiado en el último año. En 2009, sólo seis comunidades tenían un gasto por habitante inferior a 10.000 € y en este curso son doce las comunidades autónomas que no rebasan esta cifra. A los vascos en 2010, les cuesta su administración pública un 12,2 % menos que el año anterior y a los navarros un 8,8 % menos. Esta reducción es mínima en el caso de los carios con un 1,7 % menos y los habitantes de Castilla-La Mancha un 1,6 %.
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La Investigación también estima que el coste de la administración pública en función de la población ocupada, en 2010 es de 24.374 €, es decir, 1,5 veces superior al gasto por habitante (9.617 €). Por comunidades, las diferencias en el gasto público por ocupado entre los extremos de la tabla son significativas. Por ejemplo, el gasto del conjunto de administraciones públicas por ocupado en el País Vasco es 52,8 % superior al de la administración murciana.
Estructura de los presupuestos
El Informe también ha analizado que el 11,9 % de los Presupuestos Generales del Estado se destinan a la retribución del personal, 0,7 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. En el caso de la administración central, el 47,7 % del gasto en personal se destina al pago de salarios de los funcionarios, esto es 12.817.048.000 €, seiscientos millones de euros más que en 2008, aunque 0,7 puntos porcentuales menos sobre el total de esta partida. En el caso de la administración autonómica, tres de cada diez euros del presupuesto se destinan al pago de la plantilla, más del doble de lo que representan estos gastos a nivel central.
El 30,5 % de los gastos de las comunidades se destinan al pago del personal. Canarias con un 38 %, Comunidad Valenciana con un 37,8 % y Aragón con un 36 % son las que mayor porcentaje de su presupuesto al pago de personal. País Vasco, Murcia y Cataluña, las que menos.
El 12,5 % del gasto público se destina a la inversión en bienes de carácter económico (agricultura, industria, turismo, transporte o I+D+i) y el 2,7 % a bienes sociales como pensiones, desempleo, seguridad social entre otras. El gasto en personal y los bienes de carácter social poseen más importancia económica en la administración autonómica y local que en la central. De hecho, en las Comunidades, los bienes de carácter social (55,8 %) poseen mayor peso en el presupuesto que los de carácter económico (17,8 %).
Sólo tres países en la UE cumplen el déficit
El Informe también analiza los planes de austeridad europeos. Actualmente, 24 de los 27 Estados miembros de la UE exceden el criterio de déficit presupuestario. Solo cumplen Bulgaria, Estonia y Suecia, ninguno de la zona euro. En cuanto a la deuda pública, doce de los 16 países de la zona euro presentan niveles de deuda pública que representan más del 60 % de sus respectivos PIB. Se salvan Luxemburgo, Finlandia, Eslovaquia y Eslovenia.
Para hacer frente a esta situación, casi todos los gobiernos han presentado un plan de control presupuestario que contempla una subida de impuestos. Por otro lado, de los 24 países que han presentado y tienen en marcha planes de ahorro y austeridad, aproximadamente el 80 % (19) han planificado recortes significativos en sus gastos públicos. De ellos, 14 (74 %) incluyen, como parte de esos recortes, reducciones salariales o incluso reducciones de plantilla entre los trabajadores de la administración pública.
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